El juez fijará una nueva cita secreta para que Aldama entregue el sobre de la financiación del PSOE

La anulación de la citación cursada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno hace unos días para que el empresario Víctor de Aldama compareciera ante él y aportara el contenido de un sobre que se encuentra en su poder y que, según él mismo ha especificado, contendría información vinculada a una supuesta financiación ilegal del PSOE, es temporal. Fuentes cercanas al caso aseguran a El Confidencial que el magistrado volverá a convocar al empresario pero lo hará en una fecha que se mantendrá reservada.

En un inicio, la citación se acordó para este mismo miércoles 4 de marzo pero apenas veinticuatro horas más tarde, Moreno dictó una providencia en la que la suspendía haciendo alusión al estado del procedimiento. Con esa mención, el instructor se refería a que las actuaciones de esa pieza en la que se examina la legalidad de los pagos del partido socialista, se encuentran decretadas secretas. Como tales, debe permanecer así cualquier diligencia que se efectúe y, en este caso, la iniciativa del juez trascendió. Eso le llevó a anularla, "de momento".

Si la entrega llega a producirse, tendrá que desarrollarse fuera de los focos y sin conocimiento público. El sobre que tanto revuelo está produciendo fue detectado por la Guardia Civil en las comunicaciones intervenidas y su hallazgo quedó reflejado en un informe. Los investigadores explicaban que localizaron la existencia de estos documentos relacionados con Venezuela en dos fotografías enviadas a Aldama por su socio, Luis Alberto Escolano, en agosto de 2024. El sobre marrón que los contenía tenía el distintivo de "Confidencial" y en ellos se leía "República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Petróleos de Venezuela S.A.".

Como remitente de los documentos figuraba "Manuel Quevedo Fernández. Ministro del Poder Popular de Petróleo. Presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA)". Quevedo ocupó efectivamente ese cargo entre noviembre de 2017 y abril de 2020. Por su parte, aparecía como destinataria de los papeles "Delcy Eloína Rodríguez Gómez", ahora presidenta de Venezuela, cuya visita a España en enero de 2020 fue ocultada por el Ejecutivo de Sánchez. Desde un inicio, la UCO dedujo que se trataba de documentación sensible o delicada perteneciente a Víctor de Aldama y el empresario concretó después que efectivamente lo era, tanto para Pedro Sánchez como para su partido.

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En una de las últimas declaraciones de Aldama en la Audiencia Nacional, el fiscal anticorrupción sacó esos documentos a relucir y preguntó directamente por ellos al empresario. "Bueno, si no les importa, eso es algo que creo que tenemos que negociar directamente o que tenemos que hablar directamente con ustedes porque estamos hablando de la financiación ilegal del partido", dijo él como respuesta.

Aldama tiene dos frentes judiciales abiertos y en uno de ellos está mejor posicionado que en el otro. Imputado por los pagos al exministro de Transportes José Luis Ábalos para obtener contratos para su empresa Soluciones de Gestión, será juzgado a partir de abril junto al socialista y su ayudante Koldo García. La pena que le reclama la Fiscalía es mucho menor a consecuencia de su cooperación pero sigue alcanzando, por ahora, los siete años y una condena implicaría, por tanto, su vuelta a prisión.

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Además, se le mantiene abierto el frente del caso de los hidrocarburos centrada en el supuesto fraude en el IVA en el sector en cooperación con el industrial Claudio Rivas. Se habrían defraudado a Hacienda más de 182,5 millones de euros. La trama buscaba asegurar licencias de operación a través de influencias para lo que habría pagado cerca de un millón de euros para "comprar la voluntad" del exministro Ábalos, ha determinado la UCO.

La financiación irregular

La cita en cuestión se celebrará en el marco de la pieza sobre la formación socialista que se abrió a iniciativa del Tribunal Supremo, que apreció indicios de irregularidades en el cobro por parte de Ábalos y Koldo García de dinero en efectivo en la sede de Ferraz a cambio de gastos adelantados. También suma la versión de la empresaria Carmen Pano que asegura que llevó dinero a la sede del partido en la calle Ferraz en fajos de 5.000 euros con billetes de 50.

El secreto se mantiene mientras la UCO analiza la información facilitada por el PSOE sobre todos los pagos a sus cargos en los últimos años. De momento, la investigación se encuentra en desarrollo y no existen acusados pero los indicios ya existentes apuntan a la comisión de delitos de blanqueo de capitales e incluso de financiación ilegal, ambos atribuibles a personas jurídicas como la propia formación.