Igualdad licita las tobilleras antimaltrato sin admitir ningún fallo en las pulseras: "La tecnología evoluciona"

El Ministerio de Igualdad no reconoce ningún error en las pulseras antimaltrato que va a sustituir con una inversión de 71.369.269 euros. El Departamento que lidera Ana Redondo acaba de hacer pública la licitación por el procedimiento urgente, y en los pliegos de la misma no se hace ninguna mención a los problemas que dejaron desprotegidas a numerosas víctimas de maltrato y que han motivado, precisamente, este nuevo contrato. Igualdad justifica el mismo por la "evolución de las tecnologías de la información".

El escándalo estalló en septiembre de 2025: la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2024 reveló graves fallos en dicho sistema y un error durante el volcado de datos en 2023 al cambiar de proveedor de Telefónica a Vodafone, que dejó desprotegidas a numerosas víctimas de violencia de género. En un primer momento, Redondo afirmó que las pulseras antimaltrato problemáticas suponían menos del 1% del total, pero acabó reconociendo que desconocía el número real de mujeres afectadas.

El 6 de febrero, el Ministerio de Igualdad sacó a licitación por la vía de urgencia el contrato para el "Servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual". Para poder optar por este procedimiento urgente, el Ministerio de Redondo redactó un documento de dos páginas para justificar la premura del procedimiento. Ni rastro en el mismo de los problemas advertidos por la Fiscalía o por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya advirtió de las anomalías de estos dispositivos en 2024.

La justificación de Igualdad para cambiar de forma urgente las pulseras antimaltrato por "tobilleras", que son "más fiables, menos manipulables" según la propia ministra, responde a "la continua evolución de la tecnología de los dispositivos telemáticos, el incremento en las instalaciones, y el próximo vencimiento del contrato en vigor". "Se considera necesario iniciar un nuevo procedimiento de licitación de forma urgente que garantice la continuidad sin interrupción del servicio del sistema de seguimiento por medios telemáticos en aras a procurar su óptimo funcionamiento en beneficio de la seguridad y protección de las víctimas de violencia de género y violencia sexual usuarias de este", continúa el texto.

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La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, añade a continuación que "se pretende llevar a cabo la modernización y ampliación del servicio del sistema de seguimiento por medio de aparatos electrónicos de manera que se garantice la seguridad plena de las usuarias del servicio". Ni una línea sobre los problemas advertidos por Cometa, el centro de control que opera estos dispositivos y que advirtió que hubo víctimas desprotegidas durante meses por fallos técnicos en los dispositivos.

"Este centro de control, dada la imposible localización del dispositivo portado por el usuario del servicio y en consecuencia de su persona, no puede desarrollar sus funciones y, en especial, las de protección de la víctima", advirtió la asesoría jurídica de Cometa a un juzgado después de que este le pidiera explicaciones por los errores que estaba dando el sistema de alertas en febrero de 2024.

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En los pliegos de contratación, la ausencia de cualquier mención a estos fallos es total. En el apartado de 'Introducción y antecedentes', se apunta que en febrero de 2025, el Congreso de los Diputados renovó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de tal forma que se incorporaron como formas de violencia la económica, la vicaria y la digital, y se dotó el mismo con 1.500 millones para los próximos cinco años. En dicho acuerdo se incluían medidas específicas para mejorar el sistema de seguimiento por medios telemáticos.

Una vez más, se incide en que este contrato tiene como fin "garantizar la continuidad de la prestación de este servicio público para procurar la seguridad y la protección de las víctimas de violencia de género... así como de introducir las mejoras técnicas y de gestión operativa necesarias en la prestación de este servicio acompasadas a la evolución de las tecnologías de la información y de la comunicación". El Ministerio de Igualdad añade que, debido "al incremento constante y continuado de nuevas instalaciones de medios telemáticos, promoviendo la concurrencia competitiva, es necesario contratar un servicio integral del sistema de seguimiento".

El nuevo contrato permite cambiar en un máximo de 24 horas los dispositivos que hayan sido manipulados o presenten fallos. Precisamente, la Fiscalía advirtió en 2024 que las "disfunciones en cuanto a la itinerancia de datos" tuvieron como consecuencia "un número importante de sobreseimientos y órdenes de absolución de algunos maltratadores de España".

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Las denuncias de víctimas de violencia de género por el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento aumentaron en 2024 un 50% respecto a 2020, alcanzando las 23.890. Al mismo tiempo, se aprecia una reducción en el número de pulseras que demandan las víctimas, a la vista de los datos recabados por la Delegación de Gobierno. "Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un Gobierno responsable", señaló Redondo en rueda de prensa la pasada semana, cuando anunció las nuevas tobilleras.