El plantón de Junts en el Congreso impide a PP y Vox impulsar la prohibición del burka

El frenético ciclo electoral ha agudizado la batalla abierta en la derecha. Pero este martes, PP y Vox hicieron un alto en el camino para entenderse en el Congreso e intentar, sin éxito, que una proposición de ley bajo el sello del partido de Santiago Abascal saliese adelante en el Congreso de los Diputados. La iniciativa perseguía prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, y el partido de Alberto Núñez Feijóo se sumó con un voto favorable al no incluir el texto la extensión a los velos no integrales, el pañuelo y el hijab.

Hubo tensión hasta pocas horas antes de la votación, que podía salir adelante si lograban que Junts se posicionase a favor de la propuesta. Aunque con matices, los posconvergentes son proclives a prohibir el uso de estas prendas de ropa, un debate que lleva años abierto en Cataluña y que cobra especial relevancia por la competencia de Junts con la ultraderecha catalana liderada por Silvia Orriols. Pero la esperanza que podían tener Vox y PP de contar con los votos de los independentistas se disipó horas antes del arranque del pleno.

Para justificar su 'no' a la proposición de ley de Vox, Junts presentó su propia proposición de ley en el Congreso de los Diputados, una maniobra que ya empleó el PP, por ejemplo, para reivindicar la revalorización de las pensiones pero oponerse al decreto que lo incluía. La justificación del partido de Carles Puigdemont es que la propuesta lleva, en primer lugar, la firma del grupo de Santiago Abascal, "un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Cataluña".

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Por si había alguna duda, Miriam Nogueras se encargó de confirmar su posición en la tribuna del Congreso y sentenciar, con ello, las intenciones de Vox y PP de dar impulso a la iniciativa gracias a su toma en consideración. La portavoz independentista censuró que la propuesta de Vox "no pasa ninguno de los filtros europeos" y apuntó que su texto no permite a los jueces "revisar o controlar sanciones". "Da risa cómo hacen ustedes las cosas", despachó la dirigente, que tendió igualmente la mano a las dos formaciones de derecha para que su iniciativa sí salga adelante en la Cámara Baja. "La posición de Junts es muy clara. Ni burka, ni Vox", zanjó.

El debate parlamentario tornó en nueva bronca política tan pronto como la portavoz de Vox, Blanca Armario, finalizó su intervención inicial para defender la propuesta. Pese a contar con su apoyo, la dirigente no dudó en arremeter también contra el Partido Popular por su posición respecto al asunto de la inmigración ilegal. La iniciativa tiene como fin prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos al entender que implican un modo de subordinación de la mujer, y proponen una serie de reformas de leyes orgánicas para promover sanciones en caso de incumplimiento.

El resto de grupos parlamentarios salieron con el látigo al denunciar una propuesta "racista" y "xenófoba". "Son ustedes unos machistas y unos racistas. No engañan a nadie, no defienden la libertad de las mujeres (...). Para ustedes, una mujer islámica no es más que una terrorista radical", lanzó, por ejemplo, la portavoz de Compromís, Águeda Micó. "Nunca les han importado las mujeres, y mucho menos las mujeres inmigrantes", afeó Noemí Santana, diputada de Podemos en el Congreso, línea que también siguió Sumar. "Son el único partido que cuestiona la violencia de género, ¿y ahora pretenden hablar de la igualdad de las mujeres", apuntó su diputada.

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Más comedidos se mostraron tanto PNV como PSOE, conscientes ambos de que se trata de un debate delicado y difícil incluso para la izquierda. El portavoz jeltzale, Mikel Legarda, se amparó en que la proposición planteada por Vox "puede vulnerar otros tratados internacionales" e incidió en que las sanciones propuestas por Vox son "desproporcionadas". En cualquier caso, avanzó una propuesta para crear una subcomisión en la que celebrar un debate sobre la cuestión.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Andrea Fernández, calificó la iniciativa de los de Abascal de "xenófoba", aunque usó un tono más suave que el resto de sus socios de izquierda. Aseguró que su partido está dispuesto a abrir un debate "serio" sobre el uso del velo integral. Horas antes, Patxi López anticipó que los socialistas estudiarían la nueva propuesta de Junts tras rechazar la de Vox, que tachan de "racista". Hay que señalar que el texto impulsado por Junts incluye una disposición adicional que insta a oficializar la delegación de competencias de seguridad a las comunidades autónomas, lo que puede provocar que partidos como PP o Vox se opongan a la iniciativa.

Contra todos ellos se rebeló la portavoz del PP en el Congreso. Ester Muñoz consiguió una larga ovación de su bancada en la Cámara Baja, que hizo alusión al asesinato de Mahsa Amini y las protestas en Irán. "Las mujeres iraníes no se quitaron los zapatos, se quitaron el velo, porque es un símbolo de opresión", lanzó la dirigente popular, que insistió en que el uso de este tipo de prendas es algo habitual en nuestro país y que "rara es la semana en que no me cruzo por la calle a una mujer tapada por completo".

Alcalá de Henares prohíbe su uso

"Es indefendible que la izquierda diga que esto es progreso", agitó, enseñando al mismo tiempo una fotografía con varias mujeres ataviadas con burkas. Muñoz sí admitió que la propuesta de Vox es "imperfecta", pero que el Partido Popular seguirá "dando la batalla" con esta cuestión. No en vano, este mismo martes, y horas antes del debate en el Congreso, el ayuntamiento de Alcalá de Henares, controlado por Judith Piquet, del PP, aprobó una moción presentada por Vox, y con el apoyo del PP, para prohibir el acceso a todas las dependencias municipales con el uso del niqab y del burka.

La iniciativa persigue "regular el funcionamiento interno de sus instalaciones y garantizar la seguridad jurídica y administrativa en los servicios públicos". Se limita, no obstante, a las dependencias municipales y no afectará a la vía pública, donde los consistorios no tienen competencias para imponer restricciones. Pero implica, eso sí, una declaración de intenciones respecto al posicionamiento político del Partido Popular en línea con el marco que propone Vox y en un momento en que ambos partidos pugnan por el nicho de votantes descontentos con la gestión de la inmigración.