Las claves del acuerdo secreto sobre Gibraltar que el Gobierno no pasará por el Congreso

España y Reino Unido han tratado de cuadrar el círculo soberano de Gibraltar con un nuevo acuerdo que, bajo una arquitectura mixta, deja de facto al Peñón en el espacio Schengen y en el mercado único, pero sin integración y bajo bandera británica. Un pacto que comienza por derribar la verja, que deja de funcionar como frontera exterior de la UE, y trasladar los controles al puerto y aeropuerto llanitos, según el texto de 606 páginas y 336 artículos.

Las nuevas disposiciones — a las que ha tenido acceso en exclusiva El Confidencial— se harán públicas por fin esta semana tras pasar meses bajo la más estricta reserva y entrarán en vigor el próximo 10 de abril. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no las someterá al examen y votación del Congreso, sino que serán los parlamentos europeo y británico los encargados de refrendar el acuerdo. Madrid cedió la autoría negociadora a la Comisión Europea, y se pone ahora de perfil para la gestión política y pragmática de un acuerdo sobre el que España no debatirá.

"La UE y el Gobierno lo quieren tramitar como EU-Only para que solo tenga que ser ratificado por el Parlamento Europeo y no por el Congreso. Pero es un acuerdo del 94.1 como un camión", asegura un diplomático español que ha leído el convenio, haciendo referencia al artículo de la Constitución que exige que los "tratados de carácter político" sean autorizados por las Cortes Generales.

La primera clave del flamante arreglo está en su Artículo 2, en el que especifica que nada de lo firmado (por activa o por pasiva) "constituirá las bases para ninguna aserción o negación de soberanía" por parte de Reino Unido o España sobre Gibraltar. Es decir, Londres consigue que se mantenga el statu quo y se barre la cuestión histórica bajo la alfombra para próximas generaciones.

La segunda clave está en el Artículo 7, que establece que "todas las barreras físicas deberán ser eliminadas". Esto afecta a los dos grandes ejes del acuerdo: el movimiento de personas y el de mercancías.

Aquí, España consigue uno de sus grandes objetivos: la frontera fluida para el Campo de Gibraltar. Los controles se harán en los puertos de entrada/salida con una fórmula inédita de doble verificación: primero actuarán las autoridades británico-gibraltareñas, seguidas por un "área de chequeo de segunda línea" donde las españolas (europeas) aplicarán los controles Schengen. Ambas deben trabajar para alinear sus condiciones de ingreso y salida, que deben ser "acumulativas". Para estos chequeos adicionales se contempla la habilitación de nuevas instalaciones de control migratorio para asegurar el flujo de personas (Artículo 29 p. 10).

Que España ejerza funciones ejecutivas en infraestructura gibraltareña supone, en la práctica, una intromisión en sus competencias soberanas. Pero como se deja expresamente congelado el contencioso histórico, este control europeo material no tiene peso jurídico. Es una cesión técnica y pragmática.

Esto da potestad a España, por ejemplo, para aceptar o negar la entrada al espacio Schengen de una persona al margen de cualquier resolución británica (Artículo 32.2 32.3) y a ejercer arrestos y otras medidas coercitivas que considere en interés de su seguridad. Sin embargo, también permite a personal militar británico (y de terceros países invitados o trabajando para Reino Unido) entrar y salir del espacio Schengen sin necesidad de pasaportes, visas o chequeos (Artículo 38).

El presidente Pedro Sánchez podría viajar "en breve" a Campo de Gibraltar para escenificar el "histórico" derribo histórico y definitivo de la Verja, que separa a La Línea de la Concepción de Gibraltar, según informó la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, calificando el tratado (todavía secreto) como una "magnífica noticia" para la región.

La publicación del texto se precipita por la entrada en vigor ese 10 de abril del nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES), que modifican los controles fronterizos de la UE, lo que ahora también afectará al enclave británico. Esto deja a los diferentes sectores afectados con apenas unas semanas para ajustarse a la nueva realidad administrativa, pese a que el texto definitivo fue aprobado en diciembre (y el político en junio de 2025). La brusca implantación también podría generar colas de viajeros extracomunitarios hasta la instalación de algún sistema de control automatizado.

