Hacienda detecta irregularidades en las adjudicaciones de Transportes del caso Koldo

Un informe de Hacienda detecta posibles irregularidades en contratos de obra pública investigados en el marco del caso Koldo. El documento de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al que ha tenido acceso El Confidencial analiza cinco contratos adjudicados por Adif y Adif Alta Velocidad y seis contratos de la Dirección General de Carreteras. Destaca la influencia que tuvieron los “juicios de valor” en los criterios que determinaron las adjudicaciones y habla de incumplimientos de la normativa. También detecta múltiples modificaciones de obra posteriores a las adjudicaciones y, en algún caso, sospecha que las cantidades se pactaron previamente.

Dice que, en al menos tres contratos adjudicados por Adif a Acciona, “los criterios determinantes han sido los juicios de valor y en dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas (precio)”.

Añade el documento que en tres contratos, antes de que se iniciase la obra, se alegaron “defectos” que obligaron a tramitar una modificación del proyecto. “En los tres casos, esta modificación supone un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20 por ciento y en los tres casos esa modificación incumple la normativa sobre modificaciones”, dice Hacienda.

El informe ha sido elaborado en respuesta a la petición realizada el pasado septiembre por el juez del Supremo Leopoldo Puente, que reclamó el análisis de la documentación aportada por la Dirección General de Carreteras y Adif. Ahora se ha aportado a la Audiencia Nacional que asumió el caso después de que el alto tribunal perdiera la competencia tras la renuncia de José Luis Ábalos al aforamiento.

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Esta es la trama en la que también está investigado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Se les acusa de cobrar comisiones ilegales a cambio de beneficiar a empresas, principalmente a Acciona.

En la instrucción vinculada con el caso Koldo también están imputados los máximos responsables de las dos empresas públicas en el momento en el que se produjeron los hechos. El juez Ismael Moreno imputó a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, al ver indicios de la participación de ambos en adjudicaciones indebidas.

Uno de los contratos de Adif analizados es el proyecto de soterramiento del tren en Murcia, adjudicado en mayo de 2019 a una UTE (Unió Temporal de Empresas) integrada por Acciona y Ferrovial. Tras la adjudicación surgieron imprevistos que no se contemplaron en la licitación. Por ello fueron necesarias hasta tres modificaciones posteriores. La segunda también fue adjudicada a Acciona y Ferrovial gracias a los juicios de valor porque presentaron la octava mejor oferta económica.

Según consta en la documentación, tenía que ver con la arquitectura interior de la estación de El Carmen y se formalizó como proyecto independiente. Hacienda dice ahora que "este proyecto no se debió tramitar como proyecto independiente, sino como modificado del proyecto de construcción de soterramiento". Advierte el informe que "se han aplicado unos precios superiores a los que correspondían de haberse tramitado correctamente".

Otro de los proyectos analizados es la obra del tren de Sant Feliu de Llobregat. Volvió a ganar Acciona gracias a los "juicios de valor", pese a presentar la decimoquinta mejor oferta de las 17 que se presentaron. El contrato se formalizó en 2019 y ya en 2022 se aprobó una modificación que incrementó el precio inicial en 10,2 millones.

Hacienda también se detiene en la modificación del proyecto de construcción del corredor mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, concretamente el tramo Pulpi-Vera. También fue a parar a Acciona en 2019 por más de 170 millones. En 2022 se acordó una modificación que supuso un 19,93 por ciento del importe de adjudicación. Hacienda advierte varias veces en su informe que no pueden superar el 20 por ciento y apunta a que "se acordó previamente el importe de la modificación".

Carreteras

En cuanto a los contratos adjudicados por la Dirección General de Carreteras, los inspectores señalan inconsistencias similares. Tras analizar seis expedientes, uno de ellos adjudicado antes del año 2018, aunque modificado posteriormente, ponen en duda los criterios de valoración empleados a la hora de adjudicarlos basados, principalmente “en juicios de valor”. También destaca el elevado porcentaje de las modificaciones de los contratos adjudicados a Acciona.

El análisis ha permitido detectar que la Dirección General de Carreteras “utilizó dos fórmulas para transformar la puntuación originaria obtenida (la denomina valoración) en la puntuación que finalmente (la denomina puntuación)” y con ello, forzó que las obras fueran a parar a la compañía.