"Está saliendo la de Dios...": la Guardia Civil estudia los móviles de Leire y la fontanera denuncia espionaje

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comenzado la revisión del contenido de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos incautados a Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el dueño de la empresa Servinabar, Joseba Antxon Alonso, en la operación desarrollada en su contra a principios del mes de diciembre y se ha encontrado con abundante material de interés, aseguran fuentes cercanas al caso. "Está saliendo la de Dios...", lo describe de forma muy gráfica una de esas fuentes. El análisis se desarrolla en secreto mientras, de forma paralela, la fontanera del PSOE ha comenzado a difundir la tesis de un espionaje en su contra liderado por el Instituto Armado.

La comprobación de las conversaciones intercambiadas entre los protagonistas de esta trama protagonizada por el grupo que se autodenominaba Hirurok será trabajosa dado el volumen de aparatos requisados en los distintos registros. Se espera que la reserva de las actuaciones se prolongue al menos varias semanas más, dado que no se descartan nuevos hallazgos que amplíen el foco de la investigación. Las sospechas iniciales de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción apuntan a que la red empleó el trabajo en cargos públicos de Díez y Fernández y los contactos adquiridos en esa etapa para engrasar distintas operaciones comerciales por las que se embolsaban comisiones irregulares.

Ambos coincidieron en los 2018 y 2019, cuando la exmilitante socialista era la jefa de Comunicación de ENUSA, una empresa de suministro de uranio perteneciente a la SEPI, y Fernández estaba a cargo de la sociedad gestora. Lo que investiga el juez a cargo del caso, Santiago Pedraz, es una organización criminal con claros vínculos con el entorno del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán. Dos personas de su entorno de confianza -la fontanera y su socio en Servinabar, la empresa que actuaba como hucha de las comisiones por adjudicación de obra pública- montaron una red paralela que alcanza el corazón de la administración pública en la etapa socialista. Las investigaciones afectan a empresas dependientes de Hacienda y Transición Ecológica y a organismos como la propia SEPI, Enusa o Forestalia.

Según concretaba uno de los autos del procedimiento al que tuvo acceso en exclusiva El Confidencial, los tres imputados hicieron uso de su influencia para amañar al menos cinco contratos que los investigadores cifran en un total de 132.955.664 euros a cambio de los cuales cobraron diversas comisiones, valoradas en al menos 800.000 euros. Se les acusa de "haber orientado expedientes seguidos en la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública". A cambio de esto, cobraban comisiones que canalizaban principalmente por medio de una mercantil llamada 'Mediaciones Martínez SL'.

La nueva denuncia de Leire Díez

La exmilitante socialista Leire Díez dice que fue víctima de una investigación ilegal de la Guardia Civil y que luego el Instituto Armado le filtró información a los medios para construir sin pruebas el relato de que actuaba con el aval del PSOE. Así lo recoge un escrito que ha presentado ante el juez que la mantiene imputada precisamente por tratar de desacreditar a la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, las dos instituciones que indagan en la corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez.

Leire Díez dice que se ha enterado de que fue víctima de esta presunta “investigación extrajudicial” tras la muerte en diciembre de la periodista Patricia López a causa de un cáncer. Es una de las dos personas que la acompañó en abril de 2024 a la sede del PSOE en Ferraz para reunirse con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

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El escrito dice que, “en el momento de su fallecimiento”, Patricia López le dio una documentación que acredita que un individuo llamado Pedro Gil se aprovechó de su “absoluta vulnerabilidad” y le “habría sonsacado” información “a cambio de un precio”. En concreto, “cualquier cosa que tuviera de las andanzas de ese par”, en referencia a Leire Díez y a Cerdán. También quería datos sobre la “financiación del PSOE, fiscales” y “grabaciones de Leire y Cerdán” a los que este individuo se refería como el “comando Ferraz”.

Sobre Pedro Gil, Leire Díez dice que, “al parecer”, era miembro de la Unidad de Información de la Guardia Civil y que fue condecorado en su día con una medalla del Cuerpo, pero no aporta más pruebas ni detalles. De hecho, son varias las unidades que dependen de los Servicios de Información del Instituto Armado. A consultas de este periódico, un portavoz oficial del cuerpo no confirma que esta persona forme parte del cuerpo. Otras fuentes del Instituto Armado aseguran que no es guardia civil, aunque otras personas conocedoras de sus actividades la sitúan en el entorno de la benemérita.

Este periódico se ha puesto en contacto con Pedro Gil y niega ser guardia civil. Actualmente jubilado, dice que en el pasado trabajó en la UGT bajo la dirección de Cándido Méndez. Añade que su afición por el alpinismo le llevó a publicar reportajes sobre los rescates en montaña de la Guardia Civil y por eso le condecoraron. Hoy escribe columnas de opinión política y no niega su relación con Patricia López para documentar algunos de sus comentarios.

