Los partidos deberán notificar al Tribunal de Cuentas todas las donaciones privadas de más de 2.500 euros

Con bastante retraso desde el estallido del primer caso de corrupción que afectó al Gobierno, la detención en febrero del 2024 de Koldo García, el superasesor de José Luis Ábalos, el Consejo de Ministros aprobó este martes en primera vuelta el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que forma parte del plan de medidas anticorrupción anunciado unos meses después por Pedro Sánchez. Esta nueva ley modifica 18 normas, endurece las condiciones de la financiación de partidos políticos e introduce cambios en la contratación pública.

El Ejecutivo lleva tiempo poniendo el foco en las "empresas corruptoras", que asumen como algo natural el pago de mordidas en la Administración, y este nuevo texto, apunta a un aumento de los años de inhabilitación para contratar de aquellas sociedades que hayan sido condenadas por corrupción. De los 15 actuales se pasa a 20, un periodo en el que tampoco podrán recibir subvenciones u obtener beneficios fiscales.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que presentó la nueva ley, destacó que el registro de empresas con prohibiciones para contratar con la Administración será a partir de ahora público. El anteproyecto contempla también más cortapisas a la financiación irregular de los partidos políticos con la obligación de informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones privadas de más de 2.500 euros. El umbral se eleva notablemente, ya que hasta ahora se limitaban a las de 25.000. El plazo para dar cuenta de este dinero se reduce de tres meses a uno y se sancionará la ausencia de publicación de estas transferencias de personas jurídicas o particulares.

Los partidos deberán realizar por ley auditorías externas e independientes de sus cuentas y no hacerlas supondrá una infracción grave o muy grave. Se creará una Autoridad de la Agencia Independiente de Integridad Pública para coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude. Se modificará el Código Penal para ampliar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años, con el objetivo de dar más tiempo a la investigación de delitos complejos. Se dará más protagonismo a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se facilitará el embargo de bienes desde el comienzo de la investigación.

La pretensión del Gobierno es que el Consejo de Ministros apruebe esta nueva ley de manera definitiva antes de verano y esté lista para su debate y aprobación en el Congreso a partir de septiembre. A pesar de la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante sus proyectos por la inestabilidad de su mayoría parlamentaria, Montero aseguró que cuentan con apoyos suficientes, por las opiniones que los grupos trasladaron cuando hace más de año y medio se comenzaron a abordar estos temas.