El Gobierno se apresura a aprobar nuevas leyes sin tener atados los votos como gancho electoral

Inmersos en un carrusel de elecciones autonómicas y con la perspectiva de elecciones generales, probablemente en julio de 2027, ni un solo movimiento político es ya ajeno al aroma electoral. La legislatura, con sus inmensas dificultades y el incesante murmullo del adelanto, ha superado el ecuador y se encamina a la fase final.

En estos dos rechonchos años, el Gobierno de coalición ha atravesado distintas etapas. De la conmoción inicial por perder votaciones a la normalización de las derrotas y la voluntad ahora de enviar a la Cámara proyectos emblemáticos, que definan políticamente al Ejecutivo, tengan o no apoyos. Por razones distintas, PSOE y Sumar comienzan a coincidir en esta posición.

Ya no es tan doloroso que caigan leyes, si eso sirve para visualizar el programa del Gobierno: Todo lo que querrían hacer, pero no pueden, por la actitud de algunos grupos parlamentarios. Una nueva dinámica que está detrás del anuncio del presidente de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, sin consenso previo, del impulso de Sumar a la ampliación de las bajas por fallecimiento, que Yolanda Díaz quiere remitir cuanto antes al Congreso, y de la aprobación del anteproyecto de ley para limitar las privatizaciones del Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García.

Empieza a pesar más el mensaje que estas medidas mandan al electorado progresista que las posibles reticencias de algunos de los partidos del bloque del Gobierno. Y esto supone un cambio sustancial en una legislatura, donde la tensión negociadora se hizo carne muy pronto. Los socialistas pecaron de exceso de confianza con Junts, al pensar que tras la amnistía contarían con su respaldo incondicional. Pero los de Carles Puigdemont encararon cada votación como si no conocieran a Pedro Sánchez de nada.

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Los primeros reveses afectaron de lleno a la forma de legislar. PSOE y Sumar se conjuraron para no enviar nada al Congreso que no dispusiera de los votos necesarios. Cada ministerio debía negociar directamente sus textos con los grupos y proponer su aprobación sólo cuando dispusiera de respaldo.

Una primera circunstancia alteró esta mecánica. La revelación de que Santos Cerdán también estaba implicado en asuntos de corrupción desestabilizó muchísimo al Gobierno y generó una sensación de urgencia, también entre los socios. De repente, a todo el mundo le entraron las prisas. Daba igual que Sánchez insistiera públicamente en que las elecciones serían en tiempo y forma, que es lo mismo que transmite a sus ministros.

En los últimos meses, el presidente ha tenido que ofrecer a sus aliados un colchón de seguridad y se ha esforzado en cumplir muchos de los acuerdos pendientes. Con ERC, la nueva financiación autonómica, con PNV, el traspaso de competencias, y con Podemos, la regularización de inmigrantes, para mantener el pegamento de su mayoría y llegar a julio de 2027. Con Junts, la incomunicación prosigue, pero la ruptura no ha conducido al bloqueo total.

Así se ha conseguido volver a ganar tiempo e imponer la idea de que no habrá adelanto electoral. En este periodo es esencial la promesa de presupuestos, tras años prorrogando los de 2023. El Ejecutivo reitera que este trimestre presentará las cuentas, haya o no mayoría para aprobarlas en el Congreso. En Moncloa aspiran a acompasarlo con la vuelta a España de Carles Puigdemont, convencidos de que entonces Junts regresará al redil de la política útil. Pero, si no salen adelante, el propósito es que sirvan también de reclamo electoral, para visibilizar, destacan en el Gobierno, "por qué merece la pena que Sánchez siga al frente del país".

El segundo cambio en la dinámica del Ejecutivo de coalición la ha propiciado Sumar. El último semestre de 2025 le ha servido al partido minoritario para concluir que debe acentuar su perfil ante el PSOE y presionar más para sacar adelante sus proyectos estrella. Eso explica su insistencia en la prórroga automática de los contratos de alquiler que venzan en 2026 para frenar nuevas subidas. No sólo no renuncian a ella, sino que se oponen a la alternativa planteada por Sánchez: las bonificaciones fiscales para los caseros que mantengan precios.

Sumar apuesta, más incluso que el PSOE, por visualizar la propuesta progresista y obligar a los grupos "a retratarse". Ese planteamiento se ha reforzado con el resultado de los comicios en Extremadura y en Aragón, donde las marcas a la izquierda del PSOE se han convertido en refugio de una parte de los votantes socialistas. En pleno proceso de reconfiguración de su espacio electoral, Sumar cree que dar publicidad a sus medidas le puede ayudar a pescar votos entre los desencantados con los socialistas. Ni un solo paso ahora se puede interpretar sin una motivación electoral.