El control de Bolaños sobre el próximo juez español de Estrasburgo amenaza con tumbar el proceso

El proceso para elegir al nuevo juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) comenzó ayer entre acusaciones de politización por el hecho de que la comisión encargada de enviar una terna de candidatos al Consejo de Estado esté integrada en su mayoría (3 de 5) por representantes del Gobierno, lo que a juicio de diversas fuentes consultadas levanta las sospechas de que es un "paripé teledirigido" para que Moncloa acabe colocando exclusivamente a personas afines. A esto se añade, además, las quejas por el plazo que se da a los aspirantes: 10 días naturales, menos de los de "15 a 20" previstos inicialmente por el Ministerio de Justicia.

En ámbitos jurídicos consultados por El Confidencial, tanto en Madrid como en Estrasburgo, se observa con escepticismo el proceso, puesto que la presencia de los secretarios de Estado de Justicia y de Exteriores y del subsecretario de Presidencia implica que solo entrarán en la terna los candidatos que, además de cumplir con los cuatro requisitos técnicos establecidos por el Consejo de Europa, aporten uno más: la aquiescencia del Ejecutivo. Dicho en sentido contrario, coinciden estas mismas fuentes: "Si no es de la cuerda del Gobierno, que se olviden".

En este sentido, desde Estrasburgo se advierte de que "el Gobierno debe andarse con ojo" porque el Consejo de Europa "puede tumbar" el procedimiento si atisba que existe una excesiva implicación del Ejecutivo o no encuentra la imparcialidad y la transparencia exigidas por esta institución. El comité de selección está formado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, que ostentará la presidencia; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera; la vocal conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gema Espinosa, propuesta por este organismo y la jurista de reconocido prestigio, Paz Andrés, consejera permanente del Consejo de Estado y de sensibilidad progresista. Además, el abogado del Estado Aitor Villarreal ejercerá las funciones de secretario con voz, pero sin voto.

En España, desde la Fundación Hay Derecho, la catedrática Elisa de la Nuez lamenta que el proceso de selección "en el fondo no garantice lo que supuestamente se pretende, que es que haya competencia y concurrencia para que se elija al mejor". "Van a nombrar a quien quieran ellos", subraya.

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También hay protestas en el ámbito político. Desde el PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha denunciado el proceso por dos motivos: la falta de transparencia y la falta de imparcialidad. Respecto al primero, subraya que el plazo de diez días naturales que da el Gobierno para presentar las candidaturas "revela unas prisas incompatibles con la transparencia del proceso, porque son unos plazos difíciles de cumplir por alguien que hoy haya leído las bases ". Respecto al segundo, apunta que la comisión es "absolutamente gubernamental".

Por eso, Gamarra se suma a la tesis de que el Consejo de Europa puede dudar del proceso porque es una institución que establece unos estándares para la elección de los jueces que están "bastante lejos" del modelo planteado por el Gobierno. "Estamos hablando de un titular del TEDH, que debería estar completamente apartado de un poder político como es el Ejecutivo. Deberíamos ir a una fórmula como los procesos de selección y de nombramiento del resto de la carrera", añade, antes de denunciar que se trata de "un nuevo intento del Gobierno de controlar el poder judicial, en este caso en el ámbito internacional".

Las quinielas

Desde hace meses en ámbitos jurídicos se vienen realizando quinielas sobre quiénes pueden ser los aspirantes a suceder a María Elósegui como representante español en el TEDH para el periodo 2027-2036. El favorito, según coinciden todas las fuentes, es el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Rafael Bustos, miembro titular de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa a propuesta del Ministerio de Justicia. Otro nombre que suena es Ana Salinas, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga.

En ámbitos jurídicos constitucionales se explica que, aunque parte como favorito, no está tan claro que pueda ser finalmente el ganador porque en el terreno socialista "hay división interna: el PSOE es un partido muy permeado por las escuelas de derecho constitucional", señalan. En este sentido, más allá de las intenciones del ministro, hay actores que también influyen. Por un lado, está el papel de Luis López Guerra, que fue secretario de Estado de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero y antecesor de Elósegui en el TEDH.

Además, actualmente preside el panel consultivo del Consejo de Europa que evaluará si los candidatos presentados cumplen los requisitos exigidos antes de enviarlos a la Asamblea Parlamentaria de este organismo (APCE). También, en la elección de candidatos tienen influencia la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPS), Rosario García Mahamut, de confianza del ministro, y el catedrático de la UCM, Javier García Roca.

Opinión

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Están bien posicionados algunos de los jueces designados por España como jueces ad hoc del TEDH, que son juristas de entre los que el presidente de Sala del Tribunal puede eventualmente designar para el conocimiento de un caso concreto. Se trata de la ya citada Ana Salinas y los catedráticos Luis Jimena (Derecho Constitucional) y Susana Sanz (Derecho Internacional Público).

Para optar a la plaza, los aspirantes deben cumplir con cuatro criterios establecidos en el artículo 21 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además de tener menos de 65 años y de estar dispuesto a asumir el cargo a tiempo completo y a tener residencia en Estrasburgo, el candidato debe acreditar un dominio "activo" de inglés o francés y conocimiento pasivo del otro idioma. Como cuarta exigencia para los aspirantes, debe tratarse de juristas "de la más alta competencia moral" y “reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales”.