Por tierra, mar y aire: así puede crujir Trump el músculo militar de España (presente y futuro)

El presidente Donald Trump ha avisado que va a ajustar cuentas con España por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejarle utilizar las bases españolas de Rota y Morón en su campaña de bombardeos contra Irán. El mandatario norteamericano amenazó con "cortar todo el comercio" y las relaciones con un "aliado terrible". No queremos tener "nada que ver" con España, zanjó Trump el martes desde la Casa Blanca.

El Ejecutivo socialista ha respondido invocando la "legalidad internacional" de los pactos comerciales —algo un poco naïf dado el contexto— y escudándose en el paraguas de la Unión Europea, que protege a los socios de este tipo de acciones unilaterales. Sin embargo, sí hay un flanco en el que el magnate neoyorquino tendría todo el poder y la potestad para meterle el dedo en el ojo a España: las Fuerzas Armadas. Trump podría gripar la capacidad militar operativa del país, los planes de modernización y poner en serios aprietos, si quisiera, a la industria española de defensa.

Los acuerdos comerciales y políticos de defensa son bilaterales y Estados Unidos es un suministrador histórico y clave de los tres ejércitos. La Administración norteamericana puede bloquear, retrasar o condicionar de forma legal y discrecional la venta, la reexportación y el soporte de material de defensa a España por motivos de política exterior y seguridad nacional.

El principal instrumento que tiene para ello es el AECA (Arms Export Control Act o Ley de Control de Exportación de Armas), que regula las ventas de material de seguridad. Para comprar material militar estadounidense, el cliente interesado debe hacer una solicitud que es revisada por el Departamento de Estado (que ahora dirige Marco Rubio). Allí, una oficina especializada autoriza o deniega las licencias de exportación y se encarga de notificar al Congreso, que puede bloquearlas bajo ciertos argumentos (pero no autorizarlas).

En paralelo, el régimen ITAR (International Traffic in Arms Regulations) permite a Washington suspender transferencias de datos técnicos, repuestos, actualizaciones de software, certificaciones y autorizaciones de reexportación de componentes estadounidenses integrados en sistemas europeos. Para ello, no es necesario el engorro de cancelar un contrato. Pueden congelar la autorización de una licencia, retrasar una validación o negar una actualización crítica para asfixiar una capacidad entera.

La situación se complicaría todavía más si tenemos en cuenta que España ya está en plena desconexión militar con Israel, lo que está generando problemas y demoras en varios programas de armamento de calado incluyendo, entre otros, la artillería de cohetes, los misiles contra-carro Spike, varios elementos críticos del Dragon 8x8, así como las radios tácticas y varios programas de mantenimiento.

La lista de elementos que quedarían afectados por una eventual desconexión militar de EEUU es larga y compleja. A continuación, comentamos los principales sistemas que podrían verse comprometidos —en servicio y encargados— y su importancia militar.

Ejército de Tierra: drama antiaéreo

España es usuaria del sistema Patriot (de Raytheon) y sus municiones PAC-2 GEM-T (Lockheed Martin). Estas baterías de misiles son una capacidad crítica en la arquitectura de defensa aérea española. Desde 2023, España negocia la adquisición de cuatro nuevas unidades configuración 3+ (lanzadores M903, radares AN/MPQ-65, estaciones AN/MSQ-132, etc.) por unos 2.650 millones de euros. El pedido —que en su momento recibió luz verde de Washington— incluye medio centenar de misiles PAC-3 mejorados y el paquete de apoyo/logística asociado.

Los Patriot se han mostrado muy eficaces en la defensa antiaérea de medio alcance, tanto en Ucrania como en Israel. Pueden interceptar aviones, misiles balísticos y drones enemigos hasta 100 km de distancia y más de 20 km de altitud, según la munición. Una de las virtudes del sistema es que existe comunidad de usuarios (18 países) y, por tanto, cadena logística compartida. Pero los ciclos industriales son largos —hasta dos años por interceptor— y la producción está tensionada por el auge de la demanda global.

El Ejército de Tierra opera actualmente tres baterías en configuración 2+ en el Regimiento de Artillería Antiaérea 74 (Marines, Valencia). Los equipos fueron comprados de segunda mano a Alemania (la primera hace casi 20 años y las dos siguientes en 2014). Una de ellas está desplegada en Turquía desde 2013 bajo paraguas OTAN para proteger al país de posibles ataques desde la vecina Siria. Dentro del contrato se preveía la actualización de estos activos a configuración 3+, lo que aumenta la precisión y alcance efectivo de las baterías, que pueden derribar misiles balísticos a más de 100 kilómetros.

