Anatomía de un caso cerrado: el Rey paró el golpe, el Cesid participó y los políticos conspiraron contra Suárez

Han tenido que pasar 45 años para que el golpe de Estado del 23-F se considere ya un caso cerrado. A pesar de los testimonios de los protagonistas, del macrojuicio y de las decenas de libros serios publicados sobre aquella jornada, han tenido que desclasificarse los documentos considerados secretos durante casi medio siglo para que las líneas maestras se hayan visto confirmadas y las teorías de la conspiración, derrotadas: la asonada la paró Juan Carlos I, el Cesid no sólo no se enteró de nada, sino que tuvo agentes implicados y la clase política estuvo inmersa casi unánimemente en un hervidero de estrategias para provocar la sucesión del presidente, Adolfo Suárez, que en ese momento sufría un enorme desgaste. A la verdad judicial se suma ahora la verdad de los documentos. Y como una posdata casi poética, la muerte en el mismo día de Antonio Tejero, el protagonista del golpe, el autor de los disparos que aun hoy permanecen en el techo del hemiciclo: la anatomía de un instante. Aun así, a los partidarios de las teorías de la conspiración no es suficiente y nunca lo será.

De modo que la desclasificación de 153 documentos aprobada esta semana por el Gobierno ha supuesto la primera buena noticia para Juan Carlos I en años y supone la confirmación de que la noche del 23 de febrero el Rey de la Transición se comportó como debía: frenando un pronunciamiento contra el orden constitucional. "Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil", le dijo al capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, ordenándole que depusiera su actitud después de haber sacado los tanques a la calle, tal y como revela uno de los documentos desclasificados.

En este sentido, es especialmente relevante un documento del CNI que relata que el Rey mantuvo una conversación "muy tensa" con el general Alfonso Armada entre las 20 y las 21 horas del 23-F. Poco después, ordenó transmitir un télex a la Junta de Jefes del Estado Mayor (JUJEM), a los capitanes generales, a las zonas marítimas y a las regiones aéreas en el que ordenaba la toma de las "medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente". Aquella noche, el Rey, que inicialmente estaba jugando al squash, se puso a trabajar para parar la asonada.

En definitiva, los 153 documentos desclasificados tienen mucho interés porque ofrecen un fresco muy atinado de cómo era España poco más de cinco años después de que Juan Carlos I fuese proclamado Rey y poco más de dos desde que se aprobó la Constitución en diciembre de 1978. Aquella incipiente democracia atravesaba un momento de debilidad y el presidente del Gobierno no se percibía como una solución sino como un problema: para la clase política, que conspiró para sustituirle dentro de los márgenes de la Ley y, sobre todo, para los militares, donde existía un malestar creciente con Suárez que venía de lejos.

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Exactamente desde que legalizó el Partido Comunista de España en la Semana Santa de 1976, unos meses después de que Suárez se reuniera con la cúpula militar y les convenciera de que todo iría bien. El terrorismo de ETA, que en el año 1980 segó la vida de casi cien personas, tampoco ayudaba a calmar las tensiones en los cuarteles. La aprobación de los Estatutos de autonomía a partir de 1979 fue otro elemento de descontento en los cuarteles, donde en aquellos años y en los sucesivos proliferaban los panfletos contra el Rey.

En los meses previos al 23-F estaban pasando muchas cosas. Es especialmente significativo un documento de la Guardia Civil titulado "Planificación del golpe". En él se describen las distintas tramas existentes en aquella España convulsa, unas civiles y otras militares. Todas ellas compartían un diagnóstico similar sobre el deterioro de la política española, pero no los mecanismos para remediarlo ni el alcance de las "operaciones" a poner en marcha: tres tramas militares y cuatro civiles que bien podrían ser consideradas políticas. Las primeras son la muestra de que un golpe de Estado era cuestión de tiempo, y las segundas son la prueba de que Suárez estaba amortizado.

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Precisamente, según un documento del 10 de febrero de 1981, el Ministerio de Defensa consideraba que la posibilidad de un golpe de Estado militar en España era la tercera principal amenaza interior tan solo dos semanas antes del 23-F, por detrás del terrorismo y del separatismo.

Coroneles, generales y espontáneos

De las tramas militares, la que tenía más visos de prosperar era la de "los coroneles". Pretendía protagonizar un "pronunciamiento" para derrocar el régimen constitucional, instaurar una república presidencialista "con protagonismo militar" que aprobara una nueva Constitución con participación "matizada" de los partidos políticos. Su horizonte temporal para instaurar el nuevo régimen era 1983, después de que el deterioro político hubiera arrastrado al desprestigio no sólo a la UCD, sino también al PSOE. Los agentes de la Guardia Civil apuntan que estos conspiradores "no son monárquicos", por lo que su apuesta es una "república presidencialista", y aunque admiten la existencia de los partidos políticos, estos estarían "muy matizadamente definidos en la Constitución nueva que se promovería al llegar al poder".

