PP y Vox sortean el rechazo del Congreso y abren la vía para prohibir el burka y el niqab en ayuntamientos

El PP y Vox han abierto una vía alternativa para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. El mismo día que el Congreso de los Diputados tumbó la propuesta a nivel nacional, los dos partidos sacaron adelante una moción en Alcalá de Henares para vetar estas prendas en dependencias municipales bajo el argumento de la seguridad. La medida suscita importantes dudas legales, con el caso de Lleida en 2010 como precedente, pero la formación liderada por Santiago Abascal afirma ya que el objetivo es extender la restricción a todos los ayuntamientos de España. Y los populares, en principio, lo apoyarán.

La formación ultraconservadora ha llevado hasta ahora la iniciativa con intentos de veto a este tipo de prendas. Pero el PP, consciente del terreno que está en juego con Vox en pleno ciclo electoral, quiere pasar también a la acción. Génova se ha volcado en la batalla del relato para evitar que el respaldo a Abascal en la Cámara Baja se vea como una especie de guiño o contraprestación en plena negociación autonómica, e inciden en que esta iniciativa es una "posición nítida" en el PP.

Vox afea a los de Alberto Núñez Feijóo que se sumen ahora, tras votar en contra de instancias similares en algunos parlamentos regionales, pero en el PP reiteran que solo se hizo cuando querían prohibir todos los velos islámicos, como el hiyab, con lo que no comulgan. En la dirección de los populares subrayan que están completamente en contra de las "cárceles de tela" del burka y el niqab, que como mucho dejan ver los ojos. En esa cuestión sí anticipan batalla.

Fuentes de Génova consultadas por El Confidencial afirman que "es probable" que el partido impulse nuevas mociones en comunidades y ayuntamientos para ejercer presión y lograr que sea una realidad en España, pese al varapalo que la propuesta recibió en el Congreso. Recuerdan que ya se han presentado iniciativas que llevan la firma del PP, como proposiciones no de ley en Baleares y, más recientemente, en Cataluña, sin descartar extenderlo a todo el territorio o respaldar las que registre Vox. La principal duda es en el encaje legal de que los ayuntamientos puedan pasar de una mera recomendación a una prohibición sin extralimitarse en sus competencias.

Opinión

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Alcalá, la tercera ciudad por población de la Comunidad de Madrid (203.208 habitantes), es una especie de prueba piloto. El ayuntamiento, gobernado por el PP en coalición con Vox, aprobó una moción que trasciende la política local y deja claro que la negativa de la Cámara Baja —con el rechazo clave de Junts— no zanja el debate en torno a esta cuestión. El planteamiento, según la exposición de motivos, es que en los espacios municipales "se garantiza la seguridad de usuarios y empleados públicos" y cualquier elemento que oculte el rostro lo impide.

"La identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público", dice la moción, que advierte de prendas que cubren el rostro total o parcialmente, incluyendo a "título meramente enunciativo" el burka, niqab o similares, "impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta", añade.

La iniciativa, que fue presentada por Vox, está limitada exclusivamente a las dependencias de titularidad municipal, excluyendo en todo caso la vía pública. Así, trata de desligarse de la cuestión religiosa e insiste en que estará prohibido cualquier ropaje que "produzca el mismo efecto de ocultación facial". "El acceso a dependencias municipales y el uso de servicios públicos locales se encuadra en una relación especial de sujeción, que habilita al Ayuntamiento, en ejercicio de su potestad de autoorganización y de policía administrativa, a establecer condiciones objetivas y proporcionadas de acceso, siempre que persigan una finalidad legítima, sean necesarias y proporcionadas y respeten el contenido esencial de los derechos fundamentales", declara la moción.

Pese a la propuesta del ayuntamiento liderado por Judith Piquet, del PP, una fuente autorizada del partido a nivel nacional recuerda que la prohibición del burka y del niqab, incluso en dependencias municipales, puede necesitar de una ley orgánica aprobada a nivel nacional para llevarse a cabo. "Hay que ser rigurosos", apuntan. Quieren que el veto sea una realidad, pero en base, claro, al respeto a la legalidad y a un "marco nacional" que ampare este tipo de ordenanzas. Recuerdan, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de Lleida.

La alusión en Alcalá de Henares a cualquier prenda, sin incidir de forma concreta en el burka o el niqab, no es casual y pretende precisamente esquivar la sentencia del Supremo sobre Lleida. El alto tribunal dictaminó entonces que la ordenanza aprobada por el consistorio, que prohibía el velo integral en los espacios públicos, limitaba el derecho fundamental a la libertad religiosa recogido en la Constitución y además solo era posible abordarlo con una ley orgánica. Fuentes del ayuntamiento de Alcalá, sin embargo, sostienen que este caso sí será viable porque no restringe nada concreto ni apela a la libertad religiosa.

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"El Supremo anuló aquella ordenanza porque establecía una prohibición directa del velo integral afectando a la libertad religiosa y consideró que una restricción de ese alcance exige cobertura mediante ley orgánica por afectar a un derecho fundamental. Pero esa doctrina no impide que un ayuntamiento apruebe normas de organización interna para garantizar la correcta identificación en trámites presenciales", declaran a este periódico, insistiendo en que regula solo el momento de la verificación de identidad y ante cualquier tipo de prenda. "No está restringiendo el contenido esencial de un derecho fundamental, sino regulando el funcionamiento del servicio público", insisten estas fuentes.

La prohibición, sin embargo, no será inmediata. La moción encomienda a los servicios jurídicos municipales la tarea de redactar y aprobar un reglamento o norma interna sobre el uso de las dependencias locales, "garantizando su publicidad, claridad y correcta aplicación", aunque no hay una fecha o calendario previsto. El Ayuntamiento de Alcalá detalla que la intención es que esté finalizado lo antes posible.

La moción será la primera de muchas. Vox lleva meses intentando prohibir o limitar el burka o el niqab, pero también cualquier festividad musulmana como el Ramadán, como el ejemplo de Jumilla (Murcia) el verano pasado. Fuentes de la formación detallan que el caso de Alcalá será el primero y harán lo propio en el resto de ayuntamientos, especialmente en aquellos en los que suman mayoría. El resultado, en principio, será el mismo. El PP de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado a El Confidencial que apoyarán mociones similares donde Vox las presente. Y solo en el caso de la región suman mayoría absoluta en más de una veintena de localidades.

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Los populares rechazaron en septiembre una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid donde sus socios naturales igualaban el velo islámico con el niqab —tela que solo deja al descubierto los ojos de la mujer— y el burka —túnica larga que cubre todo el cuerpo—, argumentando que estaba mal formulada. Pero abrieron la puerta a la prohibición que se ha hecho en Alcalá por cuestiones de seguridad y sanidad. Y todo apunta a que el PP apoyará este tipo de mociones en otras regiones, a la espera de que se pueda o no poner en marcha de forma efectiva.

Pese a que el Congreso tumbó este martes la admisión a trámite de la proposición de ley de Vox a nivel nacional, el debate aún tendrá recorrido en la Cámara Baja. Junts tumbó la propuesta por negarse a salir en la foto junto a Vox, pero no está en contra de prohibir este tipo de prendas. Por eso, ya ha registrado su propia iniciativa nacional que incluso el PSOE se abre a estudiar. El PNV, por su parte, anunció la petición para crear una subcomisión parlamentaria y debatir sobre una cuestión que sí rechazan por completo los partidos a la izquierda de los socialistas.