Justicia tramita una segunda petición de indulto para Álvaro García Ortiz

El Ministerio de Justicia remitió hace unos días al Tribunal Supremo una segunda petición de indulto para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que viene a sumarse a la primera. Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, la directora de la División de Derechos de Gracia envió al alto tribunal el pasado 5 de febrero la nueva solicitud presentada por una ciudadana con residencia en Valencia. Solicitó que se acumulara a la anterior de cara a la presentación del informe del tribunal sentenciador, cosa que ya se ha hecho.

La primera petición se cursó el pasado enero y venía suscrita por un fiscal y una magistrada ya jubilados, ambos progresistas. Félix Pantoja y María Virginia García Alarcón -que fueron fiscal de sala coordinador de siniestralidad laboral y magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, respectivamente- reclaman que el indulto alcance a todas las penas, principal, accesorias e incluso la de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, "por razones de justicia, equidad e interés público". La solicitud de indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las peticiones deben ser sometidas a informe, previa petición del criterio de la Fiscalía y de la acusación particular.

García Ortiz fue condenado el pasado diciembre a una pena de inhabilitación de dos años, multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por daños morales. También se le condenó al pago de las costas que, según el reciente cálculo efectuado por el Supremo, ascienden a casi 80.000 euros. El tribunal le consideró culpable de revelar secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso y le atribuyó la filtración a medios de comunicación del email donde el empresario se ofrecía a confesar la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la posterior publicación de una nota de prensa.

La petición más reciente también alega la existencia de motivos de justicia, equidad y utilidad pública para concederle la gracia y critica la actuación del Supremo. La particular asegura que resulta "inadmisible para la conciencia civil" que el sistema judicial vuelque su máximo rigor "contra quien ejerce la transparencia", mientras el origen de la controversia -un fraude fiscal confeso por parte de un particular (Alberto González Amador)- "queda en un segundo plano".

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"La justicia debe castigar al criminal y no a quienes, en el ejercicio de su cargo, buscan que prevalezca la verdad y la justicia. Condenar a quien desmiente un bulo informativo es, de facto, proteger al infractor y penalizar la integridad institucional", agrega para añadir que, como ciudadana, siente una profunda alarma "ante la impunidad con la que parece obrar el Tribunal Supremo en este caso".

"Indefensión"

"Existe una creciente sensación de vulnerabilidad en la ciudadanía ante una Justicia que percibimos como arbitraria. La indefensión es absoluta cuando se observa que los mecanismos del Estado se activan para castigar la información veraz, pero permanecen impasibles ante la falta de transparencia y las falsedades que se vuelcan diariamente sobre la sociedad para impedir que esté bien informada", lanza.

Precisamente este miércoles, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha referido a la tramitación del indulto por parte de su departamento. Ha manifestado en el Congreso que el Gobierno se ha limitado a cumplir la ley al darle curso. La tramitación avanza de forma paralela al incidente de nulidad contra la sentencia presentada por García Ortiz, que considera que su actuación se enmarcó en la defensa de la "credibilidad" de la Fiscalía frente a "ataques" que, a su juicio, comprometían directamente a la institución.

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Mientras tanto, González Amador ha solicitado, por su parte, la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos. El exfiscal general se ha incorporado como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo. La representación legal de González Amador pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.