Koldo García trata, sin éxito, de recusar a cinco de los magistrados del tribunal

José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se han presentado este jueves por primera vez ante el tribunal que les juzgará por el caso mascarillas. Conducidos desde la cárcel de Soto del Real a primera hora de la mañana, sentados en estrados y separados del empresario por varios policías, el exministro y su asesor de confianza tienen en la vista preliminar que se celebra la última oportunidad de defender la nulidad del procedimiento y proponer nueva prueba. La defensa de García ha abierto fuego y ha pedido recusar a casi todo el tribunal, en concreto, cinco de sus integrantes.

La abogada Leticia de la Hoz ha reclamado que se aparten los integrantes de la Sala de Admisión por tener ya "una opinión formada". A ellos ha sumado el caso de Julián Sánchez Melgar, que fue fiscal general del Estado a propuesta de un Ejecutivo del PP, lo que —según su criterio— pone en duda su imparcialidad. La solicitud también afecta al presidente Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres.

Tras retirarse a deliberar y oída la opinión al respecto de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación, que se han opuesto al considerar que esta solicitud es "extemporánea" y debería haberse reclamado en una fase anterior, el tribunal ha precisado que resolverá por escrito y anticipado que el plazo para reclamar que se aparten los magistrados es de 10 días desde la comunicación de la composición de Sala y ya ha transcurrido. De la Hoz ha propuesto otras cuestiones como un careo de su cliente con Aldama o que se someta a ambos a un polígrafo para determinar quién dice la verdad.

Además, como ya adelantó este diario, la abogada de García ha expuesto que no considera ya competente al Supremo para juzgar a su cliente, después de la renuncia al escaño de su antiguo jefe Ábalos. Solicita que se remita esta parte de la investigación a la Audiencia Nacional como se ha hecho con otras. Si esta petición triunfara, permitiría aplazar el juicio y se abriría así la puerta a que Ábalos y Koldo reclamaran la puesta en libertad a la espera de sentencia. Ha reclamado que se remita al Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial al respecto. Ha salido a colación, en este contexto, la posibilidad de llevar el caso ante un jurado.

"No se trata de dilatar todo lo que se pueda, es una cuestión de orden público y del juez predeterminado por la ley", ha dicho De la Hoz. Se ha referido a un procedimiento a dos velocidades y con desigualdades en cuanto a la posibilidad de recurso. "Llegamos a este procedimiento con una indefensión tremenda", ha agregado y criticado que no hayan tenido acceso a los dispositivos que se incautaron a su cliente.

Esta audiencia preliminar que "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor", según especifica la ley. Ábalos y Koldo trataron de evitar estar presentes y seguir el acto a través de videoconferencia, pero el TS no aceptó sus argumentos. Se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están obligados a asistir de manera presencial, aunque solo intervengan en la vista sus abogados, que vienen defendiendo que son inocentes y reclaman su libertad.

La abogada de la Hoz ha considerado también que se dan, en el caso, hasta cinco causas de nulidad. Por ejemplo, considera que debe apreciarse la existencia del principio non bis in idem (no dos veces por lo mismo) ante la coincidencia de hechos similares en distintas piezas diseminadas por la Audiencia Nacional. El presidente Arrieta ha interrumpido su exposición para pedirle que no haga valoraciones.

La vista ha sido, además, la del estreno del nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel. Su exposición ha sido coincidente en muchos puntos con la de la letrada de García. Ha insistido en la especial protección de los aforados y la extralimitación de la Unidad Central Operativa (UCO), en algunos momentos, a la hora de investigar aspectos que afectaban a un diputado de forma previa a la concesión del suplicatorio. Para Turiel, el proceso ha vulnerado "la inmunidad parlamentaria" de Ábalos.

En el turno de la defensa de Aldama, su abogado José Antonio Choclán ha cerrado filas con la Fiscalía y rechazado la pertinencia de la recusación. También se ha opuesto a las dudas sobre la competencia del TS. Su intervención ha sido casi la típica de una acusación en lugar de la de una defensa. En lo que afecta al empresario, ha advertido que luchará por "la atenuación penal". "No ha firmado un acuerdo opaco con la Fiscalía", ha lanzado, poniendo en valor su cooperación.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama, una petición inferior por haber reconocido los delitos de los que se le acusa. Anticorrupción atribuye al exministro y su exasesor presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca solo los tres primeros delitos. El juicio no arrancará hasta el próximo mes de abril.

Durante su primera intervención, la Fiscalía ha propuesto ofrecer acciones a Ineco y Tragsa, las empresas que emplearon a la pareja de Ábalos, Jessica, para darles así la oportunidad para que se adhieran a los escritos de acusación y reclamar responsabilidad civil por los daños ocasionados. Ha sido después, tras oír a las defensas, cuando el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha entrado en harina.

Punto por punto ha ido oponiéndose a cada uno de los motivos de nulidad planteados por Ábalos y Koldo. Ni competencia, ni recusación, ni inmunidad violada. "Para Ábalos, el aforamiento ha sido un privilegio", ha lanzado. Para Luzón, las peticiones "son descabelladas" y, en lo que afectan a un hipotético cambio de tribunal, equivaldrían a permitir elegir al acusado qué tribunal le conviene más, como si eligiera un dulce en una pastelería. Ni que decir tiene que pasar el caso a la Audiencia Nacional implicaría dilaciones, ha dicho.

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Luzón también ha negado que exista acuerdo con Aldama. El reconocimiento por su parte de determinados hechos implica —ha dicho— la atribución de los atenuantes recogidos por parte de la ley. "La discusión está en si debe ser cualificada o muy cualificada", ha dicho en referencia a ese recorte de pena, que el empresario busca sea aún mayor.

La vista se ha cerrado con la intervención del abogado de la acusación popular que lidera Alberto Durán. Ha dudado de las intenciones de las defensas con sus dudas respecto a la competencia. Para el letrado, se trata a las claras de una maniobra dilatoria, ha dicho, mientras defendía que perdió el tren de provocarla a través de la renuncia al escaño. Los destinos de Koldo García y Ábalos están unidos, ha añadido: "Juntos delinquieron y juntos deben ser juzgados". "Nos encontramos aquí con los tres cabecillas de una organización criminal", ha concluido.