El Gobierno elude defender a Borja Cabezón y remite a sus explicaciones públicas
La vicepresidenta primera se limita a reproducir que solicitó el asesoramiento de un despacho especializado en fraude fiscal cuando no era cargo público, en línea con su comunicado
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El Gobierno pone distancia con Borja Cabezón, después de que él mismo reconociera ayer que su empresa recibió asesoramiento de un despacho especializado en fraude fiscal pero se escudara en que de eso hace "16-18 años" y que entonces no era "cargo público". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha limitado este martes a repetir los mismos argumentos. Ni una frase más allá de respaldo.
Montero apuntó que Cabezón, uno de los nuevos pesos pesados de Ferraz, adjunto a la Organización y responsable de Acción Electoral, no está imputado o investigado ni tiene cuentas pendientes con la Justicia. "Saben ustedes que hay empresas que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y que, por tanto, en el ejercicio de su actividad privada durante un periodo de hace más de diez años, pues esta persona al parecer tenía relación con algunas empresas", señaló.
Es una explicación que no se mueve ni un milímetro del comunicado enviado por él, muchas horas después de que El Confidencial desvelara su participación en una trama societaria para eludir impuestos. "Hasta ahí puedo decir", remarcó, para aludir a continuación, sin volverlo a citar por su nombre, que esta "persona" difundió el lunes una nota.
Este diario reveló que Borja Cabezón está detrás del 80% de la empresa Vatnet Proyectos 2010 AEIE, a través de la sociedad Glengrove Limited, sin actividad, domiciliada en una vivienda del norte de Londres y controlada por dos testaferros costarricenses. Documentos de la Agencia Tributaria incorporados al llamado caso Nummaria acreditan sus vínculos con esta mercantil.
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En las últimas horas, nadie del Ejecutivo ha salido en su defensa. Al contrario, lo que se mantiene desde el entorno del presidente del Gobierno es que será sacrificado si su comportamiento no ha sido honorable. Amigo de Sánchez, Cabezón sostiene que durante los 10 años que se prolongó la investigación judicial no recibió "nunca" una notificación del juzgado y el proceso se cerró sin que se le atribuyera alguna responsabilidad, algo que sí sucedió con otros clientes de esta asesoría fiscal.
En julio de 2025, la Audiencia Nacional condenó a 80 años de prisión al asesor fiscal Fernando Peña, dueño del despacho Nummaria por el fraude masivo organizado desde su despacho, a través de estructuras opacas para evadir impuestos.
El Gobierno pone distancia con Borja Cabezón, después de que él mismo reconociera ayer que su empresa recibió asesoramiento de un despacho especializado en fraude fiscal pero se escudara en que de eso hace "16-18 años" y que entonces no era "cargo público". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha limitado este martes a repetir los mismos argumentos. Ni una frase más allá de respaldo.