Bolaños lanza la carrera para nombrar al nuevo juez español del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo

Dentro de un año, el 14 de marzo de 2027, expira el mandato de la juez española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), María Elósegui Itxaso, después de nueve años en el cargo. Por eso, según ha podido confirmar El Confidencial, el Gobierno ha lanzado el proceso de selección para elegir a su sustituto, que ocupará el puesto hasta el año 2036. El elegido será designado por el Consejo de Europa en el Pleno del próximo mes de septiembre entre una terna de candidatos de reconocido prestigio jurídico que serán previamente seleccionados por una comisión presidida por el Ejecutivo y formada por dos secretarios de Estado, un subsecretario y dos juristas, una conservadora y otra progresista. El control del Gobierno está garantizado.

Este comité de selección de cinco personas estará formado por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, que ostentará la presidencia; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera; a vocal conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gema Espinosa, propuesta por este organismo; la jurista de reconocido prestigio, Paz Andrés, consejera permanente del Consejo de Estado y de sensibilidad progresista. Además, el abogado del Estado Aitor Villarreal ejercerá las funciones de secretario con voz pero sin voto,.

Es previsible que sea durante el próximo mandato cuando se revise, por ejemplo, el caso del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si como todo apunta finalmente presenta un recurso a la sentencia del Tribunal Supremo. El pasado 26 de noviembre, el presidente del Gobierno deslizó la posibilidad de que tanto el Tribunal Constitucional como el TEDH revisaran la sentencia del Supremo: “Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistemas judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que está convencida de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

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El procedimiento cuenta con dos fases, una española y otra europea. El cometido de la nacional es elaborar una terna de candidatos que debe incluir al menos uno de cada sexo, en cumplimiento de los criterios de paridad del Consejo de Europa. Una vez publicada la orden ministerial de Justicia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los aspirantes disponen de un plazo de presentación de hasta 20 días hábiles.

Tal y como adelantó este periódico, el proceso comenzó el pasado mes de diciembre, cuando la secretaria general de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), Despina Chatzivassiliou, remitió una carta a la representación española ante esta institución para instarle a poner en marcha el procedimiento. La receptora fue la embajadora representante permanente de España ante el Consejo de Europa, Rosa Velázquez Álvarez, persona de la confianza del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Para optar a la plaza, los aspirantes deben cumplir con cuatro criterios establecidos en el artículo 21 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además de tener menos de 65 años y de estar dispuesto a asumir el cargo a tiempo completo y a tener residencia en Estrasburgo, el candidato debe acreditar un dominio "activo" de inglés o francés y conocimiento pasivo del otro idioma.

Como cuarta exigencia para los aspirantes, debe tratarse de juristas "de la más alta competencia moral" y “reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales”. Esto no significa que sea necesario que cumpla los requisitos para ser magistrado del Tribunal Supremo, pues es suficiente con "haber pertenecido a cualquier tribunal de apelación, ya que la experiencia en niveles inferiores de la judicatura puede ser completada por otros aspectos (por ejemplo, trabajo académico)". Es más, desde Justicia se precisa que "haber sido magistrado del Tribunal Supremo no es requisito suficiente por sí solo para ser aceptado como candidato".

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En lo que respecta a los “jurisconsultos de reconocida competencia”, éstos deben haber ejercido en universidades de primer nivel y haber realizado publicaciones de importancia, incluyendo sobre asuntos relacionados con los derechos humanos. También pueden ser candidatos personas con otros perfiles no académicos, como abogados, defensores del pueblo, diplomáticos, fiscales, asesores legales de gobiernos y ONG… "siempre y cuando hayan tenido una relación estrecha con tribunales o con asuntos relativos a los derechos humanos".

En este sentido, la guía del Panel alerta de que, con frecuencia, los candidatos con perfil de juristas de reconocida competencia "suelen carecer de la necesaria amplitud en su experiencia jurídica". Tras una entrevista a los candidatos para evaluar su competencia técnica y lingüística, el comité elevará una propuesta al Consejo de Ministros, que, tras su aprobación, la remitirá al Consejo de Europa antes del 21 de mayo.

Procedimiento internacional

El siguiente paso tiene lugar en Estrasburgo, donde un panel consultivo de expertos evaluará si los candidatos presentados cumplen los requisitos exigidos antes de enviarla a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). Este panel, compuesto por siete miembros y presidido por el antiguo juez español en el TEDH Luis López Guerra, puede tomar la decisión de tumbar a algún candidato "si no es apto", según informan fuentes del Ministerio de Justicia. "Aunque el Panel no tiene competencias para revisar el procedimiento nacional de selección, puede llamar la atención sobre determinados aspectos del proceso, especialmente sobre el cumplimiento de los requisitos de igualdad de oportunidades y transparencia", apuntan.

López Guerra es un viejo conocido tanto del PSOE como del Tribunal de Estrasburgo. Entre 2004 y 2007 fue secretario de Estado de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Sin solución de continuidad, saltó al TEDH, donde fue el magistrado español hasta 2018, cuando le sustituyó Elósegui.

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Superada la revisión de los CV, es el momento de las entrevistas por escrito a los candidatos. Durante este punto del proceso, el panel puede recibir información no solicitada de terceros (normalmente, organizaciones de la sociedad civil). Aunque esta información no es tenida en cuenta para la decisión del Panel, puede ayudar a la formulación de preguntas concretas a los candidatos o al Gobierno.

El Panel adopta sus decisiones, en principio, por consenso. En caso de recurrir a votación, la aceptación de candidaturas debe ser por mayoría cualificada de 5 votos contra 2, por lo que es posible que se llegue al caso de que no pueda adoptar una decisión. Si acepta una lista de candidatos, no debe motivar la decisión. Sin embargo, si rechaza alguna de las candidaturas, debe motivar la decisión adoptada. En este caso, se espera que el Gobierno modifique la lista de candidatos, aunque no está obligado a ello.

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EFE

Trámite final

Superados todos estos trámites, antes del 10 de agosto de 2026 tiene lugar la presentación por España, una terna de candidatos para que la APCE pueda proceder a la elección en su sesión de septiembre. La lista de candidatos es analizada por la Comisión de Elección de Jueces, integrada por 22 miembros elegidos por los grupos parlamentarios.

Las deliberaciones de esta Comisión son a puerta cerrada, y se componen de tres etapas: una reunión con el Presidente del Panel, que explica los principales elementos de la opinión expresada por el Panel; una entrevista de 30 minutos con cada uno de los candidatos; y un debate seguido de votación. La Comisión puede rechazar la terna y solicitar al Estado miembro una nueva lista, o aceptar la terna, en cuyo caso comunica a la Asamblea la lista de candidatos por orden de preferencia.

La votación final se realiza la elección mediante voto secreto. El candidato elegido debe conseguir mayoría absoluta de votos emitidos en la primera vuelta, o mayoría simple en segunda vuelta. Y será juez del TEDH los próximos 9 años.