Bildu propone dar más ayudas a Tubos Reunidos, investigada en el caso Leire, para evitar el ERE

EH Bildu compra los argumentos de Tubos Reunidos en el ERE que podría suponer el despido de 301 trabajadores. Esta compañía ha sido señalada en el marco de las investigaciones contra Leire Díez, fontanera del PSOE, por haber pagado una presunta comisión a cambio del rescate de 112,8 millones que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) le concedió. Una inyección de dinero público que los sindicatos han venido a recordar de manera sistemática en sus quejas por el ERE, pero que Bildu no tiene en cuenta una propuesta registrada en el Congreso de los Diputados donde pide dotar de más ayudas todavía a Tubos Reunidos.

La Proposición No de Ley del partido abertzale se ha registrado en la Comisión de Industria y apunta como único responsable del ERE a Donald Trump y los aranceles impuestos al sector del acero en nuestro país. Una explicación que ha sido promovida también por la dirección de la compañía y contra la que se han manifestado sindicatos como ESK. "Tubos Reunidos es una empresa puntera en su sector, pero tiene dos grandes problemas. Los aranceles y el precio de la electricidad", señala el partido en su exposición de motivos. Tubos Reunidos, que perdió el año pasado 71,3 millones de euros, arrastra una deuda de 263,2 millones, de los que la mitad corresponden a los 112 millones más los intereses que le prestó la SEPI en 2021.

La formación independentista considera que "la política arancelaria se encuentra ahora mismo en el epicentro de la crisis de Tubos Reunidos. Prácticamente la mitad de su producción se venía exportando a EEUU. Pero esos pedidos se han esfumado, debido a los aranceles impuestos por la administración de Trump y por la capitulación de la Unión Europea liderada por Ursula von der Leyen, que se cristalizó en la tristemente famosa reunión que se produjo el 27 de julio de 2025 en Escocia".

Además de comprar el marco de la empresa, apuntan a la cuestión energética, manifestando que, aunque "el Estado español tiene una ventaja competitiva para el precio de la electricidad gracias a las renovables, ese potencial no se consigue trasladar a la industria electrointensiva, que termina pagando más que algunos de sus competidores directos en su precio final".

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No hay ninguna mención en la exposición de motivos del rescate de 112 millones de la SEPI. La Audiencia Nacional investiga por el mismo al grupo Hirurok, formado por Leire Díez, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxón Alonso, y el expresidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero, Vicente Fernández. Según el auto judicial que adelantó El Confidencial en exclusiva, "indicios recopilados ponen de manifiesto que por parte del grupo Hirurok se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros".

El diagnóstico que hace el sindicato ESK de la situación dista mucho del que realiza EH Bildu: "Tubos Reunidos sigue siendo una de las empresas mimadas por los Gobiernos español y vasco, recibiendo cientos de millones de euros de las arcas públicas, ya sea en créditos del ICO o de la SEPI (con ayuda de fontanería previa), en subvenciones variadas o vampirizando las cartillas del paro de los y las trabajadoras encadenando ERTE tras ERTE, incluso en años de cuantiosos beneficios".

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Pese a ello, Bildu propone en su PNL "actuar proactivamente para coadyuvar en la superación de la crisis actual de Tubos Reunidos y en el mantenimiento del empleo". También pide activar "los mecanismos necesarios previstos tanto en el Plan de recuperación y relanzamiento comercial como en el Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial". Este fondo de Moncloa, dotado con 14.100 millones, tiene como objetivo inyectar avales y financiación a empresas afectadas por los aranceles.

De manera paralela, pide recuperar los mecanismos de ayuda para la industria electrointensiva e impulsar desde la Unión Europea una "respuesta firme para contrarrestar la nociva política arancelaria impuesta por la administración Trump".

Por el momento, las reuniones de la empresa con las fuerzas sindicales han sido infructuosas. Desde ESK lamentan que no se les haya dado garantías del futuro de la compañía tras los ERE. Al mismo tiempo, "respecto a la situación económica de la empresa, no han aportado ningún dato sobre la gestión que están haciendo para reestructurar la deuda".

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"En ESK tenemos claro que, para exigir al Gobierno vasco que presione a la empresa a retirar el ERE, es necesario movilizar a las plantillas de ambas fábricas y llenar las calles de protesta y solidaridad", concluyen. Esta semana, los trabajadores de Tubos Reunidos han mostrado su rechazo a este despido colectivo en las plantas de Amurrio y Trapagaran, concentrándose ante la delegación en Bilbao del Gobierno vasco. También se han convocado jornadas de huelga en las dos fábricas.