El presidente de Forestalia se empadronó en el piso de un "testaferro" de la trama

La Guardia Civil practicó el pasado 3 de marzo un total de 12 registros y seis detenciones en el marco de la investigación contra la presunta trama corrupta de licencias para proyectos eólicos y de placas solares de la empresa Forestalia. Entre los detenidos destacaba el presidente del gigante de las renovables, Fernando Samper, y un ex alto cargo del Ministerio de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez.

En un nuevo informe remitido al Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Teruel, al que ha tenido acceso El Confidencial, se desvelan algunos detalles de las entradas y registros efectuados por los agentes de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA). Uno de los hitos señalados por los investigadores en su escrito es que el presidente de Forestalia está empadronado en un inmueble registrado a nombre de uno de los presuntos "testaferros" de la trama.

Según la Guardia Civil, Samper aparece desde el año 2025 empadronado en un piso propiedad de Roberto Pérez, investigado por la creación de una red de empresas para supuestamente ocultar fondos ilícitos. No obstante, los agentes se encontraron con que quien ocupaba realmente dicho inmueble era uno de sus hermanos.

Los investigadores consideran sospechoso el hecho de que el presidente de la empresa de renovables se cambiara el padrón, puesto que no se tenía constancia de que realmente haya dejado su domicilio habitual en Zaragoza. "Es evidente que debe existir una relación de confianza que sobrepase los límites laborales entre Roberto Pérez Águeda y Fernando Samper para permitir que este se empadrone en una vivienda de su propiedad sin que parezca que resida ahí de forma habitual", reza el informe.

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En la misma urbanización, la Guardia Civil practicó la entrada y registro de otra vivienda correspondiente a otra de las mercantiles bajo sospecha. Sin embargo, los agentes encontraron en su interior a un inquilino que aseguró llevar arrendando dicho domicilio desde hacía ya 3 años. El piso estaba a nombre de la empresa Fundasoft S.L., cuyo administrador es Roberto Pérez.

Pago de 5,2 millones

La UCOMA sostiene que este y su hermano, Eduardo Pérez, actuaban como "testaferros profesionales" que prestaban su identidad para "desvincular formalmente al presidente de Forestalia de los pagos" a altos cargos de la Administración. Los investigadores señalan al exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica por coordinarse con figuras externas —en este caso los hermanos Pérez— "para triangular la propiedad de las sociedades y ocultar a los beneficiarios finales".

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Mediante un complejo entramado de empresas, Forestalia inflaba el valor de distintas sociedades pantalla que controlaba en la sombra para pagar a varios ex altos cargos. Este fue el caso de Eugenio Domínguez, investigado por el cobro de un presunto soborno de 5,2 millones de euros. El Instituto Armado localizó una transacción por la que la mercantil Cemsal S.L. (propiedad de uno de los hermanos Pérez) concedía un préstamo por dicho valor en favor de Babieca Investment SL, empresa a su vez controlada por otras dos sociedades de las que el responsable de Medio Ambiente y su mejor tenían participaciones.

El que fuera funcionario en el Ministerio de Teresa Ribera declaró el pasado 3 de marzo ante la Guardia Civil que la persona que ordenó y coordinó la creación de empresas con las que se les vincula a él y a su mujer fue Roberto Pérez. Según su testimonio, decidió entrar en el negocio de las renovables tras salir de la Administración y conocer a Antxón Alonso, señalado por la UCO por su estrecha relación con Santos Cerdán.

Eugenio Domínguez identificó al dueño de Servinabar 2000 S.L., empresa investigada en el conocido como 'caso Koldo', como uno de sus enlaces con la red de Forestalia. El técnico señaló al socio de Cerdán como una de las personas a las que le presentaron para "mantener conversaciones" sobre posibles proyectos relacionados con energías renovables.

"Carrusel societario" para triangular activos ​​

Tras acudir a diversas entrevistas con este, Domínguez pudo reunirse con Roberto Pérez, administrador o gestor de varias sociedades del entramado energético vinculado a Forestalia. Este se presentó como "especialista en empresas que se dedican a la explotación de energía eólica", lo que parecía ser una buena oportunidad de inversión. Fue entonces cuando se concretó una reunión en la que el empresario les mostró "un esbozo" de cómo se iba a crear la estructura societaria para desarrollar dichos proyectos.

Según la UCOMA, la organización se coordinaba con intermediarios externos que actuaban como nexo entre el Grupo Forestalia y los funcionarios. Esta red permitía un "carrusel societario" para triangular activos y ocultar a los beneficiarios finales.

A cambio, Domínguez creó un sistema de tramitación paralelo para favorecer a Forestalia durante los años en los que estuvo en la Administración. El investigado se encargó de dirigir personalmente la tramitación de los expedientes en los que aparecía el gigante de las renovables como empresa interesada, llevando a cabo prácticas "extraordinarias" para evitar el control de otros funcionarios.

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Uno de los métodos empleados fue el nombramiento de personas que estaban bajo sus órdenes para la revisión de casi todos los expedientes del Grupo Forestalia. Una auténtica "guardia pretoriana" a su servicio, gracias a la cual pudo crear una "caja negra" en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez.