Cuenta atrás para que Peinado decida si prorroga el caso Begoña más allá de su jubilación

El juez Juan Carlos Peinado tiene que decidir en cuestión de semanas si prorroga seis meses más su investigación del caso Begoña. El plazo actual le vence el próximo 16 de abril después de que ampliase por seis meses en octubre. La ley le permite ampliar otro medio año más y llevar el caso hasta octubre. En caso de alargarlo, no es obligatorio que agote el plazo hasta el final, pero el magistrado cumple su edad de jubilación obligatoria en septiembre al alcanzar los 72 años de edad.

Si alguna de las partes personadas lo pide y el juez lo acuerda, será la tercera vez que dicta una prórroga del plazo de investigación, algo previsto en la ley para las causas complejas. La causa investiga los presuntos delitos de corrupción entre particulares, apropiación indebida, intrusismo profesional, malversación y tráfico de influencias.

En su último aplazamiento, el juez Peinado justificó su decisión en que todavía faltaba por llegar documentación a su Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Fuentes jurídicas conocedoras de la marcha de las pesquisas indican a El Confidencial que faltan por llegar al menos dos informes relevantes para el caso. Uno de ellos tiene que ver con las actividades de la asistente de Begoña Gómez.

En los últimos meses, el juez ha derivado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para la elaboración de informes la documentación de varias empresas que colaboraron con la esposa del presidente del Gobierno y acreditan que su asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, tuvo una participación activa en sus negocios privados. Esto es lo que tiene que ver con el presunto delito de malversación.

Informes pendientes

Las mismas fuentes consultadas indican que también falta por recibir al menos otro informe de la UCO sobre el software, la herramienta informática que desarrollaron varias empresas para la cátedra universitaria de Begoña Gómez. El juez considera que la esposa de Pedro Sánchez se la quedó cuando era para la Universidad Complutense de Madrid y aprecia un presunto delito de apropiación indebida. El centro universitario cifra en 108.000 euros lo que le costó el software que presuntamente se quedó Begoña Gómez.

A lo largo de los últimos meses, la causa ha avanzado de manera irregular para el juez y ha sido reconducida por la Audiencia Provincial de Madrid, si bien le ha permitido mantener abierto el grueso de la causa. También le ha cerrado la vía a otras derivadas como la relación de la mujer de Sánchez con Air Europa. Siguen imputadas Begoña Gómez, su asistente, y el empresario Juan Carlos Barrabés, la persona que contó a su favor con dos cartas de apoyo de la esposa de Sánchez para concursar a adjudicaciones millonarias del Gobierno. Estos hechos se investigan en la Fiscalía Europea dado que los fondos eran de origen comunitario.

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La Audiencia Provincial de Madrid también consideró recientemente que los correos electrónicos intercambiados entre Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, "recogen información oficial" y requerirlos, como hizo el juez Juan Carlos Peinado, "no constituye una intromisión en la esfera privada".

Otro de los movimientos pendientes que debe realizar el juez es la respuesta a la resolución de la Audiencia de frenar la decisión de Peinado de que el caso acabe en un jurado popular. Los jueces madrileños destacaron la "falta de fundamentación" de la medida y dijeron que "algunas de las imputaciones exigen una mínima verificación".

Se abren, por tanto, varios escenarios. Uno es que el caso no se prorrogue y el juez opte por culminar la investigación, ya sea procesando a los investigados o dictando el archivo de las diligencias. A juzgar por sus resoluciones, es poco probable que le dé carpetazo al caso. Si decide continuar, las defensas y la Fiscalía podrían recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Los jueces tendrán siempre la última palabra, también en caso de que el juez decida mandar al banquillo a los imputados.

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Otra cuestión relevante, si hay prórroga, consiste en saber si el juez agotará el plazo como ahora o cerrará su instrucción antes de jubilarse obligatoriamente a los 72 años. En caso contrario, la causa caería por un mes en manos de otro magistrado, que podría aplicar un criterio distinto al de Peinado.