Caso Begoña: la UCO investigará el daño económico del software a la Complutense

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigará el presunto perjuicio económico que le generó a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el desarrollo del software para la cátedra que dirigía Begoña Gómez. La institución educativa cifró en más de 100.000 euros el dinero que le costó esta herramienta que presuntamente se quedó la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña Gómez por cinco delitos de corrupción. Uno de ellos es el de apropiación indebida de ese software que comenzaron a hacer diversas empresas como Google, Indra y Telefónica a coste cero para ella con la idea de que se lo quedara la universidad. Era una herramienta informática para medir el impacto de las medianas y pequeñas empresas.

Hace dos semanas, la UCM mandó una serie de documentos al juzgado. Decía que “el gasto abonado en el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva de la UCM, en el ámbito de la contratación, asciende a 108.765,79”. A esa cantidad se añaden otros 4.744 euros que la universidad dedicó al proyecto y que responden al "coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación".

Ahora en una providencia dictada la semana pasada a la que ha tenido acceso El Confidencial, el juez remite a la UCO “la cuantificación del perjuicio económico sufrido por la realización de la plataforma digital, a fin de que sean tenidos en cuenta a la hora de la elaboración de los informes que están pendientes de ser remitidos al Juzgado”. Contra esta decisión cabe capacidad de que las partes recurran como viene siendo habitual en la causa. De ese modo la última palabra la tendría la Audiencia Provincial.

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La propia universidad ya le dijo al juez que esa cantidad tenía que ver con “la justificación de los daños y perjuicios que podrían haberse causado a la Universidad Complutense de Madrid con ocasión de los hechos que se investigan".

Como desveló El Confidencial en mayo de 2024, Begoña Gómez logró que Google, Indra y Telefónica hicieran la aplicación y posteriormente la registró a su nombre y creó una sociedad limitada para explotarla. Aunque la Complutense se considera perjudicada por este capítulo, Gómez siempre ha negado que se apropiase ni de la marca ni del software que —dijo ante el juez— no fue desarrollado con ánimo de lucro.

La UCM se siente perjudicada

Fue en octubre del año pasado cuando la universidad comunicó al juez su interés de formar parte del procedimiento como perjudicada: “Considerando que los hechos objeto de investigación pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), vengo a personarme en concepto de perjudicado, para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado a la administración universitaria en el procedimiento incoado”.

Precisamente, días antes de aquel posicionamiento, la Fiscalía pidió el archivo de la investigación al no hallar indicios de delito. Entre sus argumentos, el ministerio público sostuvo que “ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas”.