Albares: del Falcon a los incendios con prensa, Congreso, la Casa del Rey y los diplomáticos

Desde el mismo momento en que llegó al palacio de Viana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, vive inmerso en una serie de polémicas que le han granjeado severas críticas de la oposición, de la carrera diplomática y de la prensa. Son asuntos controvertidos vinculados a la gestión del ministerio, ya sea por su política de nombramientos, los recursos humanos, la atención a los medios de comunicación o la rendición de cuentas ante el Parlamento sobre decisiones políticas en el ámbito de la política exterior: Marruecos, Sáhara, Gibraltar o el catalán en la Unión Europea, por ejemplo. Aunque el Ministerio niega oficialmente todas las acusaciones, hay algo en la forma de actuar del ministro Albares que le sitúa en el centro de un buen número de disputas que, con el paso del tiempo, han ido poco a poco cerrando las puertas de su despacho para todo el que quiera pedir, reprochar o, simplemente, preguntar. En al menos tres de ellas ha habido novedades esta misma semana, aunque la más relevante tiene que ver con los medios de comunicación.

Una rebelión de la prensa como la que están protagonizando mayoritariamente los corresponsales diplomáticos de los medios nacionales es poco habitual, sobre todo si no es por un hecho puntual, sino por actitudes prolongadas en el tiempo, como es el caso. Más aún si las quejas suponen una enmienda a la totalidad de la política de comunicación del ministro de Asuntos Exteriores y acaban provocando un comunicado público de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE), que atribuyen a José Manuel Albares "prácticas que son claramente contrarias al derecho a la libertad de información": ocho meses sin una rueda de prensa, vetos a periodistas y a medios y una general falta de transparencia.

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Eso no es todo: el desencadenante ha sido el intento del ministro de que la agencia Europa Press apartara a una periodista de las coberturas del Ministerio. ¿El motivo? "Publicar informaciones o hacer preguntas que no eran del gusto" del ministro, según la APM, que recoge las quejas que le han hecho llegar "bastantes de los corresponsales diplomáticos": vetos más o menos explícitos a algunos periodistas, la ausencia de respuesta a las preguntas que son formuladas o la clasificación de los medios de comunicación "en amistosos y hostiles", para negarles a estos últimos cualquier tipo de información.

Pero la cosa viene de lejos: las denuncias de los corresponsales diplomáticos respaldadas por la APM incluyen también que las "escasas" comparecencias del ministro se limiten a "dos o tres preguntas" y que se permita, incluso, decir abiertamente qué medios o qué periodistas pueden hacer las mismas. De igual modo, la APM "recoge y comparte" las quejas de los informadores por la imposibilidad de acceder a contactos con los diplomáticos, "a quienes se insta a no hablar con los periodistas, so pena de sufrir las consecuencias".

"Desde Exteriores no se ha pedido ni la retirada ni el cambio de sección de ningún periodista en ningún medio", afirman fuentes del ministerio

El pasado 3 de febrero se convocó a la prensa tras ocho meses sin comparecer ante los corresponsales diplomáticos, desde una convocatoria similiar junto al ministro alemán el 26 de mayo de 2025. Tras una intervención de Albares y otra de Georgios Gerapetritis y después de una primera pregunta de la televisión pública griega, la prensa española sólo tuvo turno para una intervención, que se convirtió en una triple pregunta. Albares las despachó en una respuesta de 28 segundos, según aseguran los periodistas presentes: «Sobre el catalán, sí: lo habíamos tratado tanto con los responsables de Exteriores griegos como con la presidenta del Parlamento Europeo. Sobre Gibraltar, el acuerdo ya ha llegado al Consejo y es inminente que llegue al Parlamento. Y, sobre la última pregunta, no tengo ni información ni indicación alguna al respecto».

No obstante, el ministerio niega la mayor. Respecto a las presiones a EP, publicó un desmentido atribuible a fuentes de Exteriores y no al ministro, pese a que se trata de una acusación directa a su persona: “Desde Exteriores no se ha pedido ni la retirada ni el cambio de sección de ningún periodista en ningún medio. Las convocatorias de Exteriores son, han sido y serán siempre abiertas y libres para el profesional que quiera acreditarse". El pasado miércoles, ante la pregunta directa de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, el ministro afirmó que se trata de un "bulo" y aseguró que en su ministerio "no se veta a nadie". Y respecto a la política de comunicación, Albares difundió el siguiente mensaje en la red social X: "Frente al bulo: datos y transparencia". En 2025, el ministro realizó 80 atenciones a medios: 7 al mes. 138 entrevistas, a 45 medios distintos, españoles y extranjeros. Compareció 29 veces en el Parlamento. Publicó 163 notas de prensa y 134 comunicados. En redes sociales se hicieron 5.447 publicaciones y se compartieron 618 vídeos.

