La Audiencia Nacional estudia en secreto si es competente para investigar Plus Ultra

El caso Plus Ultra ya ha viajado de tribunal en tribunal dos veces y ahora la Audiencia Nacional tiene que determinar de nuevo si se queda definitivamente con él o no. El juez José Luis Calama decidirá en las próximas semanas sobre su competencia antes de plantearse la posibilidad de levantar el secreto de las investigaciones. El objetivo de la Fiscalía Anticorrupción es que la reserva no se alargue ya demasiado, precisan fuentes jurídicas consultadas, que apuntan a que aún se espera la respuesta a algunas comisiones rogatorias cursadas.

El caso llegó a la Audiencia Nacional la pasada semana después de permanecer durante meses en manos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. La jueza Esperanza Collazos se inhibió al apreciar que la dimensión que comenzaba a tomar, superaba los límites de las pesquisas iniciales para dibujar la actividad de una organización criminal con derivadas tanto en España como en el extranjero, muy en concreto en Venezuela. La aparición en escena del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la posibilidad de que influyera en el rescate de la compañía aérea y recibiera compensaciones económicas a cambio, sobrevuelan el proceso desde hace semanas.

En el origen se encuentra una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió en forma de rescate en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países. La ironía es que esta recayó en origen en la Audiencia Nacional que, hace más de un año, rechazó admitirla por no ser el tribunal adecuado para ello.

La Fiscalía denunció el "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva". Se presentaba contra varias personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, desviados a una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

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Según el Ministerio Público, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela". La constituirían "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

Anticorrupción mantiene unas segundas diligencias

Asumida tras el rechazo de la Audiencia Nacional por parte de la jueza Esperanza Collazos, la parte judicializada se centró en las actividades en territorio español. Mientras tanto, la propia Anticorrupción mantiene abiertas sus propias pesquisas, de momento independientes. El resultado de esas segundas diligencias del departamento que dirige Alejandro Luzón acabará previsiblemente acumulado en el caso de la Audiencia Nacional, como todo apunta, se lo quede.

En este procedimiento, están investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli, además del empresario Julio Martínez Martínez conocido por sus vínculos empresariales con José Luis Rodríguez Zapatero. El centro de los cobros fue la empresa Análisis Relevante, propiedad de Martínez a través de la que se vehiculaban los pagos. Este empresario, íntimo del expresidente del Gobierno, cobraba de Plus Ultra y después abonó supuestos trabajos al socialista y a sus hijas por un importe total de 661.000 euros.

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Las sospechas de los investigadores es que esos intercambios económicos sirvieron para esconder el pago de comisiones ilegales a Zapatero por haber mediado ante el Gobierno de Sánchez para que aprobara el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y destinar 53 millones de euros públicos a salvar Plus Ultra. En esa operativa, Análisis Relevante SL habría desempeñado una función meramente instrumental para mover el dinero de la aerolínea hasta el antiguo secretario general del PSOE sin despertar ninguna sospecha.

Con el secreto levantado, el horizonte se complica para Zapatero, que acabará teniendo que declarar, aunque aún es pronto para decir si como testigo o como imputado. Este lunes ya lo hizo ante la comisión de investigación del Senado. Desde la cámara alta, negó cualquier tipo de "relación" con el rescate y aseguró que nunca participó en reuniones para forzar la ayuda. "Son falsedades", ha dicho. El dinero recibido fue el fruto de su trabajo como lobista, mantiene.