El PP denuncia a Borja Cabezón ante la Oficina de Intereses para que investigue sus incompatibilidades

El Partido Popular vuelve a la carga ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) y presentará una nueva denuncia para que se investiguen las posibles "infracciones" cometidas por Borja Cabezón al simultanear durante meses su actividad en empresas privadas con puestos públicos y vulnerar de este modo el régimen de obligaciones e incompatibilidades de los altos cargos del Estado. Se trata de una acción que llega después de que El Confidencial desvelase en exclusiva que el adjunto a la secretaría de Organización del PSOE y amigo íntimo de Sánchez usase una red de empresas falsas y testaferros para eludir impuestos.

Fuentes de Génova confirman que el escrito se registrará este mismo miércoles ante el organismo adscrito al Ministerio de Transformación Digital, con el que el partido de Alberto Núñez Feijóo tiene aún cuentas pendientes en los tribunales para demostrar que Sánchez incurrió en un conflicto de interés al no inhibirse en el millonario rescate de Air Europa en pleno patrocinio de las actividades de Begoña Gómez.

La trama que afecta al dirigente del PSOE, revelada por El Confidencial, destapó vínculos ocultos entre Cabezón con hasta diez negocios de energías renovables al mismo tiempo que ocupaba cargos en el partido y cobraba sueldos de administraciones públicas. Más allá del reproche moral y de la exigencia de responsabilidades políticas por el intento de eludir el pago de impuestos, en el equipo jurídico del PP están convencidos de que el socialista incurrió en un "eventual incumplimiento" de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, actuación que lleva aparejada una serie de sanciones.

La investigación llevada a cabo por este periódico y recogida por el PP en su denuncia detalla que Borja Cabezón fue nombrado en 2022 embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional para el covid 19. En enero de 2024 pasó a ejercer de consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), dependiente del Ministerio de Industria. Abandonó el cargo en julio de 2025. El miembro de la Ejecutiva de Ferraz solapó esa responsabilidad con el puesto de consejero en Renerstorex SL, una mercantil de energías renovables en la que estuvo desde el 8 de octubre de 2021 hasta el 10 de enero de 2025.

TE PUEDE INTERESAR

La trama de testaferros destapa los vínculos ocultos de Cabezón con hasta 10 negocios de energías renovables

José María Olmo

En Génova aseguran no entender cómo es posible que Cabezón pudiera simultanear cargos y sueldos públicos con su actividad en el lucrativo negocio de las energías renovables sin que saltase ninguna alarma. Y recuerdan en su escrito que el desempeño en el ámbito privado no tendría encaje en las excepciones previstas en la ley, por lo que exigen a la OCI que inicie una investigación y que efectúe las "comprobaciones pertinentes" respecto a la declaración sobre actividades que hizo Cabezón en la toma de posesión de Enisa.

En concreto, los populares reclaman que el organismo dependiente del departamento del ministro Óscar López ratifique si el dirigente socialista declaró los cargos societarios privados que ocupaba en el momento en que accedió a sus responsabilidades en el ámbito público; si percibió retribuciones, dietas o rendimientos de sus actividades en los negocios de energías renovables o si "fue requerido en cesar sus actividades incompatibles".

TE PUEDE INTERESAR

La Oficina de Conflictos que no detectó la incompatibilidad de Cabezón lleva tres años sin poner sanciones

Borja Negrete

El artículo 13 de la Ley 3/2015 establece que los altos cargos deben ejercer sus funciones con "dedicación exclusiva", y no podrán combinar esa actividad con el desempeño "por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena". Remarca, además, que tampoco podrán percibir "cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea".

A la espera de que arranquen las pesquisas, en el PP advierten de que la "infracción" en la que podría haber incurrido Borja Cabezón sería considerada como "muy grave" según la mencionada ley, lo que implicaría una inhabilitación para ser nombrado alto cargo público durante un período de entre 5 y 10 años. Por lo pronto, los populares exigen en primera instancia a la Oficina de Conflicto de Intereses "la apertura de actuaciones previas; la incoación del oportuno expediente sancionador, con práctica de diligencias concretas y requerimientos a fuentes oficiales y registrales" con el fin de esclarecer las posibles infracciones.

La batalla por Air Europa

El PP ha impulsado de este modo la segunda denuncia ante un organismo público al que ya han reprochado su falta de independencia por la afrenta abierta a cuenta de la presencia de Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros que autorizó el rescate de 475 millones de euros a Air Europa al mismo tiempo que la compañía patrocinaba los negocios privados de su mujer en el IE Africa Center. En primera instancia, la Oficina archivó en tiempo récord la denuncia que Génova presentó en marzo de 2024, sin practicar diligencia alguna y con un escueto informe de un solo folio elaborado por la Secretaría General de Presidencia.

TE PUEDE INTERESAR

El PP estira la batalla contra Sánchez por el rescate de Air Europa: apelará el fallo del TSJM

Ana Belén Ramos

El partido de Feijóo no se dio por vencido y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la negativa de la OCI a investigar el asunto sin ofrecer prueba alguna para concluir que Sánchez no había cometido ninguna irregularidad. Los tribunales dieron la razón al PP y obligaron al organismo público a reabrir la investigación. Meses después llegó la resolución y ratificó un dato clave: que Begoña Gómez estaba dada de alta entre agosto de 2018 y mayo de 2022 en la Fundación Instituto Empresa, que en enero de 2020 llegó a un acuerdo de patrocinio con Wakalua —filial de Globalia—. El rescate se aprobó en noviembre de ese mismo año.

Con todo, la Oficina concluyó que no percibía conflicto de interés alguno en la actuación de Pedro Sánchez. El PP reclamó ampliar la investigación, pero en ese caso la Justicia lo tumbó y Génova apeló el fallo. Habrá que esperar para comprobar cómo despacha el órgano adscrito al Ministerio de Transformación Digital el caso de Borja Cabezón o si el PP precisará también en este caso recurrir a los tribunales. En cualquier caso, la denuncia amplifica las presuntas irregularidades en torno a la figura del dirigente socialista y reabre el cajón de sastre de las incompatibilidades en la política.