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El escrito añade que Patricia López era confidente suya desde "hacía 11 años" y él le "sonsacó" para que le dejase acceder a sus documentos, a sus interlocutores y a su agenda de reuniones. Todo ello con “un plan preconcebido” para facilitarle esa documentación a varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial.

Su estrategia, siempre según esta versión, era “poner en marcha una campaña mediática y judicial que acabara con cualquier investigación que estuviera llevando Díez”. La conocida como fontanera de Ferraz sostiene que investigaba como periodista el sector de los hidrocarburos. En una de las muchas entrevistas que concedió tras salir a la luz sus maniobras, dijo que tenía un acuerdo con una editorial para publicar un libro sobre sus pesquisas. Avanzó que lo haría en el último trimestre de 2025, pero no ha publicado nada.

El escrito remitido al juez también incluye al PSOE entre los objetivos de este supuesto plan. También niega que Leire Díez tuviera con el partido la “vinculación” que le atribuyen. Según dice, este presunto espionaje ilegal comenzó al menos en mayo de 2024 porque en ese momento se accedió a un drive –una carpeta digital para almacenar documentos- que Leire Díez compartía con el empresario Pérez Dolset, la otra persona que le acompañó a Ferraz. En esa carpeta había audios, procedimientos, actividades a realizar, entre otros datos.

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Leire Díez se queja de que esa información se distribuyó descontextualizada y manipulada para crear el relato en su contra. También denuncia que la difusión de esa información “habría podido dar lugar a la colocación de cebos o trampas, y declaraciones inducidas, para obtener la prueba de una vinculación (con el PSOE) que jamás ha existido”. La tesis de esta imputada es que las primeras informaciones que publicó El Confidencial sobre ella, en septiembre de 2024, tuvieron este origen.

Pide al juez que cite como testigo a Pedro Gil y que ordene a la Guardia Civil detallar su relación con el Cuerpo. También que se informe de posibles búsquedas sobre Leire Díez realizadas por la Guardia Civil, entre otras.

Las versiones anteriores de la fontanera

Desde que empezó el caso, Leire Díez o su entorno han ofrecido diversas versiones para explicar el origen de las informaciones que le afectan. Dijo que habían colocado micrófonos para grabar sus conversaciones, también que había sido víctima de un hackeo o que el origen de las filtraciones había sido un abogado. También sostuvo que los audios en los que se evidencian sus maniobras, han sido manipulados.

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Tanto Leire Díez como el resto de imputados y testigos de la causa han reconocido haber mantenido reuniones en la sede del PSOE, al menos en abril de 2024. Ella, acompañada del empresario Javier Pérez Dolset y la periodista Patricia López, entregaron a Santos Cerdán documentación sobre un presunto espionaje al suegro de Pedro Sánchez por sus saunas en 2014. Fue durante el periodo de cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno cuando la justicia abrió una causa penal por corrupción contra su esposa.

La Justicia determinó que no existían tales indicios para acreditar aquel espionaje al suegro de Sánchez, pero el PSOE usó esa información para pedir diligencias en la Audiencia Nacional y para construir el relato de que la investigación contra Begoña Gómez era un capítulo más dentro de una guerra sucia de largo recorrido contra Sánchez que empezó con la policía que controlaba el PP.

El Confidencial también sacó a la luz el audio de la reunión a la que Leire Díez asistió acompañada de nuevo por Pérez Dolset en el despacho del actual abogado de Santos Cerdán. En esa cita, celebrada en febrero de 2025, Leire Díez le pidió a un procesado por corrupción que le suministrase datos comprometedores del teniente coronel Antonio Balas. Es el oficial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dirige todos los principales casos de corrupción que preocupan a la Moncloa. A cambio, Leire Díez ofreció al procesado un trato de favor de la Fiscalía.

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El juez de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, investiga a Leire Díez por buscar información comprometedora sobre el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Esta mujer se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, quien dijo que la mujer se presentaba como enviada de Santos Cerdán y del PSOE. También le dijo tener acceso a la Fiscalía General y “al uno”. Stampa afirmó que siempre pensó que se referían a Pedro Sánchez. Esta cita fue en mayo de 2025 y el fiscal grabó la cita por precaución. Leire Díez alega que el audio está manipulado y pidió retirarlo del caso, pero el juez lo rechazó.

Otro fiscal, José Grinda, también dijo haberse sentido víctima de las maniobras de Leire Diez, en este caso por medio de un periodista llamado Pere Rusiñol, que también está imputado. Esta reunión fue en febrero de 2025. Hay un tercer testigo, es un guardia civil que se llama Rubén Villalba. Según contó, Leire Díez le ofreció un puesto de privilegio en el cuerpo a cambio que le suministrase información comprometedora de compañeros suyos en la UCO de la Guardia Civil. Mantuvo con ella dos reuniones en marzo de 2025. Todas estas citas son posteriores a la visita el año anterior a la sede del PSOE.