El Gobierno limita al 35% los ingresos totales por publicidad institucional de los medios

El Gobierno avanza en su plan de acción democrática, que incluye medidas de regeneración y transparencia, que Pedro Sánchez impulsó tras sus cinco días de reflexión por la investigación judicial a su esposa. El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que establece un límite del 35% en la publicidad institucional destinada a los medios de comunicación y, por primera vez, a las plataformas en línea por el conjunto de las administraciones públicas.

Sustituirá a la norma aprobada en 2005 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y tendrá también consecuencias para los poderes públicos, el Estado, la administración autonómica y la local, que estarán obligadas a desvelar anualmente cuánto dinero invierten en publicidad.

La nueva legislación trata de adaptar al ordenamiento español el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) pero también, según explicó este martes el ministro de Transformación Digital, Óscar López, busca que la publicidad del sector público que, dijo, cumple un papel esencial de información a los ciudadanos, "no se puede convertir nunca en un medio de compra de dinero".

Según el Gobierno, esta regulación quiere evitar que la subsistencia económica de los medios dependa de los fondos públicos, garantizando así su independencia. "Un medio de comunicación de que son 50%, 60% o 70% de financiación del sector público, medio privado me refiero, no es un medio de comunicación", señaló el ministro.

La ley obliga a cumplir con los nuevos requisitos de transparencia del marco europeo para acceder a la publicidad institucional. Será necesario hacer públicos los nombres de sus titulares directos o indirectos con paquetes accionariales.

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A través de otro proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que podría considerarse complementario, el Ejecutivo ha creado un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, que dependerá de la Comisión Nacional Mercado de la Competencia, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada la información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional.

Para la concesión de la publicidad, la norma aprobada este martes exige a los medios el uso de sistemas de medición de audiencia en línea con la norma europea que obliga a que sus metodologías sean transparentes. Para radio, televisión y periódicos en papel, el cómputo de las audiencias se realiza mediante instrumentos consolidados. Pero, en el caso de los medios digitales, el Gobierno se escuda en que no existe un sistema único de medición que obligue al Estado a un reparto proporcional para tomar decisiones arbitrarias.

De la CNMC dependerá a partir de ahora el seguimiento de gasto en publicidad de todo el sector público. Las comunidades pueden designar a su propia autoridad competente, pero si no lo hacen la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recabará la información sobre la asignación del gasto.

El problema del Ejecutivo de coalición es que no tiene garantías de sacar adelante en el Congreso las leyes que forman parte de este paquete 'democrático' por las diferencias ideológicas en el bloque que, teóricamente sustenta al Gobierno, y por la incomunicación con Junts. Esta circunstancia provoca que el propio Gobierno ponga el foco en el PP que, destacan, votó a favor del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.