Sánchez desclasifica el 23-F mientras ignora a Transparencia y oculta sus viajes y los de su familia en Falcon

El presidente del Gobierno ha desclasificado este miércoles los documentos sobre el golpe de Estado del 23-F que permanecían ocultos desde hace 45 años. "La memoria no puede estar bajo llave", escribía Pedro Sánchez el lunes en su cuenta de X. Lo que sigue bajo llave, sin embargo, es la información sobre los viajes en Falcon y otros medios oficiales del Estado por parte del presidente y su familia. Un tema en el que Moncloa sigue esquivando las sucesivas resoluciones del Consejo de Transparencia. La última, este mismo enero.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha resuelto en contra de Presidencia por negarse a responder a una solicitud de información sobre "la relación de medios oficiales de transporte utilizados por familiares directos del presidente del Gobierno, hijas y padres, bien solos o acompañados del presidente del Gobierno o de su mujer", Begoña Gómez.

La información solicitada comprendía desde el año 2020 hasta la actualidad, y se pedía incluir el motivo de dichos viajes y la relación de acompañantes, excluyéndose a los integrantes del equipo de seguridad que les acompañaban. La pregunta fue dirigida a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y no tuvo respuesta alguna. El Consejo de Transparencia reclamó a Moncloa sus alegaciones para no responder, pero también ignoraron la petición del ente público.

En su resolución sobre este caso, Transparencia asevera que la falta de respuesta de Presidencia ataca frontalmente un derecho constitucional de la ciudadanía: "El órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública".

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Transparencia también critica a Sánchez por no responder a la solicitud de alegaciones, "lo que dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no comunicarle cuáles han sido los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información".

Por consiguiente, ha resuelto estimar la petición de información del ciudadano y que responda en diez días hábiles sobre el uso del Falcon y otros medios oficiales por parte de los familiares de Sánchez. Sin embargo, el CTBG carece de la capacidad de imponer sanciones a Moncloa, por lo que solo puede instar a que responda, sin ir más allá. Una debilidad que ha sido expuesta por entes internacionales como Transparencia Internacional, en cuyo índice de percepción de la corrupción España ha vuelto a caer varios puestos.

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La solicitud de información realizada en este caso a Transparencia resulta pertinente si se tiene en cuenta que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está siendo investigada por un presunto delito de malversación de fondos públicos por utilizar asesores a sueldo de Moncloa para sus negocios privados en la Universidad Complutense. En concreto, utilizaba a este personal eventual al servicio de Presidencia para convencer a los patrocinadores de su cátedra que siguieran invirtiendo en ella.

Llama la atención que en numerosas ocasiones el presidente se ha acogido a la Ley de secretos oficiales, una ley franquista de 1968, para ocultar sus idas y venidas con el Falcon, a veces utilizado para acudir a conciertos o a actos del Partido Socialista. Otras veces, como en esta última resolución, se niega a responder y ahí acaba la cosa.

Al mismo tiempo que Sánchez se niega a facilitar información alguna sobre sus viajes en Falcon o los de su familia, expone su voluntad de transparencia con la desclasificación de los archivos del 23-F: "La memoria no puede estar bajo llave. Mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Gracias a quienes abristeis camino".

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Mientras, sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados la Ley de información clasificada, con la que el Gobierno pretendía, precisamente, renovar la franquista ley de secretos oficiales en la que suele apoyarse para no informar sobre los viajes en Falcon. Esta nueva norma plantea sanciones para periodistas que publiquen información que el Consejo de Ministros haya clasificado como "alto secreto", estableciéndose multas de entre 800.000 y 2,5 millones de euros.