Por qué se empeña el PSOE en que movilizará en las generales pese al desplome territorial

La psicología emocional utiliza frases de aliento como instrumento terapéutico para vadear los momentos de dificultad. El PSOE, tras los dos malos resultados electorales en Extremadura y en Aragón, se aferra a una lectura positiva de los datos para convencerse de que en las próximas elecciones generales mejorará su estado de forma.

Nada de machacarse con las razones que han llevado a su electorado a quedarse en casa, aunque sea obvio el desgaste del Gobierno y de la figura de Pedro Sánchez. Los porcentajes de voto cosechados, un 24,2% en las elecciones del pasado domingo y un 25,7% en las del 21-D, son dramáticos y resultan insuficientes en la competición para retener la Moncloa. Pero, en la cúpula socialista se agarran a que, en contra de lo que puede parecer, la derecha no tiene ahora más fuerza.

Las dos elecciones han arrojado con claridad un aumento del porcentaje del bloque conservador. En Extremadura, PP y Vox han alcanzado juntos el 60% de los votos. En Aragón, el 52%. El PSOE enmienda que este avance sea la certificación de una victoria incontestable a nivel nacional porque, apuntan, "no ganan votos" respecto a las generales.

En julio de 2023, la derecha y la ultraderecha sumaron en Extremadura 323.269 votantes. En las autonómicas del 21 de diciembre, la cifra, 318.759, fue bastante similar. Lo mismo ha sucedido en Aragón. Hace dos años y medio, PP y Vox consiguieron 363.608 votos. Ahora, el pasado 8 de febrero, con la participación también de Alvise Pérez, 360.127.

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Para la dirección socialista, la conclusión es que la derecha tiene muy activada a su gente y la izquierda no. En su análisis no llegan a desgranar los motivos de la desmovilización de sus votantes, pero se encomiendan a que es posible recuperarlos. "Hay una parte del electorado que está perezoso, pero sigue estando ahí, no se ha ido a otro lado", señalan. Recuerdan que lo mismo sucedió en 2023: de las autonómicas a las generales subieron 600.000 votos en Andalucía y 400.000 en Madrid.

En el Gobierno están empeñados en que Sánchez conserva todavía una gran capacidad para activar el voto progresista. La tesis de Moncloa es que los casos de corrupción no hacen mella en su fuerza electoral y mantiene casi el mismo porcentaje de apoyo que hace siete años. Incluso piensan que es pernicioso para el PP poner todo el foco en los escándalos porque la opinión pública recuerda sus propios casos y el efecto es una impugnación del bipartidismo y un crecimiento de Vox.

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Los estudios cualitativos destriparán ahora los motivos de la abstención en las últimas citas autonómicas. Las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León serán la siguiente prueba territorial, pero el pronóstico es que no saldrán tan debilitados y cuentan con opciones de ser la fuerza más votada. Por el desgaste de Alfonso Fernández Mañueco y porque en los anteriores comicios ya quedaron muy cerca del PP.

El plan de Sánchez se mantiene invariable: resistir el resto de la legislatura y convocar en julio de 2027. Este calendario condena a los presidentes autonómicos o los candidatos a serlo y a los alcaldes o los aspirantes a la vara de mando a seguir absorbiendo la erosión del Gobierno. Siempre ha sido su intención, salvo que encuentre un momento propicio para adelantar las elecciones. Pero, él mismo ha verbalizado que no convoca para no perder la Moncloa.

Los socialistas asisten con expectación a los primeros compases de la reestructuración de la izquierda. Sin la unión de todo el espacio, que en 2023 lideró Yolanda Díaz, el bloque progresista no es competitivo y no habría ninguna opción de reeditar el Ejecutivo de coalición. "Necesitamos que se unan", repiten en el Gobierno. Sólo si esta operación fracasa, los socialistas optarán por crecer a costa del resto de partidos de izquierda con un llamamiento al voto útil.