Sin soporte estadounidense, las actualizaciones de software, la reposición de interceptores y la migración a 3+ quedarían en el aire. Además, empresas españolas como Sener y Grupo Oesía participan en la cadena de suministro global del Patriot con ciertos componentes, por lo que también se verían afectadas si se establece un bloqueo de licencias ITAR, datos técnicos o validaciones.

"Este contrato apoyará la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos mediante la mejora de la seguridad de un aliado de la OTAN, que es una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico de Europa", explicaron las autoridades estadounidenses en su día para permitir la exportación de esta tecnología militar. La fórmula "apoyar política exterior y seguridad nacional" es crítica. Igual de fácil podrían ahora decir que este contrato no cumple con los objetivos de la Casa Blanca.

Otro producto que utiliza el Ejército de Tierra es la munición guiada de precisión para artillería M982A1 Excalibur. España ha encargado 271 proyectiles en distintos lotes por unos 48 millones de dólares, incluyendo sistemas de control de tiro, asistencia técnica y apoyo logístico. El país es usuario de esta munición desde 2020, con la adquisición de un primer lote de 118 unidades.

Armada: golpe crítico al poderío naval

Un potencial veto militar pondría en serio peligro la operatividad de los principales buques de combate de la Armada, presentes y futuros, y comprometería capacidades tecnológicas de los astilleros públicos Navantia.

Las fragatas F-100, principal buque de combate de la Armada en la actualidad, incorporan el sistema Aegis (Lockheed Martin), que es la columna vertebral de su defensa antiaérea. El Aegis se encarga, a través de múltiples sensores y fuentes, de recoger la información, procesar los datos, identificar y priorizar las amenazas y activar las armas disponibles para enfrentarlas.

La prevista modernización de media vida de las F-100 prevé migrar al estándar más reciente, el Aegis/Mk41 Baseline VIII, con nuevos procesadores de señal, radar actualizado y soporte de ingeniería. Sin cooperación EEUU, el mantenimiento y evolución de este sistema crítico quedaría en el aire. También podría verse afectada la disponibilidad de munición y armamento naval, incluyendo los misiles antiaéreos SM-2 Block IIIB y los torpedos ligeros MK-54 (ambos de Raytheon).

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Un eventual veto duro impactaría de lleno a las futuras fragatas F-110, concebidas desde su diseño alrededor del ecosistema Aegis, pondría en duda su viabilidad y erosionaría cualquier tipo de credibilidad exportadora. Uno de los puntos fuertes de este buque antisubmarino es la integración del sistema antimisiles estadounidense Aegis, el sistema de combate nacional SCOMBA y el nuevo radar SPY-7 (V), un trabajo conjunto entre Navantia y Lockheed Martin que pondrá a las F-110 entre los buques más sofisticados de su clase. Además, el Aegis que integrarían sería la Baseline IX, el más moderno disponible y muy superior al de las F-100, que ya tiene más de una década.

Otro sistema de armas crucial que podría verse afectado son los submarinos S-80+, una serie de cuatro de la que actualmente solo navega el primero el S-81 Isaac Peral. Aunque es de Navantia y el motor eléctrico principal de Gamesa, el buque integra diversos sistemas de origen estadounidense, especialmente en áreas clave de combate, sensores y propulsión. Esto se debe, en parte, a que la estadounidense Electric Boat (de General Dynamics) fue clave para rescatar el diseño del submarino. El sonar suite es de Lockheed Martin, los sensores optrónicos de L3Harris y las celdas de combustible son de UTC Power, por citar algunos ejemplos. El propio futuro sistema de aire independiente (AIP) de Abengoa, que incrementará la capacidad de inmersión de los S-80, está supeditado al uso de material estadounidense.

No solo los buques. La Armada también podía ver en peligro su pedido de ocho helicópteros MH-60R Romeo —por unos 820 millones de euros— y que están llamados a ser el vector principal de guerra antisubmarina embarcada. Este equipamiento de Sikorsky Aircraft, una compañía de Lockheed Martin, viene a sustituir a la veterana flota de helicópteros tácticos navales basada en el modelo SH-60B y que están al final de su vida operativa.

Aunque su fuerte es la lucha antisubmarina (ASW), se trata de un helicóptero multipropósito que está preparado para el combate antisuperficie (ASuW), asimétrico y tareas de rescate. Cuenta con un radar de superficie que puede detectar periscopios de submarinos a 300 kilómetros; con sonoboyas o hidrófonos submarinos desechables, que permiten escuchar las profundidades marinas, y un sonar calable, similar a la sonoboya pero fija al helicóptero, lo que le da más precisión y potencia.

El contrato también incluye el suministro de misiles AGM-114R Hellfire II, una sofisticada munición guiada por láser de precisión, aire-superficie y multifunción, diseñada para destruir blindados, estructuras, vehículos y personal, y el sistema de guiado APKWS.

