La Oficina de Conflictos que no detectó la incompatibilidad de Cabezón lleva tres años sin poner sanciones

Para la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) nunca hay conflicto. El ente público acumula tres años sin resolver ni una sola sanción, según figura en la documentación del Ministerio para la Transformación Digital, al que está adscrito. Tres años en blanco. Ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025 ha considerado este órgano que haya cuestión alguna que resolver. Entre los asuntos que pasó por alto se encuentran la doble actividad de Borja Cabezón, el amigo de Pedro Sánchez con asiento en la ejecutiva del PSOE, que fue consejero de una empresa privada al mismo tiempo que lideraba una compañía pública.

Entre la decena de negocios de energías renovables en los que se involucró, se encuentra la compañía Renerstorex SL. El secretario adjunto a la Organización del PSOE y responsable de Acción Electoral se convirtió en consejero de esta compañía el 8 de octubre de 2021, y se mantuvo en el cargo hasta el 10 de enero de 2025. Por tanto, Cabezón compaginó su puesto en esta empresa privada con el cargo de embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional del covid-19 y la Salud Global.

Cabe recordar que Cabezón fue nombrado para este cargo sin experiencia en el sector sanitario y hasta ocho meses después de que el Ministerio de Sanidad dejase de elaborar informes diarios sobre la marcha de la pandemia. Además, sustituyó a Jesús Santos, que además de diplomático es médico. Cabezón estuvo dos años compaginando su cargo de embajador con el de consejero de Renerstorex SL.

Tras su salida como embajador, fue colocado como consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), una compañía pública que depende del Ministerio de Industria. Durante un año, Cabezón estuvo al frente de esta entidad, que se encarga de impulsar el emprendimiento innovador facilitando financiación a pymes y startups, al mismo tiempo que dirigía su empresa de energías renovables.

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En Renerstorex SL, Cabezón tuvo como socio a Alejandro Molina Allende, compañero del socialista en la candidatura del PSOE a la alcaldía de Majadahonda en 2015 y gestor del entramado que habría permitido a Cabezón pagar menos impuestos con la sociedad Vatnet Proyectos 2010.

Críticas de organismos internacionales

La Oficina de Conflictos de Intereses tampoco consideró que hubiera ningún problema en que Pedro Sánchez aprobase el rescate de Globalia al mismo tiempo que la compañía patrocinaba el negocio privado de su mujer, Begoña Gómez (IE African Center). El Partido Popular solicitó a la oficina que investigase el caso, dada la existencia de un posible conflicto de intereses. En concreto, argumentaban que, dado que Globalia patrocinaba el IE African Center de Gómez, el presidente del Gobierno debería haberse ausentado del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la aerolínea por 475 millones de euros.

El organismo público despachó la petición el mismo día y en tres párrafos: "No ha concurrido en la persona del presidente del Gobierno ninguna de las causas de abstención previstas en los artículos 11 y 12 de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo, pues las decisiones adoptadas en las citadas sesiones del Consejo de Ministros no afectaron a sus intereses personales, ni propios ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos".

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El PP recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que dio la razón al partido y afeó al organismo adscrito al ministerio de Óscar López su inacción. Le reprochó que no se hubiera "producido material de investigación por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses", constando un "único informe como base" y "sin otro dato" que justifique el archivo. El mismo ente tampoco detectó incompatibilidad en el presidente del Gobierno por compaginar sus labores públicas con la firma de contratos editoriales con el Grupo Planeta.

La falta de independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses ha sido motivo de crítica constante por parte de diversos organismos internacionales. El último ha sido Transparencia Internacional, en cuyo índice de percepción de la corrupción España ha caído otros tres puestos y es superado por Ruanda, Botsuana y Arabia Saudí. Fuentes del organismo internacional apuntan a El Confidencial que la falta de recursos de este ente, así como su falta de independencia, han restado puntos a nuestro país en la valoración que hace este índice.

El pasado verano, la Comisión Europea recriminó que España seguía sin "robustecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de patrimonio de los altos cargos de la Administración mediante el refuerzo de la independencia y la competencia sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses", como recogió en su informe sobre el Estado de derecho en nuestro país. Del mismo modo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa pidió al Gobierno de Sánchez más medidas para "garantizar la independencia y autonomía" de la OCI, pero nada se ha hecho desde entonces.

El PP señala a la OCI por Cabezón

El primer partido de la oposición ha pasado a la acción por el caso del íntimo de Sánchez, desvelado en exclusiva por El Confidencial. Y ponen también el foco en el nulo papel de la Oficina de Conflicto de Intereses para detectar y sancionar las incompatibilidades de Borja Cabezón por sus "responsabilidades en una sociedad mercantil privada con conexiones internacionales y actividades opacas" al mismo tiempo que desempeñaba "funciones públicas de máxima relevancia", lo que "entra en colisión" con la Ley 3/2015 que regula a los altos cargos.

Esta situación ha llevado al PP a desplegar una amplia ofensiva parlamentaria, con el registro de una proposición no de ley, una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno y la petición de comparecencia en la Comisión de Hacienda de la directora de la Oficina de Intereses, Flor María López Laguna.

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Entre otros puntos, el partido de Feijóo pretende forzar respuestas por parte del Ejecutivo y que aclare, por ejemplo, si la OCI hizo algún tipo de "comprobación" en el caso de Cabezón y, si no es así, si el Gobierno asumirá algún tipo de "responsabilidad" por la dejación de funciones. Instan en cualquier caso a "abrir ahora", una vez se conocen las nuevas informaciones, un procedimiento nuevo contra el alto cargo socialista señalado por utilizar una sociedad fantasma para evadir impuestos.