Control estratégico vs comercial

Bruselas ha logrado mantener bajo su poder la válvula de seguridad, ya que se contempla la posibilidad de reinstaurar controles duros por amenaza grave siguiendo la lógica Schengen (Artículo 30). Gibraltar tampoco podrá acceder a las bases de datos de la UE. Sin embargo, Reino Unido retiene el control estratégico y operativo del enclave, lo que implica que España y la UE no podrán supervisar las operaciones militares (británicas o aliadas). El control irrestricto de la base naval y el aeródromo militar (que comparte infraestructura con el civil) era una de las líneas rojas para Londres.

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Con respecto al movimiento de mercancías, temas fiscales y regulatorios, el resultado también es un constructo mixto. En términos comerciales, Gibraltar tendrá una unión aduanera específica con la UE. Sin barreras físicas y bajo legislación europea, con medidas fiscalidad indirecta y lucha contra el fraude (un capítulo específico sobre tabaco). El objetivo es blindar el Mercado Único y evitar distorsiones competitivas.

El territorio británico acepta incorporar a su derecho interno los actos legislativos europeos pactados (Anexo) y alinearse con futuras modificaciones, así como aceptar los principios y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. El pacto establece que si Gibraltar/Reino Unido se negaran a aplicar las normativas europeas relevantes, la UE tiene potestad para anular el acuerdo automáticamente (Artículo 19.5).

Sin embargo, en materia fiscal el texto avanza poco hacia la armonización. Bajo los obligados llamamientos a reforzar la evasión y el fraude, apenas se acuerda elevar el umbral de vigilancia y cooperación para detectar prácticas que puedan ser consideradas agresivas. Como parte de la fiscalidad indirecta de Gibraltar, se establecerá un impuesto de transacción que sea, como mínimo, el más bajo de los IVAs que apliquen en la UE en ese momento, por lo que queda fijado en un 17% (con un período de adaptación de dos años) actualmente, siendo ese el IVA de Luxemburgo.

No está claro cómo operarán los mecanismos para evitar estas distorsiones fiscales y tampoco incluye vías de arbitraje inmediata para este capítulo. Sí se prevé, sin embargo, conformar un "mecanismo independiente" de salvaguarda fiscal para identificar y solicitar corregir posibles desajustes impositivos (sin más detalles) en determinados bienes. En caso de que las autoridades gibraltareñas y británicas se negaran a adaptar el impuesto de transacción, la UE podrá iniciar consultas e imponer sus condiciones fiscales a esos productos durante 30 días (prorrogables ad eternum si es necesario), con una recaudación que quedaría en manos de España durante ese tiempo.

Para parte de la diplomacia española se ha dejado pasar una oportunidad para hacer valer sus reclamaciones históricas

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebró el lunes que el acuerdo esté listo para su publicación en una nota de prensa exultante por los resultados de las negociaciones. "El Gobierno de Gibraltar se congratula de que, finalmente, todos los gibraltareños puedan leer esta misma semana el texto de un tratado tan importante y seguro, y espera que todo el mundo en el Reino Unido, la Unión Europea (en particular, España) y, por supuesto, en Gibraltar sea consciente de las consecuencias positivas del mismo", expresó el político.

Además, el acuerdo recoge todo un capítulo para los trabajadores transfronterizos (se calcula que hay más de 15.000 cruces diarios recurrentes), reconociendo sus derechos y estableciendo una coordinación para la seguridad social y otras protecciones.

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, celebró la trascendencia del acuerdo, pero reconoció que todavía queda por ver cómo se aplicará en la práctica el nuevo modelo de relación, especialmente en los procedimientos administrativos y la adaptación de empresas y trabajadores a estas normas, según informa el diario local EuropaSur.

Ambas partes también han acordado crear una serie de mecanismos de gobernanza y resolución de disputas, incluyendo un Consejo de Cooperación con comités especializados. Y habrá una autoridad independiente para vigilar posibles ayudas estatales dentro de Gibraltar que distorsionen la competencia. Sin embargo, para parte de la diplomacia española se ha dejado pasar una oportunidad para hacer valer sus reclamaciones históricas o, al menos, haber obtenido un trato más ventajoso.

"Picardo podrá ofrecer domiciliar empresas en un paraíso fiscal y vivir en la soleada España con servicios públicos de primera calidad. Se ha desaprovechado una oportunidad porque, por una vez, España tenía en esta asunto la sartén por el mango. La Comisión Europea ha actuado en función de las instrucciones que recibía de Madrid", apunta el diplomático.

Celia Maza contribuyó a este artículo desde Londres y Nacho Alarcón desde Bruselas