El Gobierno lleva a España a su peor nivel desde 1977 en el índice de corrupción política
Elaborado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia) con 4.000 expertos en el marco del proyecto V-Dem, sitúa la corrupción del Ejecutivo español en el peor lugar de toda la democracia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Javier Lizón)
El Gobierno de Pedro Sánchez sitúa a España en su peor calificación histórica en democracia en el índice de corrupción política. Hay que remontarse casi cincuenta años atrás, hasta 1977, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas de nuestro país en plena Transición, para contemplar un resultado semejante. Este índice es elaborado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), considerada una de las más prestigiosas del mundo, en el marco del proyecto V-Dem (Varieties of Democracy) donde participan alrededor de 4.000 expertos.
Este índice mide el grado de corrupción en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y burocrático, así como en la elaboración e implementación de leyes. El grado de corrupción más bajo es 0 y el más alto es 1. En el último índice disponible, publicado en 2025 y con datos correspondientes a 2024, España obtiene un 0,10 de puntuación, lo que sitúa a nuestro país al mismo nivel que Polonia y Emiratos Árabes Unidos y peor que Chile, Francia y Alemania. Es el dato más bajo de nuestro país desde 1977, cuando se puntuó a España con un 0,16.
Para elaborar este índice, la Universidad de Gotemburgo selecciona a cinco expertos de cada país. A continuación, para evitar posibles sesgos en las opiniones de estos investigadores se aplica un algoritmo a sus conclusiones para que el resultado final sea lo más certero posible.
Los países con mayor grado de corrupción, según este análisis, son Venezuela (0,97), Chad (0,95) y Nicaragua (0,94). Por el contrario, en la élite se sitúan Dinamarca (0,01), Suecia (0,01) y Noruega (0,01). Otros países del entorno europeo aparecen también muy bien posicionados, como Alemania (0,02), Países Bajos (0,02) y Reino Unido (0,04).
Según los datos de V-Dem, España contaba con una puntuación de 0,04 cuando llegó Sánchez al Gobierno en 2018. En aquel entonces era el Partido Popular el que acaparaba titulares por casos de corrupción como la Gürtel o la Kitchen. Esta puntuación es la más habitual para nuestro país, y es la que ha mantenido entre 1980 y 2010 de manera constante. Curiosamente, en 2020 España sacó su mejor nota en el índice, un 0,03. Justo cuando Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor Aldama firmaban los contratos de mascarillas para Soluciones de Gestión.
Desde entonces el índice ha ido empeorando año tras año. En 2022 sube a 0,05, en 2023 alcanza el 0,07 y en 2024, como se ha mencionado, el 0,10. Los casos de corrupción que ya se estaban investigando entonces por parte de la Guardia Civil afectaban a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez, y los presuntos negocios y enchufes de José Luis Ábalos y Koldo García en plena pandemia.
Es decir, que los investigadores de la Universidad de Gotemburgo no tuvieron conocimiento a la hora de dar esta puntuación a nuestro país de otros importantes casos de corrupción que han ido saliendo a la luz. Entre ellos el de presuntos amaños de obra pública de Santos Cerdán, las andanzas de la fontanera del PSOE, Leire Díez, o la investigación policial sobre el rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra.
El índice de corrupción política mide, además, cuatro subepígrafes: corrupción en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial y en la Administración Pública. En el grado de corrupción del Ejecutivo, donde se mide la involucración de altos cargos del Gobierno en casos de cohecho y malversación, España obtuvo un 0,10 de puntuación en 2024. En este caso, se trata de la peor cifra desde 1976 (0,13), cuando España todavía estaba gobernada por el régimen franquista.
En cuanto a la corrupción del poder legislativo, que mide el abuso de la posición de los miembros de los parlamentos para obtener ventajas económicas o acceder a puertas giratorias, nuestro país obtiene un 0,81 sobre 4, siendo 0 que es muy habitual que los legisladores cometan estas actividades y 4 que es imposible. En este sentido, nos superan países como Botswana (0,84) o Arabia Saudí (1,02). Del mismo modo, España ha caído desde una puntuación de 1,38 en 2018 a los 0,81 actuales.
En el índice de corrupción judicial, España consigue un 1,68 sobre 4. Mide la frecuencia con que se produce prevaricación o se soborna a elementos del poder judicial. España se mantuvo en un 2,34 desde 1978 hasta 2021, cuando cae a la posición actual. Por último, respecto a la corrupción que afecta a los empleados públicos, España consigue una puntuación de 0,04 sobre 1, siendo 0 muy poca corrupción y 1 la máxima posible. Un resultado que deja a nuestra Administración Pública en muy buen lugar, igualada con países como Japón.
La corrupción sigue siendo uno de los lastres de un Pedro Sánchez que se proyecta al exterior como el líder mundial de la socialdemocracia, como el último muro contra la ultraderecha. Un mensaje que, hasta cierto punto, está calando fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, el presidente del Gobierno no ha sido capaz de frenar la riada de titulares sobre la corrupción que afectan a su entorno más cercano y al Ejecutivo. No hay que olvidar que fue un periódico de alcance internacional, la cabecera británica The Times, quien lo calificó como 'Don Teflón', el mismo mote que los periodistas americanos pusieron en su día al mafioso John Gotti, jefe de la familia Gambino de Nueva York, por su capacidad de zafarse de cualquier situación.
El Gobierno de Pedro Sánchez sitúa a España en su peor calificación histórica en democracia en el índice de corrupción política. Hay que remontarse casi cincuenta años atrás, hasta 1977, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas de nuestro país en plena Transición, para contemplar un resultado semejante. Este índice es elaborado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), considerada una de las más prestigiosas del mundo, en el marco del proyecto V-Dem (Varieties of Democracy) donde participan alrededor de 4.000 expertos.