Transición Ecológica solo podrá evitar un pulso con la Fiscalía si acepta actuar ya en Doñana

El Ministerio de Transición Ecológica aún tiene la oportunidad de sortear un pulso con la Fiscalía por su inacción en Doñana que requeriría, eso si, un cambio de actitud. La demanda presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha sido un toque de atención que, en resumen, ha sacado los colores al departamento que dirige Sara Aagensen que, en medio de disputas con la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, fue desoyendo las llamadas para que ejerciera de forma activa su competencia en materia de responsabilidad medioambiental. Si el aviso sirve para que reaccione, podrá allanarse a la demanda y aceptar voluntariamente las pretensiones del Ministerio Público.

La demanda, que ya está en manos de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, se fue gestando a fuego lento, con varios preavisos y como última salida ante la falta de respuesta de la Administración. Lo que se le reclama a Medio Ambiente es que ponga en marcha las medidas necesarias para prevenir y evitar nuevos daños y que ejerza su capacidad para exigir la reparación del daño provocado por la extracción ilegal y masiva de aguas subterráneas que ha ido afectando al espacio natural.

Lo que sucede con el agua de Doñana es un verdadero saqueo. Para medir el alcance hubo que indagar. Durante meses, la Fiscalía y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) trataron de localizar a los culpables. La sorpresa vino cuando comprobaron que no se trataba de una decena ni de dos. Hubo que acotar el periodo para alcanzar un cómputo. En 2022 y 2023 se identificó a 250 personas, empresas o particulares que sustraen el agua como el que pincha la luz para disponer de ella sin pagar.

El agua robada sirve para alimentar cultivos, llenar las piscinas de las fincas y hasta para lavar. Entre los responsables, personas de toda condición. Hasta la casa de Alba está siendo investigada por la vía penal por usar pozos ilegales en la finca Aljóbar de Aznalcázar, en el entorno del parque natural. La Guardia Civil habla de una "multiplicidad de operadores" que extraen en caudales muy superiores a los permitidos.

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Lo que reclama la Fiscalía no es es sancionar a los infractores, cosa que ya se hace a través de la labor inspectora que despliega la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Fuentes del caso hablan de la escasa efectividad de este sistema para evitar que la práctica continúe. "Cierras un pozo, buscas al infractor, le multas y mientras todo esto sucede te abren otros seis". El Ministerio Público ha pedido que se active un sistema más quirúrgico y también más eficaz: la reparación.

Pero ¿cómo se repara la desaparición de estas aguas subterráneas?. Es más dificil que rellenar una botella vacía, pero no imposible. Lo que tendrá que hacer la Secretaría para cumplir con su obligación es iniciar la tramitación de procedimientos administrativos que desemboquen en medidas distintas y quizá hasta imaginativas. Pueden trabajar con un amplio católogo e ir desde la prevención dirigida a evitar la reproducción de los pozos hasta la compensación de los daños producidos, con sistemas, por ejemplo, que potencien la regeneración de las aguas desaparecidas.

Es cierto que muchos de ellos requerirán, presumiblemente, una inversión, reconocen algunas de las fuentes consultadas. En ocasiones la receta está en implicar a aquellos que provocan el daño. Obligarles a que lo palien. El Ministerio tendrá ahora que decidir si lo hace por iniciativa propia o lo hace obligado por un juez de contencioso que atienda la argumentación de la Fiscalía.

Hay ejemplos ya exitosos que pueden servir como pista. Este sistema de reparación se ha puesto en marcha con éxito en lugares como la Albufera valenciana o el Mar Menor. Los que conocen estos proyectos aseguran que a las administraciones muchas veces les cuesta arrancarán pero que, una vez que lo hacen le cogen el gusto. "Cuando comprueban que funciona, va todo rodado", dice una de las fuentes consultadas, implicada en este tipo de proyectos.

Otras opciones son más coercitivas, la Secretaría de evitar nuevos daños que agraven la situación, la Secretaría puede ordenar que se acuerde la adopción de medidas provisiónales de “suspensión temporal de actividades” en las explotaciones económicas y profesionales de todos los que extraen agua. La amenaza de un cierre preventivo es siempre más efectiva que la posibilidad incierta y futura de acabar pagando una multa.

La patata caliente

Lo que se intenta ahora con la amenaza de la demanda ya se intentó por las buenas. Hace cinco meses se reclamó a la Secretaría de Estado que ejerciera su función. Tras un prolongado silencio admistrativo la respuesta fue una negativa. El Ministerio considera que no es el órgano competente para ejercer la reparación porque no se habla de daños exclusivos del Dominio Público Hidráulico, y por ello de competencia estatal, sino que involucran a los ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía.

No obstante, la ley establece que el órgano competente es la Administración General del Estado, “por tratarse exclusivamente de daños al dominio público hidráulico de titularidad estatal, en cuanto que solo se refiere a daños a las aguas continentales (superficiales y subterráneas)". Los efectos desencadenados a raíz de ese daño en el parque existen pero nada impide al Ministerio establecer acuerdos de cooperación con la Junta para una repuesta global.

De momento, se puede afirmar, "sin lugar a duda" que, la extracción ilícita ha afectado de manera al estado del agua subterránea que ya repercute en las masas de aguas superficiales, los humedales, y con ello a todo el ecosistema. La demanda es, el fondo, una llamada de socorro. Un empujón para actuar. De la respuesta de Transición Ecológica dependerá si se hace ya o por sentencia y a regañadientes.