Un informe de la Policía prevé que los inmigrantes regularizados duplicarán el cálculo del Gobierno

Serán más del doble de lo estimado por el Gobierno español. La Policía Nacional calcula que en un primer momento los inmigrantes irregulares beneficiarios de la regularización en ciernes en España serán entre un millón y 1,35 millones, pero el proceso extraordinario ahora abierto tendrá otros efectos a más largo plazo.

Anunciada a finales de enero por Irene Montero, secretaria política de Podemos, la regularización abarcaría, según ella, a unas 500.000 personas, una cifra ratificada por el presidente Pedro Sánchez en un artículo publicado el 5 de febrero en el diario New York Times. Ninguno de los dos aclaró el origen de ese dato. Sánchez dio una explicación a los lectores de ese periódico estadounidense y en la televisión CNN, pero no se ha dirigido sobre este tema a los españoles.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha elaborado por su parte un "análisis de riesgo de la regularización extraordinaria", al que ha tenido acceso este periódico. El estudio, con fecha 29 de enero, reevalúa al alza la estimación gubernamental.

El CNIF calcula que entre 750.000 y un millón de inmigrantes irregulares residentes en España solicitarán su regularización, algo que logrará la gran mayoría porque los requisitos son muy laxos. A esa cifra añade los solicitantes de asilo, entre 250.000 y 350.000, que también la tramitarán. En la más cauta de las hipótesis, el número total de regularizados duplica como mínimo al dado por el Ejecutivo.

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Los expertos en inmigración de la Policía prevén que la regularización, de lejos la mayor en democracia, tendrá además otros efectos a medio y largo plazo que incrementarán el flujo migratorio hacia España. Esto sucederá porque hay "una percepción internacional de España como país más permisivo con la inmigración irregular", según el CNIF.

El anuncio de la regularización, constatan los analistas de la Policía, ha tenido una "repercusión mediática muy intensa, especialmente en Latinoamérica". Se está interpretando "en los países de origen como un factor de atracción muy relevante". El CNIF ha recopilado un abundante material, procedente de las redes sociales y de la dark web, con información en numerosos idiomas sobre cómo lograr regularizarse en España.

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En su análisis, el CNIF señala que la inmigración irregular resulta también favorecida porque en España "no se han restablecido los controles en fronteras interiores". Se refiere a las del espacio Schengen de libre circulación entre 25 de los 27 países de la Unión Europea. En mayor o menor medida siete países del área de libre circulación de Schengen sí han reinstaurado esos controles, incluidos tres "pesos pesados", Alemania, Italia y Polonia.

A medio y largo plazo, los expertos de la Policía vaticinan que se van a producir "movimientos secundarios desde otros países del espacio Schengen" a España que oscilarán entre 200.000 y 250.000 nuevos inmigrantes al año. También habrá un "desplazamiento de inmigración marítima desde el Mediterráneo central y oriental" al occidental, es decir, a España. Las llegadas por mar aumentarían entre 6.000 y 12.000 inmigrantes más al año.

Desde que Pedro Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental la inmigración por mar disminuye pese al fuerte incremento de las salidas desde Argelia. En 2025 desembarcaron en España 32.925 "sin papeles", un 46,4% menos que el año anterior, según el Ministerio del Interior. La estadística de este ministerio disimula, sin embargo, que a Ceuta llegaron a nado 3.523 jóvenes, mayoritariamente marroquíes, un 39% más que en 2024.

El CNIF también anticipa que habrá un auge de inmigración del 8% o 10% (entre 35.000 y 45.000 personas al año) procedente de lo que describe como "áreas directas", es decir personas que con o sin la documentación requerida logran llegar a aeropuertos españoles. Se trata sobre todo de latinoamericanos y, en menor medida, de asiáticos que entran como turistas, pero alargan su estancia más allá de los tres meses autorizados.

La inmensa mayoría de los inmigrantes irregulares no han llegado estos años a España por mar, sino a través de los grandes aeropuertos españoles, pero de esas entradas sigilosas no hay imágenes ni tampoco informaciones sobre pateras que naufraguen con el consiguiente reguero de muertos.

El Ministerio de Inclusión rechaza, en un largo documento colgado en su web, los pronósticos del CNIF. Asegura que "no existe efecto llamada cuando se fija un marco temporal claro, una fecha de corte definida y un plazo cerrado de solicitudes". "Decir que regularizar beneficia a las mafias es ignorar una realidad evidente: la irregularidad es precisamente el mejor negocio para quienes explotan personas", insiste. "Regularizar es cortar ese negocio", concluye.

