La jueza de Adamuz pide el nombramiento "urgente" de tres ingenieros para la pericial del accidente

La jueza a cargo de las diligencias del accidente de Adamuz quiere dar un empujón a la causa. La titular del Tribunal de Instancia de Montoro número 2 ha dictado una nueva providencia en la que ordena al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía remitir "urgentemente" un listado de los expertos que podrían llevar a cabo la investigación independiente del siniestro.

La magistrada solicita nombrar a tres ingenieros expertos con más de 15 años de experiencia para la elaboración de un informe pericial sobre las causas del accidente que acabó con la vida de 46 personas el pasado 18 de enero. La instructora había encargado esta tarea, inicialmente, a la Junta de Andalucía. No obstante, tras recibir un escrito de la Administración andaluza informando sobre la incapacidad para acceder al listado de ingenieros de caminos disponibles, la jueza remite ahora un nuevo escrito al Colegio de Ingenieros, poniendo de manifiesto la urgencia de la orden.

La Delegación informó el pasado 20 de febrero de que la Junta de Andalucía no puede realizar el informe encargado con sus propios medios. En el escrito remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso El Confidencial, se detalla que la Administración no está en condiciones de realizar una pericial "tan especializada", ya que no está incluida en el contrato de asistencia vigente para los órganos judiciales.

Esta nueva diligencia, acordada con carácter urgente, muestra la necesidad de dar impulso a la investigación que se está llevando a cabo mediante tres vías: las pesquisas dirigidas por la Guardia Civil, la CIAF y, ahora, el análisis encargado a tres ingenieros independientes. Los expertos designados para esta tarea podrán acudir a la zona cero del siniestro e, incluso, solicitar el nombramiento de otros técnicos procedentes de otras especialidades para aclarar las causas de la tragedia de Adamuz.

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Según fuentes jurídicas, los peritos tendrán a su disposición toda la documentación obrante en la causa, entre la que destacan ya varios informes elaborados por la Guardia Civil, y que apuntan a un problema en la soldadura como causa principal del accidente. Para el análisis técnico será clave contar con la primera inspección ocular realizada por los agentes de Criminalística del Instituto Armado, para la que se tomaron más de 2.500 fotografías y vídeos.

También será necesario contar con los datos extraídos de las cajas negras de ambos trenes, cuyo contenido ha sido volcado en las dependencias de la CIAF este jueves. Esta tarea se realizó en presencia de agentes de la Policía Judicial, autorizados para levantar acta del procedimiento, "obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos".

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La jueza encargó a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) el volcado, precintado y custodia de dicha información, "garantizando en todo momento la indemnidad de la cadena de custodia".

Rotura en la soldadura

La investigación sobre las causas del accidente se centra, por el momento, en la rotura de una soldadura que conectaba dos carriles, uno de ellos fabricado en 1989. Hace pocas semanas, el Instituto Armado remitió al juzgado un segundo informe en el que se advertía sobre la existencia de varias "incongruencias” detectadas en la documentación remitida por Ayesa, empresa encargada de la supervisión de la instalación de las soldaduras, respecto a la soldadura rota de la vía.

A esto se une la polémica desatada después de que la Guardia Civil informara a la instructora de que Adif había retirado material clave para la investigación de la zona del siniestro sin autorización judicial. El pasado 30 de enero, varios agentes se desplazaron junto a los expertos de la CIAF para avistar el "bogie" del vagón 8 del Iryo que salió despedido tras la colisión. En ese momento, se les informó de que los cupones de los raíles, con las soldaduras, habían sido desplazados por la entidad dependiente del Ministerio de Transportes hasta Hornachuelos.

La instructora ordenó entonces la "restitución inmediata" del material, alertando de que cualquiera de estas prácticas sin una autorización judicial previa podría tener consecuencias penales.