El juez pide los correos de Begoña Gómez y que Interior informe si viajó a República Dominicana

El juez que investiga por corrupción a Begoña Gómez ha reiterado su petición de que le manden todos sus correos de la cuenta oficial de Presidencia del Gobierno desde 2018 hasta ahora. Además, acude al Ministerio del Interior para que le informe si la esposa de Pedro Sánchez voló a países como República Dominicana, Congo o Rusia, entre otros. El magistrado critica la escasa colaboración de la investigada y del propio Sánchez y defiende que sus peticiones son necesarias y proporcionadas. Añade que ordenar el registro de su casa “sí que sería una medida desproporcionada”.

En un auto dictado el viernes al que ha tenido acceso El Confidencial, juez le da diez días de plazo al secretario general de Presidencia del Gobierno para que, “bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia”, le remita copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde dicha cuenta asignada a Begoña Gómez, “desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha”. Una vez los reciba, ordena que se manden a la UCO para que los analice.

El juez se apoya en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que en diciembre le avaló para investigar un delito de malversación de fondos por parte de Begoña Gómez y su asistente de Moncloa, Cristina Álvarez. Recuerda que en esas mismas fechas, los jueces madrileños que revisan sus decisiones revocaron la solicitud de los correos de la asistente, pero por una cuestión de forma. Le instaron a "dictar resolución en forma de auto con la motivación oportuna”.

El juez lo había hecho por medio de una providencia y los jueces están obligados a razonar sus resoluciones cuando afectan a una injerencia en el ámbito de la privacidad. El magistrado argumenta ahora que “no existe otro medio para la comprobación” de la existencia de un correo corporativo oficial de la Presidencia del Gobierno que se haya destinado a “cuestiones ajenas a su condición de esposa del presidente del Gobierno, siendo actividades estrictamente privadas”.

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En esta derivada del caso, investiga si Begoña Gómez usó a su asistente, que percibe un sueldo público cercano a los 50.000 euros anuales, para sus negocios privados. Indica el juez que “esas actividades de índole privado, si son comunicaciones que se realizan a través de correos electrónicos, han de efectuarse por medio de una cuenta de correo privada y no una cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno, lo que convierte la diligencia judicial de investigación en una diligencia especial”.

Juan Carlos Peinado admite que las diligencias que pide son excepcionales, pero añade que también es “excepcional” la condición de la principal investigada, Begoña Gómez: “Ostentando la condición de esposa del presidente del Gobierno, está dotada de una infraestructura que le permite disfrutar de determinadas prerrogativas”. Según dice, dispone de “posibilidades de evitar que sus comportamientos requieran de un plus de diligencia por parte de cualquier servidor público que, como tal, tenga la obligación de examinar una conducta merecedora de reproche punitivo”.

"Escasa o nula colaboración"

El magistrado abunda en que tanto Begoña Gómez como su asistente han mostrado una “escasa o casi nula colaboración con la Justicia”. Recuerda que se negaron a declarar como investigadas, que solo Begoña Gómez contestó, pero solo a su abogado. Igualmente, "el esposo de la citada investigada, actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", cuando tuvo "la oportunidad de colaborar en esta investigación", se acogió a la dispensa de no declarar.

Tiene en cuenta “los abundantes correos enviados desde y hacia el correo institucional del testigo Juan Carlos Doadrio, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, así como su testimonio como testigo reiterado en dos ocasiones”. Este alto cargo situó a la asistente de Begoña Gómez en gestiones directas sobre el máster que dirigió la esposa del presidente.

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También las comunicaciones de las empresas Google Spain, Minsait, Deloitte, Indra, Flat 101 y Devoteam “permiten colegir que existen indicios sólidos y consistentes, y no meras conjeturas”. Se refiere a las empresas que colaboraron con la cátedra de Begoña Gómez. En la documentación que han mandado al juzgado, varias de ellas ubican a la asistente en gestiones técnicas que van más allá de la labor de protocolo y agenda que tenía encomendada.

Los pasaportes

En esta resolución conocida este lunes, el juez también recuerda que lleva desde el mes de noviembre reclamando a ambas investigadas sus pasaportes. Quiere saber si hicieron juntas viajes fuera de España, a dónde y en qué fechas. Hasta la fecha, ni Begoña Gómez ni su asistente los han entregado.

En este caso, a quien se dirige es a la Oficina Nacional de Información del Pasajero, dependiente del Ministerio del Interior, “para que por el responsable de dicho organismo, tras recabar de las líneas aéreas correspondientes la necesaria información, se facilite a este órgano judicial la información de los viajes realizados por Begoña Gómez y Cristina Álvarez, desde el 16 de julio de 2018 hasta el día de hoy”.

El juez quiere información “específicamente” sobre los posibles viajes realizados a “la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas”. Le da también diez días al responsable de ese organismo de Interior bajo apercibimiento de delito de desobediencia. Cuando lo reciba, también se lo mandará a la UCO.

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“La negativa a facilitar los pasaportes conduce a que se haya de acudir a otras vías de investigación, como la práctica de las diligencias que ahora se acuerdan, convirtiendo las mismas en necesarias e idóneas. Si bien es cierto que se podría acudir a otras, como incluso la de entrada y registro de los domicilios de las investigadas, esa diligencia sí que sería desproporcionada”, advierte.