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Aunque es más elaborado, el análisis del CNIF está en línea con los pronunciamientos de los sindicatos policiales. Todos ellos consideran que, tal y como está diseñada, la regularización tendrá un "efecto llamada" y supondrá un "balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y a la trata de seres humanos". Aseguran que provocará un colapso de las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que ya están desbordadas.

Otras fuentes solventes, y no solo la Policía, ponen en tela de juicio el medio millón de inmigrantes mencionado por Sánchez. La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) evaluó en 840.000 los inmigrantes irregulares en España a finales de 2025. Cerca de un 90% son latinoamericanos.

La Embajada de Colombia barajó, en un desayuno de prensa el viernes pasado, que unos 290.000 colombianos podrían acogerse a la regularización, según la agencia EFE. El Servicio Jesuita de Inmigrantes eleva a 410.000 el número de colombianos en situación irregular el año pasado, a los que se añaden 165.000 venezolanos, 146.000 peruanos, etcétera.

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El proceso de regularización extraordinaria fue puesto en marcha por el Consejo de Ministros el 27 de enero autorizando la tramitación de un real decreto. Se podrán acoger a él los extranjeros no comunitarios que hayan vivido al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre y todos aquellos que hayan presentado una solicitud de protección internacional antes de esa misma fecha.

La documentación para demostrar esos meses de estancia es fácil de conseguir. Consiste en certificados de empadronamiento, pasaportes sellados al entrar en España, billetes de transporte, recibos de pagos en tiendas, matrículas escolares o de asistencia a cursos para adultos, informes médicos, contratos de alquiler o de la luz, comprobantes de envíos de remesas a sus países de origen, etcétera. Muchos de ellos son fácilmente falsificables. También cabe recurrir a testigos que confirmen la permanencia durante cinco meses del aspirante a ser regularizado.

Se requiere además un certificado de antecedentes penales del candidato a la regularización. Como a los ciudadanos de algunos países les resulta difícil conseguirlo, a veces no cuentan con un consulado en España, se contempla la posibilidad de que baste una declaración jurada del inmigrante asegurando que carece de antecedentes.

Las peticiones para regularizarse empezarán a ser tramitadas el 1 de abril y, según el Ministerio de Inclusión, deberán ser aceptadas o denegadas en un plazo de 15 días. A los inmigrantes admitidos se les expedirán autorizaciones provisionales de residencia y trabajo. En paralelo, los procedimientos de expulsión y repatriación quedarán suspendidos. Tras un año de residencia legal, los nuevos inmigrantes tendrán derecho a solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

Este nuevo proceso de regularización es muy diferente del que puso en marcha el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y que fue mucho menos laxo. Entonces proporcionó "papeles" a 576.000 personas. Para ser regularizado se requería hace 20 años un contrato de trabajo, algo que les resultó fácil conseguir a los inmigrantes porque la mayoría trabajaban ya en negro. En definitiva, era el Ministerio de Trabajo el que daba el visto bueno a la regularización mientras ahora será Interior el que lo hará en base a una documentación menos rigurosa.

Sobre el terreno, la movilización de los inmigrantes y, a veces, de los consulados se ha empezado a notar en España. Se han visto largas colas ante, por ejemplo, los consulados de Pakistán en Barcelona y de Argelia en Alicante. También se ha constatado una mayor afluencia en los de Colombia y Venezuela en Madrid. En la mayoría de los casos tramitan su certificado de penales con vistas a ser regularizados.

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Las denuncias en comisaría de supuestas pérdidas de pasaporte se han incrementado un 60% sobre todo por parte de paquistaníes, marroquíes, colombianos, etcétera, según un oficio del 10 de febrero firmado por el jefe central de operaciones de la Policía, el comisario Alfredo García Miravete, desvelado por el diario El Español.

Esa declaración de pérdida puede, según fuentes policiales, servir para disimular la fecha de entrada en España, si es posterior al 31 de diciembre de 2025, o para tratar de ocultar la identidad de una persona que posee antecedentes penales o, por lo menos, policiales. Estos podrían dificultar o impedir su regularización.

Hay países como Marruecos cuya diplomacia se ha movilizado para agilizar la expedición de certificados de antecedentes penales. Hasta ahora sus ciudadanos debían regresar a su lugar de origen para obtenerlo o tramitarlo a través de un poder notarial. Desde el 11 de febrero se les proporciona en sus consulados. Se les expide ya con llamada "apostilla de La Haya" lo que le otorga plena validez ante la administración española.