La Fiscalía demanda a Transición Ecológica por su inacción con el robo de agua en Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una demanda contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para obligar al departamento a que ejerza su competencia en materia de responsabilidad medioambiental, y actúe para implementar medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación por la extracción ilegal y masiva de aguas subterráneas afectantes al espacio natural de Doñana.

El Ministerio Público ha llegado a este punto después de que la Secretaría rechazara asumir la competencia y descargara en la Junta de Andalucía la obligación de gestionar el daño. Ha impugnado ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional una resolución de octubre de 2025 que inadmitía iniciar el procedimiento "al no ser el órgano competente para ello por no tratarse daños exclusivos del Dominio Público Hidráulico sino que involucran a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía".

Nadie ha actuado pese a que la Unidad Central de la Guardia Civil ha identificado a 250 responsables que, durante los años 2022 y 2023, realizaron extracciones ilegales de agua subterránea. "La ausencia de la adopción de medidas efectivas para evitar y reparar el daño medioambiental sobre las aguas afectantes al espacio natural de Doñana ha motivado que el TJUE haya declarado la responsabilidad del Reino de España por incumplimiento del derecho de la UE", recuerda la demanda.

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La exigencia de responsabilidad medioambiental concierne al derecho constitucional de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo que, en cuanto principio rector de la política social y económica, su reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, recuerda ahora el fiscal Manuel Campoy.

Robo masivo

Lo que han detectado el Ministerio Público y la Guardia Civil es un robo de agua "masivo, sistémico, simultáneo, persistente y fuera de control". En la reclamación a la secretaría de Estado que fue rechazada se incluía el relato del técnico Juan José Pérez Santos, que constataba que el descenso del nivel de agua del acuífero es "generalizado" y no puede atribuirse a la descarga natural o los problemas de sequía.

"El balance hídrico se está viendo gravemente afectado porque las salidas de agua son notablemente superiores a las entradas", añadía este experto, que aludía a "detracciones de agua fuera del conocimiento". Esto ocurre con explotaciones ilegales y con aquellas legales que extraen más recursos que los que tienen concedidos. Esto, según su diagnóstico, es una grave afección para el estado global de las masas de agua subterránea y, de forma subsidiaria, en las superficiales, es decir, las marismas de Doñana. "La existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea en el entorno del espacio natural es causa significativa del deterioro medioambiental que dicho espacio viene sufriendo desde hace ya varias décadas", zanjaba.

La demanda exige ahora que se declare no ser conforme a Derecho la resolución de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y se acuerde su nulidad y se condene a la Secretaría "a tramitar el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental", fijando, eso sí, un plazo para que se cumpla.