El PSOE vota con Vox para sacar la condena al fiscal general del informe sobre el Estado de derecho de la UE

Los socialistas europeos han votado con los grupos de extrema derecha con el fin de tumbar las aportaciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) del Parlamento Europeo para la elaboración del informe sobre el Estado de derecho de 2026, lo que supone por primera vez que en este asunto se haya roto la llamada "mayoría Ursula": populares, socialistas, verdes y liberales. El motivo por el que el S&D ha votado en contra tiene que ver con la inclusión de la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una negociación en la que ha tenido protagonismo el PSOE.

El documento sometido a votación es una opinión que la Comisión JURI elabora para contribuir al informe final que elabora la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), que es la competente para redactar ese balance anual, siempre contando con las aportaciones de otras comisiones. Se da la circunstancia de que el presidente de LIBE es el español Javier Zarzalejos, y el debate en JURI ha tenido también una especial presencia española: el ponente responsable de elaborar el informe ha sido Adrián Vázquez (PP) y el portavoz de los S&D ha sido José Cepeda (PSOE).

Según ha podido constatar este periódico, los asuntos que decaen son esencialmente trece, aunque el más polémico es el relativo al fiscal general. Este punto subrayaba "la necesidad de separar judicatura y fiscalía para preservar la imparcialidad y reforzar la protección de la independencia de los servicios de fiscalía frente a interferencias políticas". Los socialistas calificaron este asunto de key vote, lo que implicaba que, en caso de ser adoptado —como finalmente ocurrió—, votarían en contra del informe en su conjunto en la votación final.

El propio Cepeda explicó a El Confidencial que el texto propuesto "pretendía introducir en el informe una referencia indirecta" al ex fiscal general del Estado en un contexto de polémica judicial en España, lo que en su opinión suponía "trasladar al ámbito europeo una confrontación política interna que nada tenía que ver con el análisis sistémico que debe realizar este instrumento comunitario".

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"Hemos votado a favor de preservar el rigor del Informe sobre el Estado de derecho, y en contra de una opinión cargada de acusaciones políticas y sin fundamento contra el Gobierno de España, especialmente cuando ello corre el riesgo de socavar la percepción de independencia del Ministerio Fiscal. Eso contradiría los propios principios que el informe pretende defender”, ha afirmado Cepeda, quien había advertido de que la enmienda desvirtuaba el sentido estructural del mecanismo europeo", subrayó.

Se tumban doce asuntos más

La consecuencia práctica de este choque y del voto en contra del PSOE y los grupos de derecha radical es que decaen otros doce asuntos más, siempre en el ámbito de la Justicia, que es en el que se mueve JURI. El primero buscaba reforzar el vínculo entre Estado de derecho, pluralismo y confianza institucional y reclamaba que se garantizara la independencia judicial, un mejor acceso a la justicia y la protección de jueces, fiscales, abogados, medios y sociedad civil frente a presiones políticas.

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Otro asunto expresa la preocupación por el retraso en la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En este sentido, proponía "reforzar el seguimiento, posibles herramientas de refuerzo y un mayor uso de los estándares de la Comisión de Venecia", el organismo dependiente del Consejo de Europa interesado en el cumplimiento de los estándares europeos.

En lo relativo a España, el pasado mes de septiembre una delegación de esta institución viajó a España para conocer de primera mano los motivos por los que no se cambiaba el modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar del acuerdo sellado en Bruselas en junio de 2024 por el Gobierno y el PP. El informe final fue concluyente en que el modelo que más le gusta es el que proponen los conservadores, si bien también establecía algunas condiciones.

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La propuesta de la Comisión de Justicia también vinculaba el retroceso del Estado de derecho con violaciones de derechos fundamentales, en concreto por uso excesivo de la fuerza, detenciones injustas y restricciones a periodistas y ONG e incluye la situación de las prisiones como cuestión relevante. En este último punto, que afecta a Francia y a Italia, no es en absoluto un problema en España. En materia anticorrupción, JURI alertaba sobre su impacto en la confianza pública y pedía nombramientos meritocráticos en autoridades independientes, mayor transparencia y cooperación con la Fiscalía Europea.

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Otras peticiones son la importancia de que haya funcionarios neutrales —también a nivel local—, investigaciones rápidas e imparciales en casos de corrupción, especialmente de alto nivel, y el refuerzo de la protección de denunciantes (whistleblowers) y periodistas. Asimismo, en el ámbito de los medios de comunicación se reclamaba el refuerzo de la protección del pluralismo mediático y de los periodistas, se exigía la plena aplicación del European Media Freedom Act (EMFA), y se alertaba sobre la concentración de medios y la interferencia política.

Finalmente, el informe negociado por el ponente, Adrián Vázquez, y que finalmente no ha salido adelante a pesar de que ha sido una negociación hasta el último momento, pone el foco sobre los límites a las grandes plataformas tecnológicas y el refuerzo de la alfabetización mediática contra la desinformación. También subrayaba el papel de la sociedad civil y defendía un entorno "habilitante" para ONG, sindicatos y defensores de derechos humanos, "advirtiendo contra restricciones o criminalización".

En el ámbito de los derechos LGBTIQ+, solicitaba la eliminación de barreras al reconocimiento transfronterizo de parejas y filiación conforme al Derecho de la UE. En cuanto a la igualdad de género, cuatro asuntos: lucha contra la violencia de género, defensa del Convenio de Estambul, preocupación por movimientos antigénero y una llamada a garantizar el acceso al aborto.

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Desde Patriots, el eurodiputado español Juan Carlos Girauta justifica su voto en contra argumentando que "lógicamente no hemos votado en contra del Estado de derecho, sino contra un informe con ese nombre", un informe que en su opinión está "manipulado por el PSOE para colocar las críticas al fiscal general del Estado condenado" o "el rechazo a la amnistía como ataques al Estado de derecho".

Girauta también ataca al PP, al que acusa de haber intentado endurecer la condicionalidad de los fondos con nuevos mecanismos financieros para castigar "los países que no pasan por el aro ideológico de Bruselas con la excusa de que no se respeta el Estado de derecho". También reprochan que el informe se entrometía en competencias nacionales con indicaciones en ámbitos como sistemas penitenciarios, organización judicial o gestión administrativa, pedía "más censura" sobre los contenidos digitales y señalaba a los medios públicos "como el pilar esencial del pluralismo y de la lucha contra la desinformación, sin ninguna crítica al asalto a medios públicos como el que Sánchez ha protagonizado con RTVE y el acuerdo cómplice del PP".