El Supremo tasa en 80.000 euros las costas que tendrá que abonar el fiscal general

El Tribunal Supremo ha cifrado en un total de 79.942,90 euros las costas del caso del fiscal general, calculada en base a los gastos de la procuradora y el abogado defensor del novio de Isabel Díaz Ayuso. La cifra viene a sumarse a la condena impuesta a Álvaro García Ortiz a una pena de inhabilitación especial para el cargo por tiempo de dos años, a la que se añadía una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, es decir, 7.200 euros y una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros por daños morales.

El cómputo comprende los honorarios profesionales del letrado Gabriel Rodríguez Ramos, que ascienden a 64.778,78 más el IVA (un total de 78.382,32) y la minuta de la procuradora. Atiende por completo la reclamación efectuada por el empresario que destacaba en un escrito que la carga que debe soportar el condenado debe ser "proporcional al esfuerzo realizado durante el procedimiento" y destacaba su especial complejidad.

El exfiscal general del Estado presentó un incidente de nulidad contra la sentencia al considerar que su actuación se enmarcó en la defensa de la "credibilidad" de la Fiscalía frente a "ataques" que, a su juicio, comprometían directamente a la institución. La Abogacía del Estado, que ejerció su defensa en el procedimiento, solicitó que se anule la resolución condenatoria por vulneración de derechos fundamentales y que se retrotraigan "las actuaciones al momento procesal oportuno". El alto tribunal le consideró partícipe de la filtración de datos personales del empresario. Recurrirá también este cálculo de las costas.

De momento, ha satisfecho ya tanto la indemnización como la multa. Las abonó con fondos procedentes de aportaciones voluntarias, cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el exfiscal general fue presidente portavoz y que asumió íntegramente dicho pago como propio. En paralelo, el Ministerio de Justicia tramita ya una petición de indulto para el exfiscal general después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, por lo que ya ha dado el primer paso que consiste en pedir el preceptivo informe al Supremo.

Mientras que González Amador ha solicitado, por su parte, la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal tras su condena de inhabilitación por revelación de secretos. El exfiscal general se ha incorporado como fiscal a la Sección Social del Tribunal Supremo. La representación legal de González Amador pidió anular el decreto dictado el pasado 23 de diciembre por la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que acordaba el reingreso en la carrera fiscal de su antecesor -ahora adscrito a la Sección de lo Social del Supremo- tras el visto bueno de la Inspección Fiscal.