A vueltas con la transparencia

Las quejas por la falta de transparencia en el trato con la prensa tienen su reflejo en la labor política del ministro, siempre muy pendiente de controlar la información sobre los asuntos que le generan críticas, ya sea en los medios de comunicación o en el ámbito político. Cuatro ejemplos concretos: las relaciones con Marruecos, el giro en el Sahara, el acuerdo sobre Gibraltar o las gestiones del Gobierno para conseguir la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. O más recientemente la estrategia del Gobierno de confrontar con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

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Esta misma semana, el Congreso de los Diputados ha rechazado una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE con el objetivo de conseguir un aval del Parlamento a la política exterior del Gobierno de España y, en particular, a la estrategia contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La PNL, que se cayó con 171 votos en contra y 168 votos a favor, fue presentada el pasado 30 de enero "en defensa de la legalidad internacional" y contra el "retroceso" que supone para el orden internacional la política exterior de Trump. "España no puede permanecer impasible ante esta amenaza, basada en la injusticia, la arbitrariedad y la violencia", argumentaban los socialistas.

En el Parlamento, el ministro tiene pendientes doce comparecencias en comisión, siete en el Congreso y cinco con el Senado, donde ha intervenido solo dos veces en toda la legislatura. Siguen pendientes sus explicaciones sobre el cierre unilateral de las aduanas en Ceuta y Melilla realizado por Marruecos, el acuerdo sobre Gibraltar, los aranceles de Donald Trump, la ausencia de España en la Cumbre de Líderes (videoconferencia) sobre Ucrania, las "graves repercusiones" en la imagen internacional de España derivadas del boicot a la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, el coste de la llamada Flotilla de la libertad o la visita de Francina Armengol a Azerbaiyán durante los días de luto oficial por el accidente de Adamuz.

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Desde que sustituyó a Arancha González Laya, en julio de 2021, al ministro no se le conoce públicamente ninguna desavenencia con el presidente del Gobierno. A pesar de que la polémica exterior del Gobierno vive en una permanente confrontación con la oposición, o precisamente por ello, Moncloa y el Palacio de Viana siempre han actuado coordinadamente. Previamente, fue jefe del Departamento de Internacional de la Moncloa, como la mayoría de los españoles descubrieron cuando la cuenta de X del presidente publicó una foto de ambos en el Falcon en la que Sánchez luce unas llamativas gafas de sol.

Otro de los asuntos que ha generado críticas tiene que ver con la política de nombramientos. Nada más llegar vetó el nombramiento del hoy jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, como embajador en Moscú, a pesar de que ya contaba con el plácet, aunque el ministerio también lo niega. Aún así, como constatan distintas fuentes, la mala relación que venía de lejos, pues Villarino había sido jefe de gabinete de los dos antecesores de Albares en el cargo: González Laya y Josep Borrell. Este último lo rescató cuando fue nombrado Alto Representante de la Comisión Europea, si bien las tensiones entre ambos no ayudan a estrechar las relaciones entre el Gobierno y la Jefatura del Estado.

El pasado mes de julio, el ministro tomó una decisión controvertida: condecorar en un acto privado a seis de sus colaboradores como consecuencia del acuerdo entre la Comisión Europea, Reino Unido y España sobre Gibraltar, a pesar de que ocho meses después no se conoce el contenido de dicho trato. La ceremonia se desarrolló en el Palacio de Viana, la residencia donde vive el ministro, pero ni la prensa ni los fotógrafos fueron invitados y la Oficina de Información Diplomática (OID) no contestó a las preguntas remitidas sobre el acto.

Polémicas corporativas

El ministro también tiene una relación tensa con la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), y por distintos motivos, aunque en este caso no vinculados a la política exterior, sino al personal dependiente del ministerio, incluido el cuerpo diplomático y demás funcionarios residentes fuera de España. En concreto, hay dos cuestiones que para los sindicatos requieren "solución urgente": las ayudas escolares a los hijos de los funcionarios de todas las categorías y la recuperación del billete de arraigo. Según CCOO, CSIF y la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) estas reivindicaciones suponen un agravio no solo en comparación con el resto de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), sino con el resto de servicios exteriores de países homologables.

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La ADE también ha pedido el amparo del ministro para reclamar una reforma del reglamento de la carrera, que rige la profesión de diplomático desde 1955. Ante el caso omiso de Albares, la asociación decidió remitir una carta directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Habiéndose retirado de los inmuebles del Ministerio de Asuntos Exteriores todos aquellos elementos que pudieran evocar el pasado dictatorial, de conformidad con la Ley de Memoria Democrática, nos resulta muy difícil comprender que en este Ministerio debamos convivir no ya con un símbolo, sino con una norma franquista".

Esta misma semana, la ADE ha enviado una nueva carta a Sánchez, en este caso para advertirle de la "situación alarmante" del Servicio Exterior, principalmente en lo que se refiere a falta de personal en la red consular, incidiendo en el impacto que tendrá la recién aprobada regularización de migrantes en la sobrecarga a la que ya se enfrenta el citado servicio.