La trama vinculada a Forestalia creó 19 sociedades en un solo día para ocultar fondos

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente apunta a varios ex altos cargos del Gobierno de Aragón por sus lazos empresariales y la adjudicación irregular en favor de Forestalia de importantes proyectos eólicos. La principal hipótesis de la UCOMA es que los investigados se habrían valido de su posición para favorecer al gigante de las renovables, conducta por la que presuntamente se habrían beneficiado tras pasar al sector privado.

Entre las operaciones detectadas por la Guardia Civil, destaca la creación de casi una veintena de sociedades limitadas en un solo día por parte de uno de estos dirigentes regionales. El 11 de marzo de 2020, el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Boné, fundó 19 empresas a su nombre, al de su esposa, y al de otros dos colaboradores. Los investigadores ponen bajo el foco los movimientos societarios de este y otros dos ex altos cargos vinculados al Partido Aragonés después de detectar varias operaciones societarias sospechosas.

El Instituto Armado investiga como presunto soborno el pago de 4,4 millones de euros tras la venta de una consultoría formada por tres ex altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente. Los agentes sospechan que los investigados recibieron más dinero del declarado ante notario por esta transacción y utilizaron una red de empresas instrumentales para ocultar el rastro de los fondos.

Tras abandonar la vida pública, Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile (quienes ocuparon altos cargos en la Consejería de Medio Ambiente) fundaron una consultora bajo el nombre de Viadós Gestión Integral de Proyectos S.L. Según se recoge en el informe elaborado por la Guardia Civil, esta sociedad contaba como único cliente con la empresa dirigida por Fernando Samper. Pocos años después de su creación, la consultora fue vendida a Nearco Renovables S.L., empresa vinculada a Forestalia y su presidente.

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Además de que el precio se fijó muy por encima de su valor de mercado, los investigadores detectaron una discordancia entre la cantidad registrada en el contrato y el pago real efectuado por la compañía compradora. El análisis patrimonial desveló que el importe de los abonos realizados en favor de los investigados sumaría un total de 4.443.531 euros, casi medio millón más de lo que se declaró en la escritura pública.

La Guardia Civil sospecha que la diferencia entre ambos valores podría corresponder al pago de una contraprestación por favorecer a la empresa energética en varios proyectos. También se les vincula con la creación de una red de sociedades interpuestas -sin valor real- para ocultar los supuestos fondos ilícitos.

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Entre este entramado de empresas bajo el foco de la UCOMA destacan las 19 sociedades creadas por Boné en el año 2020 que, posteriormente, fueron vendidas a uno de sus propios socios fundadores a un precio irrisorio. El valor fijado rondaba entre 2 y 18 euros por transacción.

Además de esta operación vinculada con el exconsejero de Medio Ambiente, los agentes apuntan a otra consultora fundada junto a Fraile y Marruedo en 2016. Según el informe, permaneció activa durante unos pocos años, periodo en el que se realizaron traspasos y nombramientos cruzados entre los administradores, actualmente permanece inactiva.

Un ex alto cargo de Ribera, detenido

La causa dirigida por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Teruel también apunta a otros altos cargos fuera del Gobierno de Aragón. La Guardia Civil detuvo el pasado 3 de marzo al exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, junto a otras seis personas vinculadas con el presunto amaño de adjudicaciones y la manipulación de informes públicos en favor de Forestalia.

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El Instituto Armado atribuye a Eugenio Domínguez la manipulación fraudulenta de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en favor de la empresa energética, necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos. Según la Guardia Civil, el investigado habría actuado a cambio de una contraprestación económica a través de dos sociedades pantalla.

Al igual que con los exresponsables regionales, los agentes señalan que, para mover ese dinero y ocultar su origen, Domínguez y otros implicados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como la colaboración de un "fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación".

El ex alto cargo de Ribera creó un sistema de tramitación paralelo para favorecer al gigante de las renovables en varios proyectos millonarios. Él mismo se encargó de dirigir personalmente la tramitación de los expedientes, llevando a cabo prácticas "extraordinarias" para evitar el control de otros funcionarios, como la autoasignación de la práctica totalidad de los proyectos del Grupo Forestalia. Esta acción le permitió crear una "caja negra" en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, lo que facilitaba la manipulación de los informes clave para la concesión de proyectos millonarios para la empresa dirigida por Samper.

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Esta trama de corrupción que amenaza ya varias decenas de millones de euros ha provocado un gran revuelo en las Cortes de Aragón. Vox, que ejerce como acusación popular en la causa, ha criticado el "silencio absoluto" del PSOE y el PP, tras las revelaciones de la UCOMA. La formación también interpuso una denuncia en Fiscalía en diciembre de 2024 contra el macroproyecto del Clúster del Maestrazgo, adjudicado a Forestalia.