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Sánchez, sin votos para sacar su 'Gran Hermano' de los medios: la UE lo lleva al TJUE
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Dos años de retraso

Sánchez, sin votos para sacar su 'Gran Hermano' de los medios: la UE lo lleva al TJUE

El Gobierno intentó colar la creación de este órgano en un decreto ómnibus que Junts paró en 2025. Desde que en julio se anunciase la tramitación del proyecto de ley, no ha salido del cajón de la Mesa del Congreso

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Javier Lizón)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Javier Lizón)
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Mientras Pedro Sánchez sigue anunciando medidas como la prohibición del uso de las redes sociales en menores de 16 años, pasa el tiempo y aquellas que anunció hace más de un año siguen en el limbo parlamentario. La debilidad del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados ha lastrado una de sus políticas estrella para esta legislatura: el Plan de Acción por la Democracia. Un corpus legislativo en el que se incluían propuestas del Parlamento Europeo que son de obligada aprobación en nuestro país y a las que España llega tarde. Tan tarde, que ya afrontamos sanciones de la Unión Europea.

Es el caso de la habilitación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales, el ente que se encargará de fiscalizar la actuación de medios de comunicación y plataformas digitales. Fuentes de este órgano público afirman a El Confidencial que la Comisión Europea "ya ha iniciado el procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

El pasado mes de julio, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, anunciaba que el Gobierno daba luz verde al proyecto de ley que otorgaba a la CNMC competencias de control, supervisión, inspección y sanción por la labor de medios y redes sociales. Sin embargo, desde la CNMC explican que siguen "pendientes de la habilitación legal para poder ejercer como Coordinador nacional de Servicios Digitales". "Lo que implica que todavía no nos han dado recursos específicos para ello", añaden.

Aun así, explican que se ha creado un "pequeño grupo de trabajo" dedicado al Reglamento europeo de servicios digitales (Digital Services Act), con involucración directa de la presidenta, Cani Fernández, que participa en el Board de la DSA a nivel europeo. Mientras tanto, "el proyecto de ley que modifica diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación sigue actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados".

Foto: puigdemont-tumba-gran-hermano-redes-sociales-sanchez-trump

Sánchez empezó 2026 con sensación de déjà vu. Del mismo modo que este año el Congreso de los Diputados ha hecho caer su decreto ómnibus con la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo antidesahucios, a comienzos de 2025 Junts conseguía frenar su intento de nombrar por esta vía a la CNMC como máxima autoridad en el control digital.

Fuentes de la formación de Carles Puigdemont confirmaron a El Confidencial que fueron ellos los que obligaron al Partido Socialista a eliminar este punto de aquel decreto ómnibus. Consideraban que elegir a la CNMC como Coordinador de Servicios Digitales a nivel nacional suponía una irrupción en las competencias de Cataluña. "Todo lo que no está en el decreto nace de la oposición de Junts", afirmaron fuentes de la cúpula del partido catalanista.

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Aquel movimiento dejó fuera de juego a Pedro Sánchez, que desde entonces no ha sido capaz de tramitar el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. También dejó a Sánchez sin su primera gran confrontación con Elon Musk, entonces hombre fuerte de Donald Trump.

Justo cuando el presidente de Estados Unidos se había rodeado en su investidura de los principales magnates en el ámbito tecnológico, con Musk como protagonista, Sánchez afirmó en el Foro de Davos que "las redes sociales están erosionando nuestras democracias fomentando la desinformación". "Un pequeño grupo de tecno-billonarios que ya no se conforman con ostentar un poder económico casi total: ahora también ambicionan el poder político de una forma que está socavando nuestras instituciones democráticas", aseveró, al tiempo que proponía acabar con el anonimato en las redes sociales, cambiar los algoritmos para moderar contenidos y reforzar las sanciones estatales.

Han pasado 365 días, y aquella declaración de intenciones del presidente del Gobierno ha quedado en papel mojado. La CNMC sigue sin poder "supervisar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito estatal que ofrezcan noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad". También tiene sus manos atadas para monitorizar a las plataformas digitales.

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Ante la imposibilidad de acudir al Foro de Davos, Sánchez ha soltado su bomba digital en el World Governments Summit en Dubái (Emiratos Árabes Unidos): la prohibición de usar redes sociales a menores de 16 años. Una idea con la que el PSOE coquetea desde 2024, cuando llegó a proponer en el Congreso que se postergue la edad para acceder a internet hasta los 16. La respuesta del magnate no se ha hecho esperar: "Dirty Sanchez is a tyrant and traitor to the people of Spain (Sucio Sánchez es un tirano y un traidor para el pueblo de España)".

La gresca política ya está en la mesa, pero el Reglamento europeo de servicios digitales, que debería estar en vigor en España desde febrero de 2024, sigue en el cajón del Congreso. Dos años de retraso, los mismos que llevamos de legislatura.

Mientras Pedro Sánchez sigue anunciando medidas como la prohibición del uso de las redes sociales en menores de 16 años, pasa el tiempo y aquellas que anunció hace más de un año siguen en el limbo parlamentario. La debilidad del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados ha lastrado una de sus políticas estrella para esta legislatura: el Plan de Acción por la Democracia. Un corpus legislativo en el que se incluían propuestas del Parlamento Europeo que son de obligada aprobación en nuestro país y a las que España llega tarde. Tan tarde, que ya afrontamos sanciones de la Unión Europea.

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