El cargo de Ribera detenido nombró a su secretario "responsable" del mayor proyecto de Forestalia

Eugenio Domínguez, investigado por la Guardia Civil por su papel clave en la red de corrupción vinculada a contratos para parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón, creó un sistema de tramitación paralelo para favorecer a Forestalia en varios proyectos millonarios. El que fuera subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Teresa Ribera se encargó de dirigir personalmente la tramitación de los expedientes en los que aparecía el gigante de las renovables como empresa interesada, llevando a cabo prácticas "extraordinarias" para evitar el control de otros funcionarios.

Entre las maniobras ejecutadas por Domínguez para manipular los informes clave para la aprobación de los proyectos bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil destaca el nombramiento de su secretario como responsable del Clúster Maestrazgo, el mayor contrato adjudicado en favor de Forestalia. Según un atestado del Instituto Armado, al que ha tenido acceso El Confidencial, para controlar la adjudicación del proyecto estrella de la empresa dirigida por Fernando Samper, que contenía evidentes "dificultades técnicas", el ex alto cargo se autoasignó la revisión del expediente como "consejero responsable" y nombró a una persona de confianza como "técnico responsable", pese a que este no tenía la formación necesaria para evaluar una operación de dichas características.

Así lo expresó el administrativo en su declaración ante la Guardia Civil, donde admitió no tener cualificación técnica para haber sido asignado como responsable de dicho expediente.

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No obstante, este no fue el único cargo que el principal investigado moldeó a su antojo para favorecer el diseño 'ad hoc' de informes clave. Domínguez derivó los expedientes de Forestalia a personal externo de la empresa pública Tragsatec que actuaba bajo sus órdenes y redactaba los informes para que él solo tuviera que firmarlos.

"Control absoluto" sobre los expedientes de Forestalia

La declaración de varios testigos permite concluir que el cargo de Ribera ejercía un "control absoluto" sobre los expedientes relacionados con el gigante de las renovables, mediante la autoasignación personal de la práctica totalidad de los proyectos del Grupo Forestalia. Esta acción le permitió crear una "caja negra" en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez.

En este sentido, fue clave la declaración de una de las administrativas que comenzó a ejercer el cargo de técnico a partir de diciembre de 2022, y quien aseguró a los investigadores que el exsubdirector general de Evaluación Ambiental pidió que tanto a ella como al secretario se les añadiera en la base de datos como "técnicos participantes" a pesar de que no lo eran y de que carecían de la cualificación necesaria. La testigo confesó no haber leído la documentación técnica del proyecto ni haber participado a nivel técnico en ningún momento, pero su nombre figuraba en la base de datos.

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Tal y como describió uno de los testigos, Domínguez se sirvió de su particular "guardia pretoriana" para falsear los informes técnicos. A cambio, se benefició del pago de cuantiosas contraprestaciones económicas camufladas mediante la utilización de empresas pantalla.

También existen indicios de que ordenó modificar borradores que eran desfavorables para convertirlos en favorables, con la consecuente eliminación de aspectos técnicos que perjudicaban su desarrollo. Algunos testigos detallan que esto ocurrió, en algunos casos, sin el conocimiento ni el consentimiento de los técnicos autores.

Operación millonaria

La Guardia Civil describe a Eugenio Domínguez como la "figura central" de la trama corrupta vinculada con contratos millonarios para parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón y le atribuye el cobro de comisiones millonarias. Se sirvió de la creación de un complejo entramado empresarial para canalizar los fondos hacia dos sociedades de las que su familia contaba con participaciones.

Aunque los investigadores aún no han podido delimitar la cantidad de participaciones transferidas a favor de Domínguez y su entorno, puesto que el trato se cerró mediante un contrato privado sin elevar a público, sí se le vincula al menos con una operación millonaria. El 20 de diciembre de 2023 se realizó un protocolo notarial por el cual la mercantil CEMSAL S.L. ejecutó un préstamo a favor de la mercantil Babieca Investment SL por valor de 5,2 millones. Dado que Eugenio Domínguez y su mujer poseían participaciones de otras dos sociedades, que a su vez eran dueñas de esta última empresa, la Guardia Civil considera que esto supuso un incremento directo sobre el patrimonio del alto cargo de Medio Ambiente y su familia.