Además, podría descarrilar los planes para mantener activa la flota de Harrier AV-8B de la Novena Escuadrilla, un caza de aterrizaje y despegue vertical que opera nuestro portaeronaves LHD Juan Carlos I. Con el fabricante (Boeing/BAE Systems) retirando progresivamente soporte, cualquier restricción a la adquisición de aviones de segunda mano que la Armada tiene acordada impedirían alargar la vida de los Harrier. Esto neutralizaría, de facto, la aviación embarcada española, ya que en este escenario se descartaría también la compra del F-35B, la versión navalizada del caza de quinta generación que puede despegar y aterrizar en una pista corta como la del buque insignia de la Armada.

Ejército del Aire: cazas sin garras (o en tierra)

El Ejército del Aire y del Espacio tampoco saldría indemne de un bloqueo total a la cooperación militar. Los dos sistemas críticos en la mira serían la munición aire-aire AMRAAM de Raytheon y el sostenimiento de los F-18 de Boeing (anteriormente McDonnell Douglas).

El F-18 ha sido un pilar de la defensa aérea española desde los años 80, destacando por su versatilidad en misiones aire-aire y aire-superficie. Actualmente está siendo progresivamente sustituido por Eurofigthers con los llamados programas Halcón. Pero todavía hay alrededor de 70-80 unidades activas (incluyendo versiones modernizadas EF-18M) distribuidas en las Alas 12 (Torrejón), 15 (Zaragoza) y 46 (Gando), y suponen la mitad de nuestra fuerza de cazas de combate (también hay unos 60-70 Eurofighter operativos).

Estados Unidos es clave para el sostenimiento de motores F404 (F-18). Además, se está pensando en modernizarlos para alargar su vida operativa de estos ejemplares, dadas las dudas en cuanto a su reemplazo (F-35A o modelo alternativo) y sobre los programas en desarrollo en Europa (por el momento, el fallido FCAS). Aunque España puede hacer modificaciones por su cuenta en el software de los F-18, cualquier actualización sin los norteamericanos siempre será más complicada.

Incluso plataformas europeas como el avión de patrulla marítima C295 de Airbus podrían verse afectados. Esta aeronave, diseñada para misiones de vigilancia, lucha antisubmarina, búsqueda y rescate (SAR) y transporte, incorporan motores turbohélice Pratt & Whitney Canada, aviónica y la cabina son de Collins Aerospace y las hélices de Hamilton Sundstrand, las tres bajo paraguas corporativo de Raytheon.

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El futuro de los MQ-9 Predator Block 5 (de General Atomics), operados desde Talavera la Real, también quedaría en el aire. España tiene cuatro unidades y planea mejorar las capacidades de estos aparatos dotándoles de soportes para armas. Esto permitirá a los ejemplares del Escuadrón 223 emplear bombas guiadas GBU-49 y GBU-12 o misiles AGM-144 Hellfire (una novedad para las Fuerzas Armadas españolas).

Asfixia industrial o exportar "boinas"

Si Trump se lo propone, podría llevar la bronca al sensible terreno de la cooperación en inteligencia, ciberdefensa e incluso a los propios tratados bilaterales de defensa y seguridad. Y, en última instancia, podría llegar a poner en serios problemas a la industria nacional de defensa. Porque un boicot militar duro de EEUU no afectaría solo a lo que España compra, sino a lo que fabrica.

Casi cualquier sistema de armas complejo —desde vehículos 8x8 a satélites de grado militar, submarinos o drones— incorpora componentes, chips, software o sensores sujetos a regulación estadounidense. Sin autorización de reexportación, España podría encontrarse con contratos bloqueados en terceros países. Navantia, Airbus España, Indra o GMV trabajan en ecosistemas híbridos donde la interoperabilidad con estándares OTAN y tecnología estadounidense es norma. Un desacoplamiento forzoso del mayor fabricante de armas del mundo, aunque no fuera inmediato, podría ser una ruina operativa y económica.

En términos estratégicos, la cuestión no es si Washington puede hacerlo —puede—, sino cuánto estaría dispuesto a tensar la cuerda con otro aliado de la OTAN por una crisis coyuntural. No sabemos si Trump tirará con fuerza de la soga. Pero sobran precedentes de cómo se puede convertir la dependencia tecnológica en un instrumento de coerción política.

“Hay infinidad de pequeños sistemas y componentes en casi todo lo que fabricamos y exportamos. Si nos cortan eso y prohíben su uso, de material de defensa no podremos vender fuera otra cosa que boinas”, resume Juanjo Fernández, analista militar de El Confidencial. "Y hay que recordar que una venta de armas (casi) nunca es solo una venta de armas", concluye.