La Justicia reconoce como cotizado el tiempo que un opositor a Policía pasó apartado por Interior

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que obliga a la Seguridad Social a reconocer la antigüedad de un policía nacional y sumarle meses cotizados a pesar de no haberlos trabajado. El tiempo que no pudo ejercer fue porque el Ministerio del Interior le apartó de una oposición. El aspirante pleiteó y ganó su derecho a presentarse a la prueba de acceso en el Cuerpo. Al sacar su plaza, los tribunales decretaron que tenía derecho a que se le contase la antigüedad que habría tenido si Interior no le hubiese apartado injustamente.

Por sentencia se decretó su readmisión en el proceso selectivo para ingresar en la escala básica de la Policía Nacional. Aquella resolución contenía la previsión expresa de que, si sacaba la plaza, todos los efectos económicos y administrativos de su nombramiento como funcionario de carrera debían retrotraerse a la misma fecha en que se produjeron para sus compañeros de promoción.

En virtud de esa sentencia, la Dirección General de la Policía cumplió su parte y solicitó a la Seguridad Social el cambio de la fecha de alta. No obstante, la Seguridad Social se negó a hacerlo y alegó que la condena iba dirigida contra Interior. Añadió que “no se pueden reconocer unos periodos que no han sido cotizados al no haber ingresado las cuotas la empresa en su momento”. La Tesorería General de la Seguridad Social consideró que no podía reclamarlas al encontrarse prescritas.

Ahora, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM le da la razón al opositor, representado por el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés. “Se requiere a la Tesorería General de la Seguridad Social para que en el plazo de un mes proceda al cumplimiento de los pronunciamientos relativos a la vida laboral y alta en la Seguridad Social de la parte ejecutante”, dice la resolución dictada el 5 de marzo.

Desde el despacho denuncian que defienden a cientos de clientes “que son rechazados de forma ilegal en las oposiciones a Policía y Guardia Civil y que año tras año los tribunales de Justicia obligan al Ministerio del Interior a admitir tras los pertinentes recursos contencioso administrativos”.