Cabezón: hasta 10 años de inhabilitación por presidir una empresa pública y tener otra privada

Las actividades privadas de Borja Cabezón se superpusieron, al menos durante un año, con sus responsabilidades públicas. El adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE desempeñó labores de consejero en una de sus empresas que se prolongaron hasta meses después de ser nombrado consejero delegado de Enisa en enero de 2024. La combinación de ambos cometidos está vedada por la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que prevé sanciones que implican la prohibición de nombramientos para ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años.

Cabezón fue nombrado consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) en enero de 2024, sustituyendo a José Bayón y dejó el cargo en julio de 2025, 18 meses después. Como apunta la investigación llevada a cabo por El Confidencial, el miembro de la Ejecutiva de Ferraz se convirtió en consejero de una compañía de energías renovables, Renerstorex SL, el 8 de octubre de 2021 y la abandonó el 10 de enero de 2025.

La norma que regula la actividad de los altos cargos públicos exige, sin embargo, dedicación exclusiva al cargo. Especifica en su artículo 13 que no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, "por sí, o mediante sustitución o apoderamiento" de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena. "Tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración, ni cualquier otra percepción que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada simultánea", agrega.

La ley contempla otra serie de limitaciones pensadas específicamente para controlar las participaciones societarias de aquellos que ocupan cargos de la más alta responsabilidad. Especifica que no podrán tener participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento en empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, o que reciban subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública.

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Renerstorex SL, ahora en liquidación, se dedicaba a la instalación, desarrollo y explotación de sistemas de producción o generación de energías renovables, desde la eólica a la fotovoltaica o la solar. Mientras tanto, Enisa presta apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas que quieran impulsar proyectos de emprendimiento innovador a través de alternativas de financiación.

Aplicable a Enisa

Diversas fuentes jurídicas consultadas confirman que el régimen sancionador al que se arriesga por esta actividad financiera le es aplicable, dado que el consejero delegado de Enisa "tiene la consideración de alto cargo a los efectos de la Ley 3/2015, siempre que ostente la condición de máximo responsable ejecutivo de la entidad", como efectivamente sucedió. La propia ley y el Portal de Transparencia incluyen expresamente a los directores ejecutivos y cargos asimilados de entidades del sector público estatal empresarial dentro del concepto de alto cargo.

La Ley 3/2015 regula el estatuto de los altos cargos de la Administración General del Estado y, además de cargos estrictamente administrativos, incluye también a los altos cargos del sector público estatal, entre ellos las entidades del sector público estatal de naturaleza empresarial (como ENISA). El Portal de Transparencia del Gobierno de España, que aplica directamente la Ley 3/2015, recoge que son altos cargos, entre otros, los presidentes y otros cargos intermedios asimilados en entidades del sector público estatal, administrativo, fundacional o empresarial, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, "que tengan la condición de máximos responsables y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno".

ENISA es una empresa pública estatal, en concreto, una Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Industria. Su consejero delegado ejerce funciones de máxima dirección ejecutiva, en la práctica equivalente a un director ejecutivo (CEO). "Por tanto, encaja literalmente en el supuesto previsto en la Ley 3/2015 y en el Portal de Transparencia", precisan estas fuentes.