La Fiscalía une fuerzas con la Abogacía del Estado para facilitar la vuelta de Puigdemont

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante el recurso de amparo planteado por Carles Puigdemont contra la decisión del Supremo de dejarle fuera de la amnistía. En ambos casos consideran que el alto tribunal debió aplicarle la gracia y critican la forma en la que el TS interpretó la ley para excluirle. Esa interpretación, basada en las exclusiones al delito de malversación, ha sellado la situación del presidente de Junts que se mantiene fuera de España para evitar una detención. Si el TC acaba dándole la razón, abrirá la puerta a su regreso.

En sendos escritos, tanto el fiscal como el abogado del Estado ven vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Critican, además, con dureza el razonamiento del TS y aseguran que no está jurídicamente fundado ni resulta razonable. El juez Pablo Llarena entendió que la malversación queda excluida de la amnistía cuando existe un propósito de enriquecimiento personal e, interpretando este concepto de manera amplia, incluyó en el concepto no solo el aumento de activo sino cualquier beneficio patrimonial, aunque no implique un incremento material de riqueza, explican los escritos.

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"Este caso constituye un supuesto de interpretación no motivada e irrazonable de la LOA que alcanza la gravedad suficiente para entender vulnerado el artículo 24 CE, superando el margen de apreciación que el sistema constitucional español reconoce, como no puede ser de otra manera, al Tribunal Supremo para la interpretación de las normas. En esencia, constituye elemento fundamental en este caso la no aplicación de una ley cuyo claro propósito es el de amnistiar el delito de malversación a quienes concurran los supuestos en ella establecidos, en este caso, el demandante en amparo", destaca el abogado del Estado.

Una vuelta cada vez más cercana

La resolución del recurso del expresident está más cercana. El Constitucional tiene intención de abordarla una vez se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante el que se plantearon cuestiones prejudiciales. La previsión es que este órgano se pronuncie a finales de este mes o el próximo marzo. A continuación, llegará el fallo del TC. Como ha adelantado El Español, el criterio del fiscal y el abogado del Estado, abren la vía a que se le ampare.

En el caso de que el Constitucional acoja los argumentos de la Fiscalía, la Abogacía y el propio Puigdemont y declare que la ley puede extenderse al caso concreto del expresident fugado, la aplicación de ese criterio quedará de nuevo en manos del Supremo. Aunque este tiene margen de acción, es evidente que el espaldarazo al de Junts abriría el camino a su regreso y alejaría el temor a una detención y un encarcelamiento.

Puigdemont fracasó, eso sí, en su intento de adelantar esta vuelta a Cataluña. Reclamó hace unas semanas la suspensión cautelar de la orden de detención, pero el TC rechazó sus argumentos. Defendió que es precipitado pronunciarse ahora, ya que cualquier decisión en ese sentido podría anticipar el sentido del fallo final y aludió a la necesidad de evitar una interferencia en la labor del Supremo.