Los otros puntos desatendidos de Santander: El Sardinero, los bajos del Rhin o el Palacio de Cortiguera
Los vecinos y la oposición critican la falta de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad. Varios de los lugares denunciados son propiedad del Gobierno central, como el proyecto de El Bocal donde la semana pasada murieron seis jóvenes
El accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes y una séptima acabó herida en la UCI, ha puesto todos los focos sobre la ciudad de Santander. Una semana después de la tragedia, el Ayuntamiento, el Gobierno regional y el Ministerio de Transición Ecológica están entregando la documentación requerida a la jueza, quien dirimirá qué administración tenía la competencia sobre la pasarela. En la ciudad, los vecinos de distintos barrios lamentan lo ocurrido, pero señalan que el suceso no es sorprendente. "Está todo Santander abandonado. Se olvidan, se dejan las infraestructuras y se deterioran", incide Ana Gómez, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche. El Ayuntamiento, por su parte, ha comenzado a revisar y cerrar este miércoles algunas de las infraestructuras de la ciudad "por prudencia", según ha señalado la alcaldesa, Gema Igual (PP).
El centro histórico de la ciudad tiene varios espacios que, según los residentes, están totalmente dejados. Uno de ellos es el Palacio de Cortiguera, un inmueble de estilo mozárabe propiedad del Ministerio del Interior que "se está cayendo", según criticó la alcaldesa. La popular aseguró hace un año que el Gobierno central había llegado a un "acuerdo de intenciones, pero que estaba aún sin firmar" con el Ayuntamiento para cedérselo y que fuera el Gobierno local el que lo arreglara y pusiera en uso. Pero, en abril del año pasado, el Ejecutivo central decidió sacarlo a la venta. La alcaldesa fue rotunda: no iban a pujar por un inmueble que un tiempo antes les iban a "ceder gratuitamente". Al final, el edificio no se vendió. Y a día de hoy sigue cerrado y sin un plan a la vista.
Una situación similar vive el parque de La Remonta, un gran pulmón verde. El terreno y las edificaciones que hay en esta zona verde ubicada en el barrio de Campogiro son propiedad del Ministerio de Defensa. De las treinta hectáreas que abarca el parque, diez están abiertas, como parque municipal, para el uso de los vecinos desde hace unos ocho años. Pero es habitual ver a gente que se adentra en las zonas valladas, donde están los inmuebles que poco a poco se han llenado de grafitis y basura.
A finales de 2025, se sucedieron varios incendios y los residentes, agrupados en la Asociación de Vecinos San Joaquín, censuraron la inacción de las administraciones ante una situación "inadmisible" e insistieron en que la actuación de los responsables fue "inexistente" a pesar de las reiteradas llamadas de los vecinos. El Consistorio explica a El Confidencial que ha solicitado a Defensa la cesión de estos terrenos, sin éxito.
Ante la falta de comunicación entre las administraciones, Igual ha anunciado que el Consistorio trabaja en un documento que recoja informacion sobre todas las infraestructuras del Gobierno central y detalle su situación. "El Ayuntamiento de Santander no es responsable cuando ha habido incendios en La Remonta y, en este caso, también hemos remitido diferentes cartas al Gobierno de España por la situación", ha señalado la alcaldesa.
En el propio Ayuntamiento también hay zonas castigadas por el paso del tiempo. Una Inspección de Trabajo en 2021 instó al Gobierno local a cerrar los sótanos del edificio principal, que funcionaban como archivo municipal. Los boquetes, agujeros y las humedades en paredes y techos obligaron al Ayuntamiento a apuntalar los bajos. Después de cuatro años, este pasado diciembre, el Ayuntamiento aprobó las obras de refuerzo con un presupuesto de 318.000 euros. Pero, a día de hoy, los sindicatos no saben aún siquiera cuándo comenzarán los trabajos. "No estamos satisfechos con la adjudicación. Pedimos una intervención profunda y seria y tememos que no sea así", inciden los delegados de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Santander.
