La jueza de Adamuz avisa a Adif de "consecuencias penales" tras saber que extrajo material de la vía

La actuación de Adif en los primeros días tras el accidente ferroviario de Adamuz ha provocado la intervención de la jueza a cargo de la investigación, Cristina Pastor, que ha dictado una providencia en la que advierte a la empresa que cualquier intervención en las vías que no cuente con autorización judicial desencadenará "consecuencias penales". El aviso se produce después de que la Guardia Civil alertara de que "personal de Adif" se llevó restos de las vías de tren que trasladó a una de sus bases. Practicó pruebas sin que el Juzgado de Montoro, que se ocupa del caso, tuviera conocimiento.

Según detalla un oficio y una providencia a las que ha tenido acceso El Confidencial, entre la noche y madrugada del 22 al 23 de enero, cuatro días después del accidente, el jefe de área de Adif ordenó que se retiraran varios fragmentos de raíl, entre ellos algunos con soldaduras, y se trasladaran a la base de mantenimiento AVE de ADIF en Hornachuelos (Córdoba). Personal de la compañía realizó ensayos sobre los citados rieles sin que se conozca "el alcance de las pruebas".

Interrogatorios llevados a cabo después de que la actuación fuera detectada apuntan a que se realizaron sobre esos trozos pruebas de dureza. El responsable de la base manifestó a los agentes que las pruebas no fueron destructivas. "Entre los cupones en los que se encontraban las soldaduras sobre las que se han realizado los ensayos, pudieran encontrarse las que pretendía analizar la CIAF", advierte la Guardia Civil.

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La intervención se destapó el 30 de enero. Como han adelantado El Mundo y ABC, los agentes se desplazaron ese día a la zona del accidente para tomar nuevas mediciones del bogie y eje del bogie del vagón 8 de Iryio y otras complementarias en las soldaduras existentes en el tramo. Fue entonces cuando se les informó de que los cupones con las soldaduras ya no estaban allí.

Precinto

Una vez alertados, los agentes remitieron un correo electrónico a ADIF, advirtiendo que no podía realizar ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa. Horas después se llevó a cabo el precinto de las soldaduras depositadas en la Base de Hornachuelos y por parte de CIAF se solicitó el traslado del fragmento más sensible. "Se significa que hasta el día 28 de enero de 2026, no se comunicó a ADIF que disponía de autorización para acceder a la zona del accidente y, concretamente, que no existía inconveniente para que se inicien las labores de reconstrucción y restablecimiento del servicio ferroviario, accediendo con maquinaria pesada o la que ustedes consideren oportuna, a la zona del accidente".

El episodio ha provocado la inmediata reacción de la juez que, en una providencia, ordena a la empresa pública, dependiente del Ministerio que dirige Óscar Puente, que cese en estas operaciones. Pastor requiere "que se abstenga de realizar cualquier extracción y traslado de material con interés para la causa" y de practicar pruebas sobre fragmentos extraídos si no es con previa autorización. La jueza ordena, además, "la restitución inmediata del material que obre en su poder" todo ello "bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal".

Por su parte, fuentes de ADIF aseguran que, pese al traslado del material a Hornachuelos, este siempre estuvo a disposición judicial y policial. Los fragmentos correspondían al tramo dirección Madrid, en el que no se produjo el descarrilamiento, agregan. "Si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CiAF se llevaron, con el inicio de las obras, hubieran acabado en cualquier vertedero una vez iniciados los trabajos", destacan y añaden que se trataba de material "sobrante" que se conservó.