La quiebra del régimen castrista atrapa a 200 pymes españolas con 300 millones en deudas

La crisis en Cuba es una amenaza real para las compañías españolas que operan en el país. Empresarios con problemas para cobrar deudas han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que habilite mecanismos para evitar la quiebra y la pérdida de miles de puestos de trabajo. El régimen castrista debe más de 300 millones de euros a cerca de 200 empresas, de las que alrededor del 20% atraviesan graves dificultades económicas o han iniciado concursos de acreedores debido a los impagos.

Los afectados se han unido en una Platafoma de Empresas Afectadas por el Gobierno de Cuba, encardinada dentro de la patronal catalana Foment del Treball, que preside Josep Sánchez Llibre. Fuentes de empresarios afectados señalan a El Confidencial que las compañías pertenecen a muchos sectores industriales y suelen proveer productos básicos para la población: desde dentífrico hasta jabones, patés de alto valor nutritivo, componentes de desarrollo eléctrico... Una firma madrileña ha estado enviando componentes sanitarios para vacunas contra el dengue y otros virus y se quedó colgada con más de 800.000 euros.

Las últimas manifestaciones de Donald Trump contra la isla y el endurecimiento del bloqueo (agravado por el corte de suministro de petróleo venezolano y el control del tráfico marítimo) han provocado aún más incertidumbre sobre una deuda que, de por sí, ya era difícil de cobrar. En mitad de este caos, no obstante, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, avanzó este viernes que existen conversaciones con la Administración de Estados Unidos "para buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales".

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Los empresarios han pedido ayuda al Gobierno para que intermedie, pero hasta ahora se han encontrado con un frontón. “En Cuba, nos pagaban siempre con cartas de crédito emitidas por el Banco Internacional de Comercio (BICSA). Esas cartas son instrumentos de pago reconocidos internacionalmente y nos garantizaban el cobro a 360 días. Pero ahora ni siquiera atienden a los compromisos debido a la precaria situación de la economía cubana”, explican empresarios.

En un principio, algunas compañías comenzaron a entablar pleitos en la isla, pero salieron malparadas. Una reclamación judicial en regla les obliga a desembolsar entre 40.000 y 60.000 euros. Hubo empresas que ganaron en los tribunales, pero a la hora de dictar sentencia, la justicia añadía la coletilla de que los deudores cubanos estaban obligados a pagar, pero cuando pudiesen. "Esas reclamaciones resultaron infructuosas y una carga más para las empresas”, se quejan los afectados.

En algunos casos, se llegó al acuerdo de abonar la deuda en cómodos plazos: 1.000 euros mensuales que debería abonar el organismo correspondiente a las empresas proveedoras españolas durante 15 años. “Pero a la segunda mensualidad, se dejaron de pagar las mensualidades", se quejan los afectados. El banco receptor que tiene la gran mayoría de las operaciones vencidas es el Sabadell. Discretamente, el BBVA ha dejado de operar en la isla caribeña hace pocos meses y la entidad catalana es la única española con actividad, aunque en muy contadas ocasiones pueden intervenir Caixabank, Santander, Banca March y Havin Bank.

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A esos percances se les añade otro: las empresas declararon las facturaciones en sus contabilidades, por lo que pagaron el Impuesto de Sociedades en España como si en realidad hubieran cobrado. Al final, se quedaron sin el dinero de sus suministros o servicios, pero pagando al fisco como si Cuba les hubiera pagado a ellos. “Se lo hemos planteado al Gobierno, pero nos ha dicho que presentemos reclamaciones”, añaden estas fuentes.

Los empresarios españoles han intentado movilizar a la Administración pública. Con las autoridades españoles en La Habana, no consiguieron nada. También se reunieron con los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, de Comercio, de Economía y con la Oficina Económica de la Moncloa.

Propuestas al Gobierno

Hace pocos meses, propusieron al Gobierno varias líneas de ayudas. “Por un lado, que se eche mano de los Fondos de Conversión de Deuda (PCD) Cuba-España. Estos fondos fueron creados en 2016 y se pusieron en vigor el pasado verano con 375 millones de euros para proyectos. De esos fondos sólo se han gastado 2,4 millones correspondientes a cinco proyectos aprobados desde 2016: dos de biotecnología, uno químico, uno del sector agroalimentario y uno de turismo. Se podría aprovechar para ayudar a las empresas españolas que se han quedado pilladas en proyectos empresariales en la isla, porque ese dinero es para empresas que hagan inversiones en Cuba. Y, además, le va a ser más fácil cobrar al Estado español, de Estado a Estado, que a un grupo de empresarios, aunque seamos más de 200”, aducen.

La segunda propuesta era abrir una línea de créditos ICO para las empresas en dificultades por la crisis cubana, “con créditos a largo, porque las empresas están quebrando y hay miles de puestos de trabajo en juego”. Los empresarios han logrado que, a través de Junts per Catalunya (intermedió Foment del Treball), el tema se llevase a las Cortes. Junts presentó a finales de febrero una moción en la Comisión de Economía, Comercio y Empresa para “aplicar medidas que ayuden a las empresas españolas que trabajan o comercian con Cuba a liquidar los importes pendientes por parte del Gobierno cubano y las empresas públicas cubanas”.

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En el texto se indica que en 2023 la deuda ascendía a 284 millones de euros, aunque en ellos no se cuentan las deudas de las empresas que han tenido que cerrar sus puertas. A esa cantidad deben añadirse 23 millones retenidos en territorio cubano y otros 40 millones en dividendos bloqueados en cuentas de sociedades extranjeras depositadas en entidades bancarias cubanas, sin posibilidad de transferencia al exterior. La iniciativa pide cuantificar exactamente la deuda hasta febrero de 2026 y “defender los intereses de las empresas afectadas por la deuda y que se las compense económicamente a fin de revertir su histórica inacción sobre el tema”.

La plataforma de empresarios afectados ha estado negociando las últimas semanas la presentación de una proposición no de ley (PNL) en el Congreso para estudiar el tema y posibles soluciones. Se trata, en definitiva, de clarificar la posición del Ejecutivo y definir su estrategia ante este problema. Representantes de la entidad se han entrevistado con dirigentes del PP, Junts, PNV y UPN con el fin de que apoyen la proposición. Según fuentes de la plataforma, las negociaciones van por buen camino y los partidos de la oposición se mostraron predispuestos a apoyar la PNL.

El 27,5% de las empresas afectadas son de Cataluña, el 19,7% son de Madrid y el 15%, del País Vasco, mientras que el 37,8% son del resto del país. De ellas, el 23% son únicamente fabricantes de productos, el 39% son fabricantes y distribuidoras a la vez y el 35% son distribuidoras. El 41% tienen la condición de microempresas, el 32% son pequeñas empresas, el 22% son medianas empresas y sólo el 1% son grandes empresas.