En el barrio de El Sardinero, la zona más exclusiva y turística de la capital cántabra, el sentimiento es el mismo. Allí los focos de inseguridad se concentran en el Estadio de El Sardinero y los bajos del Rhin. "En el campo del Racing, que es propiedad municipal, el principal problema es la cubierta. Hay filtraciones y llevamos por lo menos tres años pidiendo que lo arreglen. La situación es preocupante", incide Antonio Bello, portavoz de la Asociación de Vecinos de El Sardinero.
El Ayuntamiento y el club de fútbol firmaron un convenio en agosto de 2022 para que ambas partes se comprometieran a realizar una serie de obras hasta agosto de 2026. Según detalla el Racing, el club "ha cumplido ya con el 100% de sus obligaciones", pero el Consistorio tiene pendiente el arreglo de la cubierta y una solución arquitectónica que permita paliar la absoluta falta de accesibilidad.
Los bajos del Rhin, propiedad esta vez de la Demarcación de Costas del Ministerio de Transición Ecológica, pero cedidos a una empresa privada, son unas terrazas que se alzan sobre la propia playa. Actualmente y desde hace varios años, los bajos están también apuntalados y, tras varias multas de las tres administraciones públicas, la empresa concesionaria comenzó el pasado verano las obras. La asociación de vecinos alerta de que los pilares sobre los que se levantan están oxidados y, al encontrarse muy cerca del mar, empeoran cada día. "En las terrazas se ponía la gente a ver, por ejemplo, los fuegos artificiales y ya tuvieron que prohibirlo porque era peligroso", indica Bello.
"No hay un criterio ni un plan para la ciudad. El deterioro es muy fuerte y es evidente que Santander ya no es lo que era", critica Gómez. La portavoz asegura que tampoco le sorprendió la actuación de la policía local que recibió el aviso del 112 un día antes de la tragedia de El Bocal y lo ignoró. "Que una llamada no se atienda por parte de la policía es lo que nos pasa habitualmente. Llamamos para denunciar ruidos o botellones y se nos desoye. No nos atienden. Esta vez eso ha costado vidas", sostiene Gómez.
Desde los grupos de la oposición respaldan las quejas vecinales. "El debate sobre competencias no puede convertirse en una excusa permanente. Si algo está en Santander y lo utilizan los santanderinos, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de exigir soluciones, impulsarlas o liderarlas si es necesario", ha incidido el portavoz de Izquierda Unida, Keruin Martínez. También el Partido Regionalista Cántabro (PRC) se ha pronunciado en la misma línea: "Todo está abandonado. Por ejemplo, ahora han licitado una obra por casi un millón de euros para Duna Zaera y se debe a la falta de mantenimiento. La infraestructura es muy reciente, pero si no cuida, se avoca a una reforma como esta millonaria", critica Felipe Piña.
Desde el Ayuntamiento de Santander recuerdan las palabras de Gema Igual en la rueda de prensa del pasado viernes. "Los santanderinos piensan que todo el territorio de Santander es del Ayuntamiento, pero no es así", defendió la alcaldesa en alusión a la competencia para mantener las pasarelas de El Bocal. La propia Igual ha defendido este miércoles que "cada administración tiene sus responsabilidades" y ha zanjado: "¿Es que yo tengo que fiscalizar a Costas? No tengo por qué fiscalizar a Costas".
El accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes y una séptima acabó herida en la UCI, ha puesto todos los focos sobre la ciudad de Santander. Una semana después de la tragedia, el Ayuntamiento, el Gobierno regional y el Ministerio de Transición Ecológica están entregando la documentación requerida a la jueza, quien dirimirá qué administración tenía la competencia sobre la pasarela. En la ciudad, los vecinos de distintos barrios lamentan lo ocurrido, pero señalan que el suceso no es sorprendente. "Está todo Santander abandonado. Se olvidan, se dejan las infraestructuras y se deterioran", incide Ana Gómez, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche. El Ayuntamiento, por su parte, ha comenzado a revisar y cerrar este miércoles algunas de las infraestructuras de la ciudad "por prudencia", según ha señalado la alcaldesa, Gema Igual (PP).