La Eurocámara sí viaja a Almaraz: ¿por qué Sánchez quiere cerrar la central e ignora a la comarca?

El giro de la Unión Europea en relación con la energía nuclear, considerada verde desde 2022, no tiene su traslación a la política española porque el Gobierno de Sánchez no quiere. La primera consecuencia práctica es que en noviembre de 2027 comenzará el cierre de la planta de Almaraz, a pesar de la oposición política del PP y del PSOE a nivel autonómico y de quince alcaldes y alcaldesas de la comarca que no consiguen ser escuchados ni por el presidente del Gobierno ni por hasta tres ministros. No obstante, estas reivindicaciones ignoradas en Madrid han sido atendidas en Bruselas y una delegación del Parlamento Europeo quiere conocer de primera mano y sobre el terreno los motivos de este cierre y, sobre todo, las consecuencias prácticas sobre la economía y la sociedad.

Según ha podido confirmar El Confidencial, se trata de una delegación de la Eurocámara que llegará a Extremadura este lunes 16 y realizará una visita institucional de dos días a la central nuclear y su entorno para evaluar directamente el impacto que tendría su posible cierre, en el marco del procedimiento abierto tras la admisión de una solicitud ciudadana ante la Comisión de Peticiones.

Todo comenzó gracias al ímpetu de la plataforma ciudadana “Sí a Almaraz, Sí al Futuro”, que decidió acudir a las instituciones europeas tras constatar la falta de respuesta efectiva de la Administración española a sus peticiones. Este miércoles, el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz (PSOE), y otros ocho alcaldes de los municipios del Campo Arañuelo (Extremadura) registraron en el complejo de la Moncloa una carta para el presidente del Gobierno con la demanda de que no cierre la central.

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En la misiva critican que el Gobierno no haya dado respuesta a hasta cinco peticiones de reunirse con la ministra Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. "Esta falta de interlocución refuerza la sensación de que no todos los territorios reciben la misma atención, aun cuando las consecuencias de determinadas decisiones pueden resultar especialmente graves y difíciles de revertir", dijo el alcalde.

La visita europea a Almaraz incluye reuniones con autoridades locales y regionales, representantes del Gobierno central, trabajadores de la planta y expertos técnicos, así como un recorrido por las instalaciones. El objetivo de la misión es recabar información directa y contrastada sobre una infraestructura considerada clave para el empleo, la seguridad de suministro y la cohesión territorial.

Los socialistas europeos atacan al PP por no permitir que la misión se reúna con el delegado del Gobierno en Extremadura

La solicitud ha sido admitida por la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, a quien la plataforma ciudadana se dirigió apelando al efecto del cierre sobre cuestiones de interés europeo, como la seguridad de suministro, la transición energética, el empleo, la cohesión territorial o la neutralidad tecnológica. Esa admisión activó un procedimiento formal que desemboca ahora en una misión de constatación de hechos (fact-finding visit).

No obstante, no todo es armonía en el Parlamento Europeo. El Grupo Socialista ha arremetido contra el PP porque, aseguran, ha rechazado añadir a la agenda una reunión con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que fue designado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) como interlocutor oficial ante dicha misión. “Con esta decisión, se excluye de la agenda a la única administración competente para decidir sobre la prórroga de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz solicitada por las empresas”, reprochan.

"Desplazarse y escuchar"

Para la plataforma cívica, esta visita simboliza un contraste político evidente: “Mientras las peticiones ciudadanas no han encontrado una respuesta clara a nivel nacional, las instituciones europeas han decidido desplazarse y escuchar. Una confrontación que, sin necesidad de dramatizar, pone de relieve el papel de Europa como garante último del interés general cuando los cauces internos se agotan”.

A pesar de que las empresas propietarias han solicitado una prórroga de tres años, que aún está pendiente de informe del Consejo de Seguridad Nuclear, mientras que, en paralelo, la Administración ha comenzado a diseñar los trabajos asociados al cierre y desmantelamiento de la instalación. Esta doble vía ha generado una situación de incertidumbre prolongada en un territorio cuya economía y empleo dependen en gran medida de la continuidad de la central.

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En este sentido, Fernando Sánchez, presidente de la plataforma cívica y alcalde de Belvís de Monroy, confía en que el CSN termine cuanto antes su informe "y nos permita ver una luz al final del túnel, que acabe con la incertidumbre en la que está sumida la comarca del Campo Arañuelo". También trasladan su inquietud por las recientes declaraciones públicas del presidente del Ejecutivo en las que reiteraba la voluntad de su Gobierno de mantener el calendario de desmantelamiento de las centrales nucleares, a pesar de “que la de Almaraz cumple las condiciones establecidas para valorar posibles prórrogas de funcionamiento: garantías de seguridad, contribución a la seguridad energética y disposición de los titulares a realizar las inversiones necesarias sin trasladar costes al ciudadano ni a la Administración”.

Los miembros oficiales de la misión serán Bogdan Rzonca (ECR), que actuará como cabeza de la delegación, Fredis Beleris (EPP), Sebastian Kruis (PfE), Kosma Zlotowsky (ECR) y Marcin Sypniewski (ESN). Además, en calidad de acompañantes acudirán Elena Nevado del Campo (EPP), Ignacio Sánchez Amor (S&D), Juan Carlos Girauta (PfE) y Diego Solier (ECR).

Almaraz es una de las 11 centrales del mundo con la máxima calificación, genera 4.000 empleos y paga 435 millones al año en impuestos. La derecha exige su continuidad y la izquierda está en fuera de juego: mientras el PSOE mantiene posiciones diferentes en función de la administración, los partidos de izquierda radical se oponen frontalmente a la continuidad de la central, a pesar de las indicaciones de la Comisión Europea en relación con esta forma de energía.