La Guardia Civil investiga en secreto un ataque para influir en las generales del 23-J

La Audiencia Nacional está investigando en secreto una operación para influir en las últimas elecciones generales de 2023 y cuestionar la legitimidad de los resultados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, supervisa las pesquisas de la Guardia Civil. Según han revelado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las averiguaciones apuntan al grupo NoName057, una organización criminal rusa que actúa al servicio del Kremlin.

El procedimiento se encuentra muy avanzado. No se han encontrado pruebas de que la ofensiva afectara finalmente al escrutinio, pero sirvió para generar dudas sobre la fiabilidad de las instituciones españolas, avivó la polarización social y sentó las bases para cuestionar la veracidad del resultado en una fase posterior de la operación que, tras evidenciarse que Pedro Sánchez tenía los apoyos necesarios para permanecer en el Gobierno, no llegó a implementarse.

Según las fuentes consultadas, la investigación judicial experimentó un salto en julio de 2025 con el hallazgo de nuevas pistas sobre la autoría del ataque en la operación Eastwood de la Policía Nacional, un dispositivo que desmanteló parte de la infraestructura de NoName057 en Europa. En colaboración con Europol y Eurojust, se efectuaron registros y detenciones en 19 países.

En España, la Policía arrestó a un individuo en Zaragoza y entró en 12 domicilios. El análisis de los dispositivos intervenidos arrojó evidencias explícitas de que la confabulación contra las elecciones generales de 2023 fue obra del grupo criminal prorruso. Las pruebas, que apuntan a personas concretas, han sido incorporadas al sumario del Juzgado Central de Instrucción número 6.

Ataques DDoS

Por ahora, las indagaciones de la Guardia Civil se centran en los días previos a las generales del 23-J y en la propia jornada de votación. La maniobra comenzó con la supuesta difusión de correos y contraseñas de usuarios de una importante página web española. Poco después, se lanzaron ataques DdoS [de denegación de servicio] contra las páginas oficiales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el Ministerio de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Política Territorial.

El jueves 20 de julio, tres días antes de los comicios, la agresión se enfocó en el Banco de España y las principales entidades financieras y, ya durante el fin de semana, se extendió a páginas de transportes, como los metros de Madrid y Barcelona, la compañía de autobuses Avanza y la web de Puertos del Estado.

Con todo, las mayores incidencias se registraron el mismo día de la votación. Se inutilizaron las páginas del Instituto Nacional de Estadística, la Junta Electoral y el Ministerio del Interior, responsable de la organización de los comicios. Además, ciudadanos rusos asentados en España recibieron un enlace a una web que había clonado el portal oficial de la Comunidad de Madrid. En la página se podía leer una supuesta noticia que advertía de un ataque inminente de ETA.

En paralelo a esas acciones, canales ligados al Kremlin difundieron contenidos llamando a la población a no acudir a votar. Un informe de la Unión Europea de junio de 2024 titulado "Manipulación informativa y amenazas de interferencias extranjeras" apuntó que en la ofensiva intervino la cadena oficial de televisión Russia Today e incluso la embajada de Rusia en Madrid.

Objetivos: UE y OTAN

En perspectiva, Rusia puede parecer un enemigo demasiado lejano para España, pero los expertos advierten de que Moscú ha demostrado un enorme interés en desestabilizar cualquier país que forme parte de la Unión Europea o la OTAN. España pertenece a ambos clubes.

Vladímir Putin cuenta incluso con los servicios de un 'hacker' español. Se trata de Enrique Gil Arias, reclamado por Europol por delitos informáticos con fines terroristas, apología del terrorismo y pertenencia a organización criminal. Está considerado uno de los cabecillas de la maquinaria de manipulación rusa. Moscú le ha concedido asilo político. En 2020, en los peores momentos de la pandemia, elaboró un documento para difundir un bulo contra la Policía Nacional. Gil Arias figura entre los fugitivos más buscados por Europa.

“En sistemas electorales fuertes, como suelen ser las democracias occidentales, es casi imposible que un actor externo pueda llegar a afectar directamente a los resultados de las votaciones. Por eso, Rusia lo que busca con este tipo de campañas de interferencia es sobre todo un efecto secundario y mucho más asequible: sembrar desconfianza en la limpieza del proceso electoral y generar la percepción de que puede haber habido un pucherazo”, explica Daniel Iriarte, periodista especializado en seguridad global y desinformación y autor del libro ‘Guerras Cognitivas’ (Arpa, 2025).

“Esa estrategia genera una situación de malestar que puede luego ser explotada en una segunda fase, por ejemplo convocando protestas y alimentando los bulos sobre fraude electoral”, añade Iriarte. “Rusia ha aplicado esta estrategia en numerosos países, como EEUU (2016, 2020 y 2024), Francia (2017) o, en fecha más reciente, República Checa (2025). En Holanda, en las elecciones generales de 2017, el esfuerzo fue tan exitoso que las autoridades electorales decidieron contar los votos a mano para prevenir de antemano cualquier duda”.