La Fiscalía archiva la investigación del pendrive que Leire Díez entregó al PSOE
Tras el estudio del contenido del dispositivo, llevado a cabo por la UCO para determinar si los datos incluían o no indicios de delito, el Ministerio Público ha concluido que no hay nada que deba ser judicializado
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado sin consecuencia alguna las diligencias de investigación abiertas hace meses para analizar el contenido del USB que la exmilitante socialista Leire Díez entregó el pasado junio al PSOE y que el partido derivó a la Fiscalía General del Estado. Tras el estudio del contenido de dicho dispositivo, llevado a cabo por la UCO para determinar si los datos incluían o no indicios de delito, el Ministerio Público ha concluido que no hay nada que deba ser judicializado.
Las diligencias se conducían con carácter reservado y estaban en manos de la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez y el fiscal jefe Jesús Alonso. La decisión se produce después de que Díez haya visto multiplicados sus frentes judiciales. Además de la causa abierta en los Juzgados de Madrid por los audios en los que se le escucha ofrecer supuestos favores de la Fiscalía a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO, la propia Audiencia Nacional la investiga por amañar contratos en colaboración con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
El pendrive recogía la información que la conocida como fontanera del PSOE fue recopilando en los últimos años y que ofreció a la formación para que hiciera uso de los archivos, más de un centenar, que conservaba. Después de que este diario publicara los audios en los que trataba que un empresario imputado le ofreciera datos negativos sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, solicitó la baja voluntaria como militante del partido socialista y entregó el pendrive al exsecretario de Organización Santos Cerdán, con el que siempre estuvo relacionada.
Desde el partido del Gobierno se pidió a la Fiscalía que analizara los audios e informes que fue acaparando Díez, muchos de ellos procedentes de grabaciones efectuadas en origen por el excomisario Villarejo. Ninguno merece una judicialización, como ha adelantado El País. La conclusión es que todo el material supuestamente novedoso consta ya en distintos procedimientos. En su momento, el PSOE pidió una investigación para que se conociera "la verdad". "Que haya luz y taquígrafos y que sigamos avanzando en este país", aseguró la portavoz Esther Peña.
Datos "comprometedores"
El pendrive también albergaba carpetas con informaciones de distintos medios de comunicación sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón. Leire Díez arrancó una búsqueda activa de datos negativos sobre el fiscal jefe y lo hizo con dos de los fiscales que han trabajado bajo su mando y a los que la trama trató de extorsionar. Ambos -José Grinda e Ignacio Stampa- denunciaron lo sucedido. A ambos se les pidió que hablaran sobre el máximo responsable de Anticorrupción.
Los contactos se produjeron entre marzo y mayo, unos meses después de que el Tribunal Supremo arrancara de forma efectiva la investigación sobre José Luis Ábalos, a cargo precisamente de Luzón. Aquello fue un anticipo de lo que acabó sucediendo después. El análisis de grabaciones que Koldo García efectuó en secreto durante años arrojó pruebas sobre la participación de Cerdán en una red destinada a lucrarse con comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública y provocó el encarcelamiento del tres del PSOE, previa petición al juez de Luzón.
Entonces, igual que ahora, la sombra de Santos Cerdán es una constante en las actividades de Leire. Javier Pérez Dolset, colaborador confeso de Díez, reconoció, por ejemplo, a El Confidencial que "Pedro Sánchez" y "Santos Cerdán" conocían y lideraban la operación para conseguir información comprometedora.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado sin consecuencia alguna las diligencias de investigación abiertas hace meses para analizar el contenido del USB que la exmilitante socialista Leire Díez entregó el pasado junio al PSOE y que el partido derivó a la Fiscalía General del Estado. Tras el estudio del contenido de dicho dispositivo, llevado a cabo por la UCO para determinar si los datos incluían o no indicios de delito, el Ministerio Público ha concluido que no hay nada que deba ser judicializado.