Amenazas, reproches y tribunales: un centro de menores migrantes fractura al PSOE de Cantabria

Cartes (Cantabria, 5.800 habitantes) vivía en la tranquilidad más absoluta hasta hace una semana. El Ayuntamiento informó entonces a sus vecinos de que se iba a habilitar un centro para la acogida de menores extranjeros procedentes de las Islas Canarias. En siete días, los vecinos han acudido en masa al Pleno y han tomado las calles para protestar contra la apertura del centro. Mientras, la alcaldesa socialista ha exigido su cierre y se ha encarado con el Gobierno regional, del PP, quien, paradójicamente, ha encontrado en el Gobierno central un apoyo. El secretario general del PSOE ha pedido perdón y ha reprochado a la regidora la gestión de la polémica y los populares han abierto un frente judicial, al pedir este miércoles medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la exigencia del cese. Este jueves, la Justicia ha estimado la petición del Gobierno regional de suspender cautelarmente la decisión de la alcaldía.

Todo comenzó el miércoles pasado. La alcaldesa de la localidad, Lorena Cueto, confirmó en sus redes sociales lo que era un secreto a voces: hasta el municipio llegarían menores extranjeros y se ubicarían en una casa propiedad del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, dependiente del Ejecutivo regional. La alcaldesa, desde el principio, mostró su rechazo a la ubicación escogida y a las formas de proceder del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, e hizo un llamamiento para que los vecinos acudieran en masa al Pleno del viernes para dar su opinión al respecto.

"En Cartes no se dan las condiciones como podrían darse en municipios más grandes, con más centros educativos, con más instalaciones deportivas y dotaciones culturales y sociales. No se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria", sostuvo Cueto en un comunicado el jueves, donde también cuestionó las condiciones del edificio en el que vivirán los menores. Las palabras de la edil encendieron el malestar y enfado de los vecinos. Unas 100 personas llenaron un día después el salón municipal en un Pleno que la prensa local tildó de "alta tensión". El mensaje que caló fue el del miedo e inseguridad ante la llegada de los menores. "No les queremos. No les queremos", se coreó en distintos momentos según contó El Diario Montañés. El sábado, unos 200 vecinos se concentraron en el municipio contra la apertura del centro.

TE PUEDE INTERESAR

Los problemas en el centro de menores de Hortaleza se enquistan a la espera de la Fiscalía

M. Nevot

La polémica entre administración regional y local no tardó en explotar. "Ningún otro alcalde ha actuado con tal irresponsabilidad. Mandar mensajes en los que se impida a las personas el ejercicio de sus derechos, eso es ser racista", espetó la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.

Pero el Ayuntamiento volvió a la carga. Este martes a medio día, y después de que se reunieran Gobierno regional, Delegación de Gobierno y alcaldía, la administración local socialista ordenó formalmente al Gobierno cántabro y la Fundación Cuin, la responsable de gestionar el centro, "la paralización inmediata de la actividad", según consta en un escrito al que ha tenido acceso este medio. En este documento el Consistorio también amenazó con cortar la luz y el agua. "En el caso de que no se paralicen las actuaciones, comunicar la presente resolución a las empresas de suministro de agua, energía y telecomunicaciones a fin de que procedan a la suspensión de los correspondientes suministros", concluía.

"Es una absoluta falta de lealtad institucional", le reprochó en una posterior rueda de prensa Gómez del Río. Asimismo, la consejera señaló que había podido hablar con el secretario de Estado de Infancia y Juventud y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, ambos dependientes del Gobierno central, y que su respuesta fue "de sorpresa, incredulidad".

TE PUEDE INTERESAR

El no abrazo a Sánchez: la polémica que fractura al PSOE de Cantabria

I. P. Chávarri

No solo salió a responder el Gobierno cántabro. La bola de nieve ya era demasiado grande como para no dar el salto al plano nacional. Por la noche, la ministra Sira Rego (Sumar) criticó en X la actitud de la alcaldesa socialista. "Identificar la llegada de niños y niñas a un pueblo como un castigo o amenazar con cierres o cortes de agua es absolutamente intolerable", escribió la ministra de Infancia. Y este miércoles, el resto de oposición local cántabra también entró en la disputa. Izquierda Unida pidió la dimisión de la alcaldesa porque, según argumentaron, "no supo gestionar" la llegada de los menores. Por su parte, Emi Peón, portavoz del Partido Regionalista Cántabro, también exigió su cese por una gestión "caótica y crispada". "Lo que está ocurriendo en Cartes ha traspasado todos los límites tolerables", zanjó Peón.

Ante la creciente presión, el Delegado del Gobierno y secretario general del PSOE cántabro, Pedro Casares, pidió este miércoles a medio día "perdón en nombre de otros" y añadió que "lo que vemos no representa a los valores del Partido Socialista". Según expresó, la alcaldesa Lorena Cueto "se ha equivocado" y "se ha adelantado", pero Casares no contempla por este motivo su cese. Casi al mismo tiempo, Cueto se disculpaba a través de su perfil de Facebook: "Desde Cartes pedimos perdón por todo lo que está sucediendo en torno a un tema tan sensible como el que nos ocupa en estos días".

Pero para el Gobierno regional ya era tarde. Horas después de los mensajes de Casares y Cueto, el Ejecutivo de Cantabria presentó medidas cautelarísimas frente a la resolución dictada por la alcaldesa de Cartes en la que se exigía el cese del centro. Este jueves la Justicia se ha pronunciado y ha suspendido cautelarmente la resolución de la alcaldía. Ahora, el Gobierno local dispone de tres días para presentar alegaciones. Y mientras, seis menores han llegado estos días hasta el centro de acogida bajo la atenta mirada de vecinos y toda una comunidad autónoma.