La segunda operación era más peligrosa: la de los espontáneos. "Más grave que el intento en sí sería que se pusiese en práctica y fracasara o triunfara a medias, pues conllevaría: fractura de la unidad de las FAS con peligro de guerra civil; y depuración, desquites y venganzas entre cuadros militares".También tenían planificado cómo actuar con Juan Carlos I, con el Gobierno y con otras personas relevantes. "En cuanto al Rey, se impediría su huida, subordinando la existencia de la Corona y la vida de su titular a la aceptación del hecho consumado".

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Estas dos tramas revelan que el Rey formaba parte del problema. De hecho, otro de los documentos establece que el error de los golpistas del 23F fue "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero”. La tercera operación era más institucional y de ella formaban parte varios tenientes generales: la idea sería que Suárez dimitiera de forma inmediata y el Rey operaría "constitucionalmente". Para estos conspiradores, la solución pasaba por Manuel Fraga como líder del nuevo Gobierno, pues estos militares de alto rango querían huir de todo protagonismo.

Y aquí se llega al ambiente político, un auténtico runrún de estrategias políticas y tácticas personales que no se preocupaba por el Rey, sino por Suárez, y que no pensaba en golpes de Estado cuarteleros. El PSOE, Fraga, Herrero de Miñón, Landelino Lavilla, Martín Villa, Garrigues... a tres meses del golpe de Estado, la clase política era un gran hervidero de estrategias para conseguir alcanzar el poder. La única opción que los investigadores establecían como verosímil era la socialista: existía un plan para sustituirlo por un presidente militar y hacerlo como "antídoto contra el golpismo".

El 23-F fue un golpe de Estado incruento, pero no estuvo exento de riesgos. Diversos documentos ofrecen detalles sobre lo que podía llegar a haber sucedido. Un buen ejemplo fueron las órdenes recibidas por la unidad que se desplegó en Prado del Rey para tomar RTVE: "El primer tiro al aire, el segundo a dar, con los cargadores metidos y sin seguro ni nada". Otro fue que los GEO de la Policía planearon asaltar el Congreso durante el secuestro de los diputados y asumieron el coste de hasta 100 muertos.

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Otra de las novedades que arrojan los documentos es la constatación de que el Cesid, actual CNI, no sólo no se enteró del golpe, sino que participó en él: al menos seis miembros de la Agrupación de Misiones Especiales involucrados en el 23-F.

Los bulos del 23-F

Tras el golpe fallido, el Ministerio del Interior recopiló una serie de "bulos" acerca de la presunta implicación del rey Juan Carlos I en el mismo, que fueron supuestamente difundidos por los "defensores de los verdaderamente implicados" en la asonada, así como por "los grupos políticos y círculos simpatizantes" de su causa. Así consta en un archivo del Ministerio, incluido en los documentos desclasificados acerca del intento de golpe de Estado consultado por EP, en el que Interior reúne algunos de los "panfletos más significativos que han dado lugar a la creación de bulos".

Interior reconoce en ese documento que los "sucesivos rumores contra la Corona tuvieron algún éxito en los sectores de la derecha radical". Lo que se trató, según el Ministerio, fue de "imbuir de manera insistente la idea de que no era posible la intervención de dos generales como Milans del Bosch y Alfonso Armada sin conocimiento previo" del rey Juan Carlos I.

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Según uno de esos bulos, el monarca "se puso de acuerdo" con Armada en Baqueira "durante las vacaciones navideñas". Juntos, recoge el documento, "ultimaron los detalles de la caída del presidente Adolfo Suárez y el general informó a su majestad del punto de vista del PSOE". "Después Armada viajó a Valencia y allí concretó la forma de hacerlo con Milans del Bosch", añade. Para apuntalar la idea de que el rey era conocedor del intento de golpe, esos bulos destacaban que el monarca "tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien". Como "prueba de que conocía los hechos que iban a producirse", indican que éste "envió a sus hijos a Inglaterra".

En definitiva, la desclasificación de estos 153 documentos cambia muy poco la versión oficial y general sobre el 23-F. Surgen dos preguntas: cuáles eran las intenciones del Gobierno con esta desclasificación y cuánto tardará en levantar el secreto sobre otros asuntos catalogados que aún permanecen considerados secretos. En el capítulo de las curiosidades, el mismo día que se levantaron los secretos del 23-F falleció el golpista que asaltó el Congreso. Se fue sin arrepentirse y justo el día que toda España supo que su mujer, Carmen Díez Pereira, consideraba que aquella fatídica jornada lo dejaron "'tirao' como una colilla". "El tonto desgraciado, lo han 'dejao' solo, para no variar". Y a pesar de que nunca habló de aquello, 45 años después del golpe de Estado que amenazó la democracia española se puede decir al fin que es un "caso cerrado". Aún así, sus restos quedarán para siempre en la bóveda del hemiciclo. Allí permanecen, y permanecerán, los disparos del golpe de Estado del 23-F. La anatomía de aquel instante.