El Gobierno limita su implicación militar a la defensa de la UE y no prevé acudir al Congreso

En medio de la incertidumbre mundial por la guerra en Oriente Próximo, la Moncloa ha establecido ya sus reglas del juego. Ni vislumbra más implicación militar que su participación en la defensa de la Unión Europea, ni prevé acudir al Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la intervención de Estados Unidos e Israel contra Irán es "ilegal" pero ha aceptado que la fragata Cristóbal Colón, que realizaba labores de escolta, adiestramiento y cooperación bilateral en el mar Báltico, se desplace al Mediterráneo Oriental, a petición de Chipre, después de que un dron impactara contra una base británica en este país.

Los Estados miembros están obligados, por los Tratados, a cumplir con el principio de solidaridad. Hasta el punto de que existe un artículo dentro del Tratado de Lisboa, el 42.7, que establece una cláusula de asistencia que muchas veces se ha considerado 'gemela' del artículo 5 de la OTAN. Dicha cláusula indica que ante un ataque armado el resto de Estados miembros deben prestar ayuda y asistencia “con todos los medios a su alcance”, y se activó, por ejemplo, tras los ataques terroristas de París del 2015.

Nikos Christodoulides, presidente chipriota, no ha apelado el artículo 42.7, pero sí que ha solicitado la asistencia de manera bilateral. Hasta ahora Grecia, Francia, Italia, Países Bajos y España participan en el refuerzo de la seguridad de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, y que ha tenido que cancelar ya numerosas reuniones de ministros en la isla, a pocos kilómetros de Líbano, donde opera Hezbolá, aliado de Teherán y probablemente autores del envío de varios drones en los últimos días.

El Gobierno sostiene que el artículo 17 de la ley de Defensa Nacional, que habilita al Ejecutivo a ordenar operaciones en el exterior cuando estén relacionadas con el interés nacional, le permite obviar la autorización del Congreso. Pero, precisamente, el texto, en todos sus apartados, apunta a que es necesario consultar antes o después al Parlamento. El debate radicaría en si es una misión nueva o una maniobra que forma parte de la anterior.

Opinión

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El presidente se escuda en que se trata de "una misión defensiva, nada ofensiva" y ni en este caso ni en otros que se incardinen en misiones de la UE prevé acudir a la Cámara. "Consideramos que son acciones de defensa que no lo requieren", reiteran en la Moncloa. Sánchez cuenta a su favor con el apoyo de su socio de Gobierno. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apuntó que es una actuación de emergencia, que se puede explicar a posteriori en el Congreso. "En ningún caso estamos participando en la guerra", afirmó.

Sánchez no se ha topado en este asunto con la resistencia de Sumar u otros grupos de su inestable mayoría parlamentaria, a excepción de Podemos, que sí se opone a mandar el buque a Chipre. Su secretaria general, Ione Belarra, defendió este jueves que "la participación española a través del envío de tropas, en una de nuestras fragatas con tecnología más avanzada, es participar de una guerra ilegal que no ha decidido nadie, que la ha decidido única y exclusivamente Donald Trump y (Benjamin) Netanyahu".

En este punto, en lo relativo a la implicación en el conflicto, los morados coinciden con el PP. Alberto Núñez Feijóo remarca que Sánchez "está obligado a cumplir la ley y pedir autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a zona de guerra".

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Las diferencias entre formar parte de la operación contra Irán y en la misión de respaldo a Chipre son muchas. Primero, hay consenso a nivel europeo en que los ataques contra el territorio de los ayatolás son una violación del derecho internacional, aunque haya Estados miembros que consideren que esa violación está justificada, entre ellos Alemania. Mientras tanto, Irán también está violando el derecho internacional en su intento de extender la guerra al resto de la región, con ataques a los socios del Golfo, y muy significativamente, por lo sucedido en Chipre.

En los últimos días, Sánchez ha multiplicado sus contactos con otros países para abordar la situación internacional. La pretensión de España es "trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada". Pero esta posibilidad parece lejana. No existe tal cosa como un consenso europeo en la cuestión de Irán. Hay varios consensos, pero no un acuerdo total sobre al conjunto.

Por ejemplo, existe un consenso respecto a la condena del régimen, como demuestran las sanciones europeas, que requieren de respaldo unánime, y de hecho estas se ampliaron recientemente para incluir a la Guardia Revolucionaria. Pero luego, como en cualquier debate de política exterior, hay grises. España, como Francia, fueron defensores hasta el final del mantenimiento de los canales diplomáticos con Teherán, sin que eso fuera sinónimo de respaldo al régimen.

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Respecto al conflicto con Irán, la reacción europea ha sido tan variada como las posiciones de los Estados miembros, y en ningún caso el Gobierno español ha estado aislado. La diferencia es que el Ejecutivo español ha tenido voluntad de expresar públicamente su posición y de confrontar con la Casa Blanca. Pero que las reservas de Madrid hacia la operación americana e israelí eran compartidas queda demostrado por el hecho de que Francia e Italia, además del Reino Unido, aunque no sea parte de la UE, hayan mostrado después su oposición a tomar partido en el conflicto, o hayan permitido a EEUU usar sus bases únicamente bajo la garantía de que no participen en los ataques contra Irán.

Aunque existan matices en sus posicionamientos, la distinción es que, mientras otras cancillerías buscan evitar que Washington se fije demasiado en su no cooperación, o incluso quieren transmitir la idea de cooperar sin que necesariamente lo estén haciendo, Moncloa ve beneficioso el choque con la Casa Blanca. Tampoco hay apetito entre muchos países del este y del norte de Europa, que caminan una delgada línea tanto frente a Rusia como ante EEUU por Groenlandia, en justificar o apoyar excesivamente una misión que debilitaría los mismos principios por los que se respalda a Ucrania frente a Rusia o a Dinamarca ante las amenazas norteamericanas.

El Gobierno español cree que puede arrastrar a otros países a su posición, si no de manera inmediata, con el paso de las semanas. El escenario político y económico será totalmente diferente en función de la duración del conflicto, pero confían en el precedente de la ofensiva de Israel en Gaza y en el reconocimiento oficial de Palestina, una posición que al principio sostuvo Sánchez en solitario y que después fue mayoritaria. Sin embargo, las llamadas de esta semana al presidente y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se han centrado en respaldar al Ejecutivo ante los ataques de Donald Trump.