El Congreso niega la indemnización a Ábalos porque no está en el paro y ha pedido la jubilación

Un informe en contra de los servicios jurídicos permitirá que este martes la Mesa del Congreso rechace la indemnización de cese de actividad solicitada por José Luis Ábalos. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, en prisión preventiva desde principios de diciembre por su implicación en varias tramas de corrupción, dejó su escaño hace unos días, pero estaba suspendido como diputado prácticamente desde su entrada en la cárcel.

Los letrados de la Cámara, según explican fuentes parlamentarias, consideran que en su caso no opera esta ayuda. Esta diseñada para facilitar el regreso de los diputados a otra actividad laboral o a su ocupación previa porque carecen de derecho a paro. Además, señalan, la indemnización por cese es "incompatible" con la percepción de cualquier otro ingreso como es la pensión de jubilación.

Precisamente, Ábalos optó por jubilarse hace unas semanas tras renunciar a su acta de diputado. Argumentó que no le había quedado otra alternativa para afrontar su defensa y mantener a su familia, tras ser "privado de todo ingreso y protección social".

Los servicios jurídicos del Parlamento aducen también otras razones para denegar su solicitud, avanzada por la SER y que ha confirmado este diario. El hecho de haber sido suspendido de sus derechos y deberes como parlamentario a raíz de su entrada en Soto del Real ya es motivo suficiente para tumbar su petición.

Ninguno de los miembros de la Cámara que fueron suspendidos en el pasado recibió esta indemnización que asciende al salario mensual sin complementos, 3.367 euros, por año hasta un máximo de 24 mensualidades. En su caso, la multiplicación sería por 15, que es el tiempo que ha tenido escaño por Valencia. Los letrados apuntan a que no parecería "razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad".

La decisión de la Mesa es relevante porque se había especulado si el pago de la indemnización era el peaje que el PSOE podía estar dispuesto a pagar a su exministro a cambio de que dejara libre su escaño, que tenía secuestrado desde que pasó al grupo mixto. La negativa a que se le conceda esa ayuda corta de raíz esta interpretación.

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A finales de enero, él decidió desistir de su acta, tras semanas de litigar con la Mesa de la Cámara por su suspensión y con el Tribunal Supremo por la prisión provisional. Con esta decisión perdió el aforamiento. Pese a ello, el bautizado como caso de las mascarillas, que le llevará a juicio previsiblemente a partir de abril, no cambia y sigue en manos del Supremo porque la apertura de juicio oral se dictó antes de que diera este paso. Pero, la segunda pieza en la que se le mantiene imputado, la que investiga el cobro de comisiones por la adjudicación de obra pública, donde también aparece Santos Cerdán, pasa a ser competencia de la Audiencia Nacional.